La organización, la movilización y el trabajo comunitario como herramientas para la conquista de viviendas dignas
Redacción Ciudad
El ejercicio de la ocupación de terrenos para la construcción de viviendas es una práctica histórica en la ciudad de Popayán, hasta el punto que, hay alrededor de 40, algunas con más de 30 años.
En el marco de unas elecciones al Congreso de la República, hace alrededor de dos años cientos de familias llevaron a cabo la ocupación de un terreno propiedad de la Gobernación del Cauca, pero poco después fueron desalojados con atropellos por parte de la fuerza pública. El lote fue cercado.
Los desalojados se asentaron en una vía cerca al lote con acompañamiento y la solidaridad de organizaciones de derechos humanos. Un mes después, a finales de junio de 2019, volvieron a ocupar el terreno con el acompañamiento de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Lograron que no los desalojaran, tomaron el nombre de Asentamiento Sinaí y actualmente son más de 400 familias. Muchas de ellas desplazadas por la violencia en diversas partes del país.
Con trabajo comunitario, de manera paulatina consiguieron tuberías, han ido captando agua del acueducto, han hecho pozos sépticos y las aguas grasas o residuales de lavaderos o lavaplatos son dirigidas por zanjas hasta las cajas de desagüe del alcantarillado de un barrio vecino.
La organización creció. Mediante un proceso de recuperación de tradiciones o de saberes, producto de su vínculo con la tierra, la organización empezó a impulsar las huertas urbanas: “La gran mayoría de casas tienen una huerta y está la huerta comunitaria en la que se trabaja de manera colectiva. Se cultiva papa, maíz, lechuga, plantas medicinales, cilantro y tomate, entre otros”, explica Andrés Duque, uno de los líderes.
Las cosechas de varios de esos productos han servido como paliativos de la crisis y el incremento del desempleo en el contexto de la pandemia.
Iniciaron la búsqueda de normatividad que permitiera dar legitimidad a las construcciones livianas, en tabla o guadua para blindar a la comunidad e iniciar la construcción de un ecobarrio, para lo cual fue necesario buscar nuevas formas de ver y relacionarse con la ciudad.
La cohesión y el trabajo colectivo exigieron que se organizaran y trabajara en ejes como mujeres, juventud, convivencia y una guardia comunitaria, que se reúnen a estudiar y a discutir acerca de diversas temáticas de convivencia. Luego, las conclusiones se discuten en asambleas donde se toman las decisiones.
La exteriorización de la experiencia produjo que más destechados se acercaran al espacio buscando vivienda, pero no hubo espacio. “Además, en la pandemia el golpe a la economía lo asumen los sectores informales, a toda esta gente la golpeó muy duro porque ganan diariamente entre 10 mil y 12 mil pesos, cuando les va bien, y perdieron la posibilidad de salir con sus productos. Sus familias fueron muy afectadas”, comenta Andrés.
El confinamiento evidenció más una crisis de vivienda que venía de años anteriores y con movilizaciones se empezaron a agitar consignas como la necesidad de 35 mil viviendas que llevaron a una nueva ocupación al sur de la ciudad, pero fue desalojada inmediatamente por el Esmad.
La experiencia Sinaí ayudó al fortalecimiento de un gran movimiento alrededor del derecho a la vivienda, que sumado a Corpotecho, integrada por firmantes de la paz y organizaciones como Juventud Rebelde, y a Asocomuneros se encuentran en una coordinación llamada Lxs Sin techo que ha dado discusiones alrededor del quehacer para la conquista de este derecho, con temas como normatividad y banco de tierras.
“Hemos discutido cómo los sectores privados deben asumir la norma, cómo la administración puede recurrir a esos recursos para favorecer la vivienda de interés prioritario, al que nosotros le damos el enfoque de popular y comunitario, ya que todo está en las normas y que hace falta que se aplique”, argumenta el joven líder comunal.
Con lo hecho hasta ahora, el siguiente paso es la legalización del terreno para obtener todos los servicios de manera digna y subsidios de vivienda, entre otros derechos.
Lograron la creación de una mesa de diálogo y acuerdo por la vivienda popular con la administración municipal, el pasado 16 de noviembre, que ha tenido dos sesiones donde han tratado su funcionamiento y reglamento.
“En la primera reunión se trazaron dos objetivos: decretar el cobro por plusvalía a las grandes constructoras y sectores privados, y por acuerdo con el Concejo construir el banco de tierras de Popayán, cuyo carácter será el debate en la mesa porque este puede ser en una articulación público-privada, pero creemos que debe tener un carácter solo público y comunitario”, expresó Andrés.
En los documentos de la mesa está explícito que cualquier decisión que piensen tomar las autoridades sobre el terreno del asentamiento debe discutirse con todas las partes, no obstante, hay quejas del actuar de la Policía sin claridad en quiénes les dan las órdenes.
El proceso ahora cuenta con expresiones culturales dentro de lo que han denominado la Escuela Popular, donde se articula un proceso de la ciudad llamado Periferia Crítica y se integran artistas como teatreros, malabaristas, artistas circenses de danza de telas. Todo en el marco de integrar diversos procesos organizativos, en pro de la vivienda digna.
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