Se prevé que la Fiscalía archivará el caso que acusa al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno de testigos. Es probable que continue la persecución política a la justicia y el matoneo mediático contra Iván Cepeda
Simón Palacio
@Simonhablando
En los primeros días de marzo, el llamado “Caso Uribe” volverá a ser noticia de primera plana. La razón para preverlo es que finaliza el tiempo legal para que el fiscal investigador del caso, el polémico Gabriel Jaimes, continúe o archive el proceso judicial que cursa en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
Si bien cuando se trata de procesos jurídicos y políticos todo puede pasar, para nadie es un secreto que el curso que está tomando el caso es ampliamente favorable para el exsenador del Centro Democrático.
Así las cosas, esta redacción pronostica un triple desenlace en marzo: absolución e inocencia para Uribe Vélez; investigación judicial y matoneo mediático para las víctimas del proceso, es decir, el senador Iván Cepeda y las organizaciones defensoras de los derechos humanos; y finalmente, persecución y condena contra el alto tribunal que de manera autónoma e independiente inició la investigación.
Cambio de estrategia
Siete meses después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara la prisión domiciliaria para Uribe Vélez, se puede llegar a cuatro conclusiones: la primera es que el llamado “efecto teflón” que había favorecido al expresidente en más de 200 investigaciones judiciales, muchas de ellas por paramilitarismo, se fracturó por un delito aparentemente menor donde quedaban en evidencia actos ilícitos, tanto de la defensa como del propio expresidente, en medio de la investigación que adelantaba el alto tribunal y que fueron el detonante para ordenar la “captura”.
Sin embargo, lo anterior genera la segunda conclusión. Con la orden de detención domiciliaria, fue evidente que una buena parte del Establecimiento económico, político y comunicativo se alineó en favor del expresidente y configuró una agresiva estrategia de defensa donde se buscó, a partir de la matriz mediática, desvirtuar los argumentos tanto del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, como de Iván Cepeda, su defensa jurídica y las organizaciones defensoras de los derechos humanos que están involucradas en el proceso.
Con lo anterior se pudo constatar el impresionante poder que todavía ostenta el expresidente. También es importante reseñar que todo esto coincidió con el viraje editorial que tuvo la revista Semana y que terminó en un desmesurado despliegue de titulares, todos a favor de Uribe Vélez y en contra de Cepeda.
La tercera conclusión, es que, si bien la génesis del proceso es la investigación por los indicios que involucran a Santiago y Álvaro Uribe Vélez con la formación del paramilitarismo en el nordeste antioqueño, todos los caminos conducen a que la tenebrosa historia detrás de la Hacienda Guacharacas quedará en la impunidad.
Si hasta el momento el caso judicial por soborno a testigos y fraude procesal ha sido tortuoso, es difícil de imaginar el martirio en el que se convertiría un proceso judicial avanzado en contra de Uribe Vélez por paramilitarismo, que desde la óptica que se le vea, tiene los suficientes elementos para avanzar.
Sin independencia judicial
Finalmente, se puede concluir que efectivamente existió una reingeniería en la defensa jurídica de Uribe. Su renuncia al Senado, la pérdida de fuero y de competencia por parte de la Corte Suprema de Justicia, el traslado del expediente a la Fiscalía General de la Nación que lidera un militante de su partido, la designación de un Fiscal delegado cercano a su círculo de poder y el denunciado “borrón y cuenta nueva” del caso, configuran un escenario favorable para el expresidente. Patearon el tablero de ajedrez y reubicaron las fichas de manera estratégica para favorecer al imputado.
Tal y como lo denunciaron en su momento Iván Cepeda y su abogado Reynaldo Villalba, el ente acusador no generaba la confianza para desarrollar una investigación equilibrada frente al caso. Pero como es conocido, las autoridades desestimaron la recusación y permitieron que la Fiscalía de Francisco Barbosa continuara con el proceso.
La designación de Gabriel Jaimes como fiscal investigador de Álvaro Uribe Vélez desató una legítima y fundada desconfianza. No solo sus posturas ideológicas conservadoras, sino su lealtad al fiscal impuesto por el presidente Iván Duque, vaticinaban la falta de independencia judicial del ente acusador frente a este caso en particular. El tiempo les dio la razón a quienes así lo pronosticaron.
Lo primero que hizo Jaimes fue darle reset al expediente. No importó todo el proceso adelantado por la Corte Suprema de Justicia, ni el abundante acervo probatorio, lo importante era dilatar y dilatar. Sin embargo, un juez de la República frenó las aspiraciones del fiscal Jaimes y le obligo a continuar con la siguiente etapa del expediente elaborado por el máximo tribunal penal del país.
Legalizar pruebas favorables a Uribe
Caído el plan A, se puso en marcha el plan B. Jaimes obedeció parcialmente, pues en vez de iniciar la investigación desde la fase en la que se encontraba el proceso, el fiscal volvió al momento de la recaudación de pruebas con un claro sesgo: No solo volvió a entrevistar a los 26 testigos, casi todos declarantes favorables para Uribe Vélez, sino que la atención de la investigación se centró en el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y no en el exmandatario como debería ser.
Existe un elemento adicional. Jaimes ha legalizado evidencias que favorecen a Uribe Vélez pero que dos salas de la Corte Suprema de Justicia calificaron como inválidas en su momento. Como ejemplo de lo anterior está la reciente invocación del nombre de Mercedes Arroyave, abogada que acompañó a Iván Cepeda a algunas cárceles en medio de la investigación sobre el paramilitarismo, apoderada en algún momento de Monsalve y que hoy no ha atendido las citaciones del proceso, debido a fuertes amenazas en contra de su vida, según denunció el senador del Polo Democrático Alternativo.
Es decir, el nombre de Mercedes Arroyave es el chivo expiatorio perfecto para justificar la hipótesis uribista que acusa a Iván Cepeda de fabricar un “cartel de testigos falsos” en contra de Uribe Vélez. De hecho, el nombre de esta abogada se encuentra en el expediente elaborado por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, el alto tribunal no le dio credibilidad a los testimonios que vinculaban a Arroyave con el supuesto ofrecimiento de beneficios jurídicos a cambio de información sobre el expresidente.
Evitar el cambio
Todo este proceso de reciclar evidencia favorable para Uribe Vélez, donde también se encuentra la insistencia por darle fundamento al testimonio del Tuso Sierra exparamilitar y probado falso testigo, ha contado con la generosa sincronía de los principales medios corporativos de comunicación. El Tiempo y Semana no han escatimado en generar titulares excéntricos a partir de un evidente guion: La Corte Suprema investigó de manera politizada, Iván Cepeda fabricó testimonios falsos y el impoluto expresidente es inocente.
Independientemente de las decisiones que se tomen en los próximos días, lo importante es si el pueblo colombiano se deja engañar nuevamente de un Establecimiento que muestra señales de fatiga. El rumbo que ha tomado el caso evidencia que necesitan revivir al muerto para no perder sus privilegios y evitar a como dé lugar el cambio político que se avecina.
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