En Colombia, defender las causas justas, exigir una vida digna y reclamar justicia por la impunidad que impera, son pretextos para ser perseguido. La verdad no puede ser revelada, mucho menos la memoria. El Establecimiento le teme a la voz del pueblo y a sus manifestaciones artísticas
Sofía Ariza
@sofiaariza01
A puertas de iniciar la estación de primavera, el 21 de septiembre de 1983, Buenos Aires vivía la III Marcha de la Resistencia convocada por las Madres de la Plaza de Mayo, la misma manifestación que daría paso al ‘Siluetazo’, iniciativa artística visual que marcaría un antes y un después en las prácticas artístico-políticas en el espacio público.
Julio Flores, uno de los artistas que creó la propuesta, definió el fenómeno como una forma de representar “la presencia de la ausencia” que por medio de siluetas vacías que trazaban transeúntes, militantes políticos, madres, abuelas y todo tipo de personas, en papel, hacían alusión a quienes fueron detenidos desaparecidos por la dictadura de Videla. Dichos trazos (que algunas veces contenían los nombres de quienes faltaban) se pegaban por todo espacio público que se les ocurriese: árboles, calles, paredes, monumentos, estatuas, todo. Un acto político memorable dentro de la dictadura militar argentina.
Intervenciones artísticas
Las intervenciones artísticas que coinciden con los movimientos políticos no son una novedad. Mucho antes de que sucediera el Siluetazo en Argentina, las calles en Santiago de Chile hablaban por sí solas en 1969 gracias a la Brigada Ramona Parra, la misma por la que Víctor Jara compuso una canción en su honor. La brigada se constituía de organizaciones de jóvenes muralistas que por medio de intervenciones artísticas mostraban su apoyo gráfico hacia la cuarta candidatura presidencial de Salvador Allende y en consecuencia al partido de la Unidad Popular.
En Colombia el Taller 4 Rojo mediante afiches de divulgación hacía intervenciones en la ciudad de Bogotá. En la Universidad de los Andes, por ejemplo, en 1972 lucían débilmente pegadas en las paredes cinco de sus obras, una de ellas la reconocida ‘Agresión al Imperialismo’, una crítica en contra de la Guerra de Vietnam hecha por Diego Arango y Nirma Zárate.
La historia latinoamericana se destaca por su resistencia en distintos frentes y el arte no es la excepción. Sin embargo, no es un secreto que mientras vivamos en un sistema que refuerce la desigualdad y que vele por la estabilidad de unos pocos, no habrá espacio para la vida digna, el cuestionamiento y la verdad. En respuesta, América Latina ha sido violentada, reprimida y censurada, y de ello, no se salvan ni las calles.
Ciudad unicolor: la censura gráfica en Bogotá
Cinco metros de pintura amarilla, siluetas grises de militares en sus filas, números rojos y trece rostros en blanco y negro correspondientes a presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales; fue el mural que a tan solo 48 horas de haberse realizado en la capital se tapó con pintura negra en el 2019. El mismo al que se le dictaminó, gracias a la orden de un juez, su eliminación bajo el argumento de la tutela que impusieron los exoficiales Mario Montoya y Marcos Evangelista Pinto (quienes aparecen en la pieza gráfica) de violar sus derechos de buen nombre, honra, dignidad humana y presunción de inocencia.
A pesar de ello, centenares de colombianos mostraron su apoyo hacia los elaboradores y la reproducción de dicha imagen, pues denuncia la impunidad detrás de los 6.402 falsos positivos y formula la pregunta que miles de ciudadanos se hacen hoy día: ¿Quién dio la orden?
Algunas veces ocurre el infortunio en el que se cruzan el odio hacia la juventud y a la libertad de expresión, como sucedió el 19 de agosto del 2011 cuando Diego Felipe Becerra fue asesinado por el patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá Wilmer Antonio Alarcón, hoy prófugo de la justicia. Diego no era más que un joven de 17 años que portaba en su morral aerosoles y pinturas buscando expresarse en las calles. De forma arbitraria uno de los integrantes de las fuerzas armadas decidió arrebatarle la vida al adolescente y alterar la escena del crimen para hacerla parecer un hecho ‘justificado’ bajo un falso hurto al transporte público.
En la calle 19 con cuarta fue impactado por un proyectil el manifestante Dilan Cruz. En el mismo lugar se realizaron murales y homenajes a su nombre que han sido vandalizado múltiples veces, demostrando así que en la ciudad la memoria es un crimen y que el olvido tiene que ser lo común dentro de sus habitantes, no importa cuantas paredes haya que pintar, cuantas amenazas de muerte haya que mandar o cuantas persecuciones y pesos políticos haya que contar. La verdad y la memoria son antagonistas en el país.
Libertad de expresión en el paro nacional
“Bala es lo que les vamos a dar”, fue la amenaza que emitió el escolta asignado al Centro Democrático, Héctor Paredes, en la ciudad de Cúcuta cuando un transeúnte decide grabar el momento en el que hombres de camiseta blanca resuelven pintar el mural del puente de San Mateo que acusaba al gobierno de psicópata acompañado del rostro del presidente Iván Duque y la figura de Lucas Villa, otra víctima fatal de la violencia que ha vivido el país en estos meses.
En Cali, otros dos murales se alzan en un puente. En el primero se lee la frase “en Cali secuestran mujeres”, y en el segundo, “paren el genocidio”, cuyos mensajes fueron tapados por pintura gris el día 17 de junio. La misma situación se repitió el 4 de julio en la convocatoria “Pintatón Bucaramanga” que pretendía censurar múltiples grafitis de la ciudad.
Con estructuras de tubos de hierro y altos rodillos llenos de pintura gris, los militares del departamento de Caldas taparon el inmenso mural que homenajeaba a las mujeres y niñas abusadas sexualmente en la región. Sin duda, fue uno de los sabotajes que más llamó la atención y que resultó siendo para muchas profundamente doloroso. ¿Cómo es posible que los supuestos héroes de la patria atenten contra la memoria de un pueblo olvidado?
De quién son las calles
La sistematicidad de atentar contra la libertad de expresión no es genuina, hay una organización detrás de ello, una ideología que justifica vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los otros como si fuese un pacto de silencio, el mismo que parece haber usado “la gente de bien” cuando salieron a dispararle a los manifestantes.
Tal parece que en el país defender las causas justas, velar por la vida digna y exigir justicia ante la impunidad que permea, es una señal para ser censurado de inmediato. La verdad no puede ser expuesta, mucho menos la memoria. El Establecimiento le teme a la población y a su voz.
A pesar de que parecen ser actos inofensivos, hay una amplia violencia simbólica que se despliega hacia los artistas que decidieron hacer parte de la elaboración de los murales. De manera indirecta les emiten un mensaje: “las calles son mías”, como si el espacio público fuese de esos pocos portadores de camisetas blancas que deciden acallar al pueblo. Para ellos es una demostración de poder. Sin embargo, la ciudadanía no se rinde.
En el puente de la 116 con Boyacá, en el mismo que Diego Becerra perdió la vida, varios grafiteros se expresan en nombre de Trípido (apodo que poseía Diego) en la defensa de la vida y la libertad. El pasado 10 de julio en Cali volvieron a pintar el puente que advertía sobre el secuestro de mujeres.
Mientras el mal gobierno siga en el poder, el pueblo seguirá manifestándose, no importa cuanta pintura negra, gris, blanca y verde gasten en ocultar la verdad, siempre existirán Trípidos, Toxicómanos, Erres, jóvenes grafiteros y muralistas, que plasmen lo que muchos callan en las calles hasta que haya justicia. Las calles son nuestras.
