Tan pronto Iván Duque inició su mandato presidencial recibió la orden del titiritero: pulverizar la paz, o en el lenguaje propio de un malandrín de los bajos fondos, hacer trizas la paz
José Ramón Llanos
Nunca antes Colombia había sido abatida por dos pandemias tan letales como las que nos afectan. Una es la pandemia del covid-19, la otra el Gobierno bicéfalo del titiritero y su títere: Álvaro Uribe e Iván Duque, un binomio siniestro. El primero es el presunto autor intelectual de los falsos positivos, eufemismo que pretende ocultar los crímenes de Estado ocurridos, la mayoría durante los dos períodos presidenciales del Innombrable.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz JEP hasta ahora se han comprobado 6.202 asesinatos. Los autores de esos crímenes gozan de una vergonzosa impunidad. Esta es una de las razones para movilizarnos los ciudadanos decentes del país.
Para colmo de males se tienen abundantes pruebas de la ilegitimidad de la elección del gobernante Iván Duque, audios y videos demuestran la importante presencia de los narcotraficantes en la campaña electoral del actual Presidente, incluso un significativo aporte monetario a los fondos financieros de la campaña. Una funcionaria de la UTL del senador Álvaro Uribe estuvo tan evidentemente involucrada en el delictuoso asunto que el expresidente inmediatamente alegó lo que suele decir: “a ella yo no la autoricé para actividades de esa naturaleza”. La funcionaria para no ser llamada a declarar sobre esa cuestión, salió del país.
La violencia omnipresente
Los ocho años de gobierno del máximo líder del Centro Democrático se caracterizaron por las violaciones de la Constitución Política por parte de las Fuerzas Armadas. Ejemplo, la Operación Orión en donde murieron tantos ciudadanos y fueron sepultados de manera tan irregular en la llamada Escombrera, estos desafueros fueron de tal magnitud que la prensa internacional bautizó a la Escombrera como “la fosa clandestina urbana más grande de América Latina”. Los muertos, heridos y desaparecidos fueron tan numerosos y las acciones que los produjeron tan violatorias de las leyes y la Constitución Política que los oficiales y suboficiales que participaron en esa operación son comparecientes en la JEP, los suboficiales y algunos oficiales aceptaron su responsabilidad en los hechos.
La alta oficialidad, especialmente los generales eluden su responsabilidad, incluso algunos se negaban a declarar, mas sus abogados los convencieron de la inconveniencia de esa negativa.
Pulverizar la paz
Tan pronto Iván Duque inició su mandato presidencial recibió la orden del titiritero: pulverizar la paz, en el lenguaje propio de un malandrín de los bajos fondos, hacer trizas la paz. Recibida la orden inmediatamente el gobernante procedió a obedecerla y ponerla en práctica.
Entonces el país observó sorprendido como el presidente en lugar de perfeccionar los diagnósticos para identificar los problemas del país y jerarquizarlos para tratar de resolverlos, se dedicó a urdir planes para desmontar la JEP y congelar algunas de los contenidos del Acuerdo de Paz, ejemplo la implementación de la Reforma Rural Integral. Él como todos los colombianos sabemos que la tierra está presente como generadora de violencia desde el siglo XIX, sin embargo, no quiso eliminar ese factor desestabilizador de la convivencia.
Afortunadamente, el atentado contra la JEP fue elaborado con tanta torpeza que la Corte tumbó esa leguleyada.
El violentófilo
La consigna oculta de la presidencia de Iván Duque, su objetivo supremo, fue hacer trizas la paz, desgraciadamente para la familia colombiana lo ha logrado, estos fatídicos años están tintos en sangre, las estadísticas lo acusan. Las masacres que antes enlutaban la nación de tarde en tarde Duque las convirtió en motivo de espanto día por medio, cada semana se producen dos o tres. El Centro Democrático, con Iván Duque, retornó al país, por las muertes que nos ha traído, a los años del binomio Ospina-Gómez, la época de la violencia, denominación de los sociólogos e historiadores, etapa que todos creíamos superada.
Los hechos enumerados y muchos más que enlutan al pueblo colombiano más la agresión económica que ha urdido el Gobierno con la fachada de “ley de solidaridad sostenible,” en realidad una reforma tributaria expoliadora de la clase media y que hundiría en la miseria a los asalariados pobres colombianos, constituyen el acervo que justifican el porqué de las marchas que colmarán calles y plazas de Colombia este y el próximo año.
¿Para qué tomarnos las calles?
Para desterrar de Colombia los conflictos y la violencia que la clase dirigente ha impuesto desde el siglo XIX. Violencia que le ha permitido despojar a los indígenas- únicos legítimos propietarios de la tierra, los ríos y toda la naturaleza del país. Que además le ha permitido explotar las trabajadoras y trabajadores y entregar la soberanía nacional y las minas al imperialismo estadounidense y al capital foráneo.
Para despojar del poder a la burguesía que ilegítimamente lo ha usufructuado durante más de 200 años y así construir una real democracia, incluyente, generadora de igualdad de derechos para mujeres y hombres. Para estimular el desarrollo de la industria basado en las tecnologías más avanzadas, no contaminadora ni depredadora de la naturaleza. Para orientar el crecimiento de los indígenas, los afrodescendientes de acuerdo con sus valores culturales ancestrales. Para conducir a la niñez y la juventud por el sendero que les permita crecer física, intelectual y moralmente. Para esto nos tomaremos las calles y plazas de Colombia y sembraremos democracia, paz y prosperidad.
