Sintracarbón advierte que no permitirá la reducción en los beneficios convencionales, como lo plantea la empresa. Cerca a cerrar el ciclo de prórroga en la mesa de diálogo, los obreros estudian la posibilidad de un paro
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
La empresa Cerrejón en La Guajira explota el carbón de la segunda mina de ese mineral a cielo abierto más grande del mundo. Para ellos cuenta con doce mil trabajadores de los cuales cinco mil son directos y siete mil, tercerizados.
Las actividades de estos obreros van desde la extracción de carbón, hasta labores administrativas en la mina, pasando por el mantenimiento de la maquinaria pesada. Pero trabajos como transporte, aseo, alimentación y otros conexos, las desarrollan tercerizados.
El promedio salarial en la empresa es de dos millones 300 mil pesos, no obstante, las mesadas de los trabajadores indirectos son mucho más bajas. El 90% de los trabajadores directos está sindicalizado, y de los tercerizados hay alrededor de mil.
Cerrejón pertenece a las multinacionales Glencore, Anglo American y BHP Billiton, que han sacado en promedio 34 millones de toneladas de este combustible fósil por año, aunque para 2020 piensan reducir la producción a 26 millones. Según Sintracarbón, lo hacen para regular los precios internacionales, la baja demanda y la presión internacional ante los daños ambientales que genera la quema del mineral.
En el año 2019, la empresa obtuvo ingresos de alrededor de los 5.4 billones de pesos y la convención costó el 3,4% de estos. Además, sólo produjo regalías por valor aproximado de 0.7 billones de pesos.
El pliego de peticiones fue presentado el 30 de diciembre pasado, y la comisión negociadora fue citada por la empresa el 7 de enero para discutir las garantías previas al proceso. La negociación en los 20 días de etapa de arreglo directo empezó el 27 de enero y terminó sin acuerdo. Transcurre el tiempo de prórroga que culmina el 6 de marzo. De no haber acuerdo, el sindicato tiene 10 días para decidir si va a una huelga o tribunal de arbitramento.
No hay crisis
VOZ habló con el presidente de Sintracarbón, Igor Díaz, para conocer las perspectivas que tienen de la negociación y el estado de la misma.
–¿Qué ha dicho la empresa al ver las peticiones que le hacen?
–Solo ha planteado que hay factores como precios internacionales del carbón y la inseguridad jurídica, que con demandas de comunidades del departamento de La Guajira, los tienen en crisis. Por lo que propuso congelar, reducir y eliminar beneficios de la convención colectiva. Presentó una denuncia de la convención que no está siendo discutida en la mesa, porque solo estamos haciéndolo con nuestro pliego de peticiones.
–¿Según ustedes es verdad que esté en problemas económicos?
–Nosotros en la mesa hemos desvirtuado lo del tema de los precios internacionales, porque los precios del mineral son secuenciales y la demanda es estratégica porque ellos manejan el 65% del mercado mundial. Además, que no existe la inseguridad jurídica porque se dan el lujo de tener hasta 60 demandas y tienen la capacidad de responderlas. En fin, no tienen una crisis por lo que necesariamente deben mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
–¿Creen que quieran trasladar la crisis que dicen tener a los trabajadores? Porque usted dice que buscan recortar beneficios convencionales y hasta acabarlos.
–Hay rechazo a esa intención. La comisión negociadora no va a aceptar que se desmejore ningún beneficio ya consagrado en la convención. Las malas decisiones administrativas no pueden recargarlas en los hombros de los trabajadores. Y, si es necesario iremos a la huelga porque no permitiremos que los trabajadores pierdan beneficios.
Algunos puntos
–¿Qué es lo más importante del pliego?
–Hay un tema de salud de los trabajadores, aumenta el número de enfermos en la minería, no reconocen las enfermedades, y no hay atención oportuna por el mal sistema de seguridad social en La Guajira, no hay la capacidad para atender los problemas que suscita la explotación minera de carbón a gran escala.
Otro tema sensible es la alimentación de los trabajadores, punto que quiere eliminar Cerrejón. Nosotros queremos modificar las condiciones en beneficio de la salud y la vida laboral.
También está el proceso de desarrollo individual de los trabajadores, es decir, la carrera técnica que mide la capacidad laboral de cada uno; ha habido hasta despidos por hechos que no tienen trascendencia. Está el tema de salarios y transición energética y comunidades.
–¿Con respecto a medio ambiente y comunidades?
–Hemos dicho que el tema de la explotación minera genera impactos en la comunidad y debe haber una política más clara de relocalización de las comunidades, que son desplazadas por la minería de carbón. Igualmente, en 14 años el contrato de concesión de la empresa termina y debe haber definida una política de transición energética o qué va a pasar con la mina, y cuáles son las alternativas desde el punto de vista de la responsabilidad social, que la empresa tiene para presentarle a La Guajira.
–¿Cuál es la importancia económica en términos económicos y de empleo de la empresa en el departamento?
–Las operaciones del Cerrejón inciden casi en el 70 u 80% en el Producto Interno Bruto del departamento. Casi que La Guajira depende del complejo carbonífero. Un día de huelga sería una pérdida de 218 millones de pesos diarios al departamento, por eso hay que presionar a Cerrejón para que cambie su posición en la mesa.
