Notas al sol
Lo que sucede en Tumaco Nariño y en el sur del Cauca es la radiografía presente y prospectiva de lo que va a suceder en materia de conflictividad social en el postacuerdo.
El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y campesinos, afrodescendientes e indígenas de la geografía nariñense y sur de Cauca, muestra la tendencia creciente de la confrontación social en la geografía nacional y seguirá así, con los problemas y luchas que hay hoy en todo el país, por servicios públicos, del Estado, de empresas privadas, la defensa del agua como patrimonio vital, las madres comunitarias, maestros y maestras, moto trabajadores y trabajadores de la informalidad, estudiantes y jóvenes luchando contra los altos costos de la matrícula y del trasporte urbano, mujeres en lucha por sus derechos y contra la violencia sexual y toda discriminación y comunidades resistiendo el embate minero energético de las transnacionales. Esto será así, a menos que el gobierno y las instituciones del Estado cambien la política de guerra que venía acostumbrados a ejercer durante estos últimos 60 años, que finalizó, por lo menos con las Farc-Ep, con la firma del acuerdo de La Habana.
La conflictividad social entra en una etapa de tensión entre lo que se acordó en La Habana y lo que el Gobierno nacional pretende imponer. Esta tensión se expresa a través de la lucha de clases territorial, micro localizada y con reivindicaciones ligadas específicamente a los puntos 1 y 4, que en esencia son parte del contenido programático histórico del campesinado, afro indígena y mestizo. La protesta y resistencia a la erradicación forzada y violenta no es un hecho fortuito alrededor de una “mata”, estamos ante gérmenes de formas que dan desarrollo a la potencia transformadora de los acuerdos pero que necesitan de mayor coordinación territorial y nacional, amplia visión política e instancias de conducción colectivas, para una mayor correlación de fuerzas que encauce la implementación de los acuerdos de La Habana en su espíritu y esencia: la justica social.
Los acuerdos de La Habana dan los instrumentos para atender y dar soluciones a la conflictividad social que ha persistido históricamente, pero si el Gobierno los desecha, las comunidades, procesos y organizaciones sociales territoriales tienen que acudir al derecho constitucional de la protesta, la cual se plantea pacífica, pero la ofensiva militar y policial, la coloca en situación de confrontación violenta de las partes.
El cambio de mentalidad, el diálogo, la concertación, el reconocimiento de las particularidades territoriales, la construcción colectiva y el respeto y cumplimiento de lo acordado, son la claves para bajar la tensión y que la conflictividad social se traduzca en transformaciones con justicia social y una mejor vida del campesinado en postacuerdo.
