Comandante de la XIII Brigada, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, investigado por al menos 26 crímenes de Estado
Redacción DD.HH.
Desde que se puso en marcha la Justicia Especial para la Paz, JEP, las víctimas y las personas defensoras de los derechos humanos, vienen haciendo requerimientos de investigación sobre miembros del Ejército Nacional, señalados como responsables de los mal llamados “falsos positivos” que legalmente se definen como crímenes de Estado o ejecuciones extrajudiciales.
En esta ocasión, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, en representación de las víctimas presentó el 31 de diciembre un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP sobre crímenes que de esta naturaleza involucran al Brigadier General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo. Este militar había sido nombrado como comandante de la XIII Brigada del Ejército con sede en Bogotá y Cundinamarca, pese a múltiples señalamientos por crímenes relacionados con al menos 26 ejecuciones extrajudiciales.
Altos mandos en la impunidad de crímenes
El Cajar, afirma que estos crímenes se habrían cometido mientras el militar, “se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería N° 10 “Atanasio Girardot” entre el 25 de octubre de 2006 y 16 de abril de 2007 y posteriormente, como comandante del Batallón de Infantería N° 27 “Magdalena”, entre el 5 de diciembre del 2007 y el 2 de septiembre del 2009”.
Según informes de derechos humanos que relacionan este tipo de hechos a nivel nacional, estos batallones en donde actuaba el militar, han sido reiteradamente denunciados por crímenes como: asesinatos, desaparición forzada, tortura entre otros. Así lo dimensiona el Cajar: estas “unidades militares que han sido señaladas por la organización internacional defensora de derechos humanos Human Rights Watch, y mencionadas en los informes sobre actividades del examen preliminar de la CPI, como aquellas con el mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, razón por la cual puede verse comprometida la responsabilidad de su comandante por la práctica sistemática y generalizada de estos hechos”.
Dentro de los casos particulares que se resaltan en el informe, se encuentran los relacionados con el “Batallón Magdalena, el de la ejecución extrajudicial del campesino Ever Urquina Rojas. Fueron condenados a una pena de 20 años de prisión por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado los militares: Cabo Tercero José Roldán López Cerón, Sargento Segundo William Andrés Capera Vargas (…)”, y varios soldados profesionales, todos integrantes a la compañía ‘Ébano’, bajo la comandancia del entonces teniente coronel, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.
En el informe, se evidencia que dicho crimen en contra de la población civil y en condiciones de vulnerabilidad, contó con la participación del comandante del pelotón Azteca 2, el sargento segundo William Andrés Capera Vargas. Este hombre estuvo prófugo de la justicia, pero al ser capturado y llevado a interrogatorio el 19 de agosto de 2016, afirmó que el comandante de la unidad militar a la que pertenecía era el Coronel Pinto Lizarazo Marco Evangelista, de quien afirmó no comprender “cómo no se vaya a dar cuenta que en la unidad que lidera se estén realizando falsos positivos o que le muevan armas dentro de las oficinas y que no se haya dado cuenta de eso, si yo vi todo lo que sucedía, él con más razón” (sic).
La esperanza en la JEP
Este y otros crímenes estarían llamados a ser investigados y a que se defina la responsabilidad que había de un alto mando militar frente a subalternos, soldados que cumplían órdenes y que hoy están pagando por algunos de estos hechos que han sido investigados. Para los defensores de derechos humanos, es necesario que los autores materiales paguen por sus crímenes, pero también los autores intelectuales que gozan de rango militar.
El Cajar relata que los uniformados implicados en estos casos se acogieron a la JEP y recibieron el beneficio de libertad condicionada y anticipada. Y que, “las decisiones que ha proferido la jurisdicción ordinaria demuestran el grado de compromiso que tenía esta unidad militar en la comisión de estos crímenes, pues ha quedando plenamente demostrada la participación de los pelotones subordinados, si no de la propia plana mayor del Batallón “Magdalena”, tal como lo demuestra la condena del jefe de las operaciones militares”. Otras brigadas están siendo vigiladas por la magnitud de sus crímenes por la Fiscalía y la Corte Penal Internacional por encontrarlos responsables de crímenes de lesa humanidad.
El caso de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo ya había sido denunciado en febrero de 2018 ante la Fiscalía General de la Nación y en el mismo mes de diciembre de 2018. Por lo que la definición de nombrarlo como comandante de la XIII Brigada generó rechazo, no se le investiga por dichos crímenes, pero se le premia subiéndolo de rango, es la lectura de las víctimas. Es por ello, que se espera que la JEP, según comenta el Cajar, “establezca la verdad sobre toda la cadena de mando que operó detrás de los crímenes que involucran a este alto mando militar y que se reconozcan estos graves hechos como crímenes de Estado”.
