Se ha interpretado que en la cancelación de visas a distintos representantes del poder legislativo como judicial, se encuentra una forma de presión por parte del gobierno norteamericano en asuntos internos y neurálgicos del país
Redacción Política
Se conoció en la opinión pública nacional, que los Estados Unidos, en cabeza de su embajador en Colombia, Kevin Whitaker, habrían cancelado las visas norteamericanas a los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, y al togado de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño.
Estas decisiones han despertado una verdadera polvareda política, ya que se ha interpretado que en estos actos se encuentra una forma de presión por parte del gobierno norteamericano en asuntos internos neurálgicos del país. La Casa Blanca desnuda su estrategia injerencista y su lectura de Colombia como uno de sus países afines a su política geoestratégica en la región.
Las objeciones y el glifosato
Para nadie es un secreto que las objeciones presidenciales a la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, provenían no solo de la presión que ejercían los sectores más reaccionarios del país, sino también por parte del gobierno norteamericano.
Por su parte, el debate del uso del glifosato como medida para enfrentar la proliferación de los cultivos de uso ilícito, volvió a la opinión pública con el cambio de Gobierno que es afín a esta política y que cuenta con el beneplácito de los Estados Unidos.
En los dos casos, tanto en el laberinto jurídico de la JEP como en el uso del cancerígeno herbicida, las decisiones de la Corte Constitucional son protagónicas. Es decir, el alto tribunal constitucional del país, tiene la última palabra en dos temas neurálgicos donde Estados Unidos tiene oscuros intereses.
El almuerzo Whitaker
Se conoció que mientras la Cámara de Representantes elaboraba las ponencias con respecto a las objeciones para surtir el debate en plenaria, el embajador Whitaker invitó a su residencia a los congresistas responsables de elaborar dichos documentos.
Con una actitud “intimidatoria, poco diplomática y tensionante”, tal y como lo revelaron algunos de los asistentes al encuentro, el representante norteamericano persuadió a los parlamentarios de desconocer el mandato de la Corte Constitucional, informó que no se entregarían pruebas en contra de Jesús Santrich, y amenazó con cancelar la ayuda económica de no ser aprobadas las objeciones presidenciales en el parlamento.
El representante a la Cámara por el Partido de la U, John Jairo Cárdenas, reveló detalles de la reunión. La represalia fue la inmediata cancelación de su visa norteamericana, acto que generó todo tipo de rechazos por parte de diversas personalidades de la opinión pública nacional.
Amenazas a la Corte
La cancelación de las visas norteamericanas es una de las muchas estrategias que tienen los distintos gobiernos de los Estados Unidos para sancionar gobiernos que no son afines a la política de Washington. En la actualidad, la administración de Donald Trump ha utilizado este mecanismo contra gobiernos como el de Arabia Saudí o Venezuela. En Colombia existe el precedente del Proceso 8.000 donde le cancelaron la visa norteamericana al propio presidente Ernesto Samper Pizano y a altos ejecutivos de esa administración.
Sin embargo, lo que sorprende es que las sanciones que están en marcha se toman por debates democráticos internos del país, lo cual configura una clara injerencia de los Estados Unidos al ver amenazados sus intereses. Así lo hacen ver las decisiones que afectan a magistrados de los altos tribunales de justicia en Colombia.
El silencio del presidente de la República, Iván Duque, como de su canciller, Carlos Holmes Trujillo, demuestra que los intereses del Ejecutivo se inscriben servilmente en la política regional de Donald Trump y no en el principio constitucional de soberanía nacional. La academia lo llama el “Respice Polum”: mirar siempre hacia el norte.
