El pronunciamiento del Consejo de Estado en el caso del senador más votado de la oposición, como la decisión sobre una supuesta doble militancia de la fórmula vicepresidencial de la Colombia Humana, parecen más ajustadas a la política que al derecho
Redacción política
Al mediodía del pasado 11 de abril, el país político recibió la noticia de la pérdida de credencial como congresista del senador más votado de la oposición, Antanas Mockus. Las fuerzas alternativas en el parlamento recibían un mensaje claro, hay una estrategia jurídica para asfixiarlas. El Consejo de Estado, máxima instancia de lo contencioso administrativo, anuló la elección del profesor Mockus por considerar que incurrió en la causal de pérdida de investidura por contratar con el Estado doce meses antes de su elección.
Según la sección Quinta del Consejo de Estado, el representante legal de Corporvisionarios, Antanas Mockus, al contratar con la Gobernación de Cundinamarca unas asesorías en materia cívica y política violó el régimen de inhabilidades para presentarse a cargos públicos.
Un baldado de agua fría para la bancada de oposición, ya que la figura de Mockus representa ética y transparencia en la cuestión pública y 540 mil votos de oposición al uribismo. Para apelar está decisión judicial, será la figura de Humberto de la Calle Lombana quien asuma su defensa ante los estrados judiciales.
El caso Ángela María
Será la misma sección del Consejo de Estado, que trata de los asuntos electorales, quien decidiría por estos días si la fórmula vicepresidencial de la Colombia Humana y hoy representante a la Cámara, Ángela María Robledo, incurrió en doble militancia en las pasadas elecciones presidenciales. El argumento de la demanda se centra en que Robledo hacía parte de la Alianza Verde en el momento de presentarse como fórmula vicepresidencial de la coalición de izquierda que dejó en segunda vuelta un histórico de ocho millones de votos.
La Constitución señala que todos los ciudadanos tienen derecho a fundar, organizar y pertenecer a partidos políticos, pero en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento con personería jurídica.
Ángela María Robledo se defiende argumentando que con sobrado tiempo renunció a su militancia al Partido Verde para luego ser fórmula vicepresidencial de la Colombia Humana, que ni en ese momento y hasta hoy, la autoridad electoral le reconoce Personería Jurídica.
Las decisiones contra Mockus y Ángela María, no dejan de tener tintes políticos. Las dos figuras se declararon en oposición al gobierno de Iván Duque, juntos acompañaron el acuerdo de paz, ambos han protagonizado enfrentamientos políticos con el expresidente Uribe o sus más recalcitrantes militantes del Centro Democrático. Una coincidencia más es compartir la fortuna de ver como la justicia actuó con una velocidad inusual para este tipo de controversias jurídicas.
Lo grave de una posible decisión adversa contra Ángela María, es que los derechos de la oposición quedan desaparecidos por cuenta de una de las ramas del poder público. En el fondo se trata del arrebato a la oposición del derecho de serlo, después de perder una contienda electoral, figura que estrenó el estatuto de la oposición y que le da dos escaños en el parlamento a la fórmula presidencial que obtenga la segunda votación en una elección.
“Esto se trata de una red de demandas contra la oposición política, sus curules y las personerías jurídicas de los partidos. Las decisiones de Antanas como de Ángela son producto de una cálculo jurídico de la derecha colombiana que con abogados leguleyos o títeres que firman demandas, están buscando por vía judicial acabar con la oposición. A nosotros nos demandaron nuevamente la personaría jurídica. Y esa demanda es hecha por abogados confesos conservadores y cercanos al partido de Uribe. Así que no se necesita mucha abstracción mental para entender el entrampamiento judicial contra la oposición”, señaló la senadora Aída Avella.
