Arranca la discusión del Presupuesto General de la Nación que define los ingresos y el gasto que asumirá el país para el próximo año. Prebendas para el gran capital son las orientaciones de la ortodoxia neoliberal que dirige la cartera de Hacienda, mientras aumenta el gasto militar. Bancada alternativa exige debate público en el Congreso de la República
Simón Palacio
@Simonhablando
La sagrada discusión del Presupuesto General de la Nación cumple por estos días con sus rituales en el Congreso de la República. Se ven ir y venir mensajeros de senadores que acompañan al Gobierno, llevar y traer razones, peticiones y vistos buenos de proyectos que representan millones de pesos destinados a las regiones que representan, con los que sacan pecho los congresistas en elecciones. Mientras tanto, la bancada de oposición se planta por horas a las puertas del ministerio de Hacienda, reclamando que las discusiones sobre el presupuesto se hicieran públicas, abiertas y en los salones del Congreso.
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, poco se ve en los pasillos del Congreso. A las discusiones de las comisiones económicas es poco probable que asista en forma permanente. Otros ministros de Duque son asiduos visitantes del Congreso. El pasado 10 de septiembre arrancaron las discusiones de Presupuesto ya con Carrasquilla exponiendo cada rubro con confusas cifras de un monto de 254 billones de pesos, en el marco de un proyecto ya pactado por las mayorías gobiernistas.
En privado se discutieron las bases generales apuntándole a la confianza inversionista de los dueños de la deuda pública, quienes se llevan el 54% del presupuesto. El sector guerra aumentó recursos, recortan la plata para tierras, y siguen ahogando el sector ciencia y tecnología. La tecnocracia de la derecha en el parlamento expone con lujo de detalle proyecciones económicas, escenarios prometedores para el país y sobre todo la inversión privada, cada cifra de ingresos y gastos del cada vez más debilitado Estado colombiano.
El mercado responde positivamente a que se ahogue a la clase media con impuestos y a los trabajadores con menos poder adquisitivo, mientras a los grandes empresarios se le mejoran sus condiciones tributarias. Se acostumbra a que sea el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, los que tramiten un certificado de buena conducta a los gobiernos que siguen sumisos a sus orientaciones económicas, que en Colombia son aplicadas a raja tabla.
El “mercado” responde bien al pago de la deuda pública, aunque eso le quite partidas considerables a la salud y la educación de los colombianos. La oposición denunció que Carrasquilla estaría pensando en una operación calculada para vender participaciones en empresas públicas o mixtas, sin que sea necesario un visto bueno del Congreso. Una suerte de cheque en blanco a Duque que se calcula en 10 billones de pesos.
Gastos e ingresos
En los ingresos, las cifras señalan que si bien es cierto los ingresos corrientes aumentan en término absolutos, pasando de 148 billones en 2019 a 158 billones para 2020, su participación dentro del PIB disminuye pasando de 14,4% en 2019 a 14,3% en 2020. Eso se explica porque el Gobierno pronostica un crecimiento del PIB para 2020 del 4%, aun cuando diferentes organismos han bajado sus pronósticos que piensan que Colombia no crecería más del 3% en dos años seguidos. El gobierno de Duque pretende con globos y proyecciones desfasadas fabricar una realidad económica boyante.
El ultimátum económico que dictan los ministros de Hacienda para anunciar una reforma tributaria se llama déficit fiscal, que es el equilibrio que debe tener el Gobierno en sus finanzas para mantener un bajo endeudamiento y un gasto controlado. El mismo Carrasquilla sabe que el ajuste fiscal se llamó Ley de Financiamiento, fórmula que calcularon mal permitiendo el crecimiento del déficit fiscal en el país. Colombia se endeudó más.
Para sanear el hueco en las finanzas públicas, el dictado del neoliberalismo señala como solución el recaudo tributario, es decir, subir impuestos o vender activos del Estado que contribuyan a hacerlo más pequeño. El Presupuesto 2020 viene cargado de defectos que le permitiría al gobierno colombiano mediante un fondo público de administración de activos, una suerte de fiducia pública para que administre acciones y participaciones en empresas públicas de todos los sectores de la economía, y así estas puedan ser sujetas de transacciones sin obstáculo.
Enemigos del Estado
“Actualmente ya están en curso 12 procesos de enajenación de empresas nacionales por un valor de más de diez billones de pesos, monto cercano a todas las enajenaciones realizadas durante los últimos 20 años. Además, en estos procesos, así como en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ya se está disponiendo de los recursos de ISA”, señala Juan Luis Córdoba, senador de la bancada Verde y miembro de la Comisión Cuarta Económica del Senado.
Agrega: “Considero que es irresponsable permitir la venta de ISA como la multinacional de energía eléctrica más grande de Latinoamérica, que para Colombia es un activo estratégico como monopolio natural del transporte de energía eléctrica, su capital es principalmente público (51%), y sus ganancias y acciones van al alza. ¡Tan sólo en el 2018 sus utilidades se incrementaron en 6% por un valor de $1.5 billones! La venta de ISA sería como la venta de la gallina de los huevos de oro”.
En caso de aprobarse el presupuesto, haciendo efectiva el permiso de venta de activos, el Gobierno nacional contará con una caja menor con destino a la burocracia partidaria, la llamada mermelada, para sus aliados en el Congreso y la tarea cumplida de desbaratar el Estado.
La salud de las EPS
Otra de las perlas con que el ministro Carrasquilla defiende su gestión es con la ley de punto final que le permitió un alivio ante los montos de las deudas de las EPS con entidades públicas y privadas. El salvavidas a las EPS le costó al país 8.4 billones de pesos que se ven reflejados en la deuda colombiana que creció justo en ese monto. Lo que quiere decir que, para solucionar un problema económico a los dueños de las EPS, inversionistas de capital en la estructura económica de la ley 100, los colombianos van a pagar las deudas generadas por estas en el sistema y los intereses a los fondos internacionales. Mal negocio para las pacientes, pero buenas noticias para las EPS.
Desmantelar el Estado vendiendo sus activos y ahogar la economía pagando primero la deuda externa que atendiendo necesidades de la gente, son las premisas que la bancada de derecha defenderá en la discusión del Presupuesto Nacional cuya fecha límite para aprobación es el 7 de octubre, justo 20 días antes de las elecciones locales en el país.
