La paradoja es que quienes sufrieron toda suerte de vejámenes por parte del gobierno alemán de antes de la guerra, repitan ahora la misma conducta criminal contra el pueblo palestino
Alberto Acevedo
Con 62 votos a favor y 55 en contra, el parlamento israelí aprobó el pasado 19 de julio la denominada “Ley del Estado-nación” que, contrariando las normas del derecho internacional, los tratados de Ginebra y numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, considera la totalidad de los territorios palestinos ocupados desde 1948 hasta hoy, como parte del Estado judío, y proclama a Jerusalén como su capital.
Con la norma se legalizan las construcciones que colonos judíos han venido edificando en los territorios ocupados, y se estimula la ampliación de esas colonias. Se concreta así la pretensión de avanzar hacia la consolidación de un régimen racista, como el que vivió Suráfrica por muchos años, donde se aplica la política del apartheid, o del régimen nacionalsocialista alemán, anterior a la segunda guerra mundial.
Para justificar ese paso, el primer ministro Benjamín Netanyahu, que desde 2014 había hablado de la idea de aprobar normas que debían consagrar el carácter judío de Israel, calificó a ese régimen como “la mayor democracia del Oriente Medio”.
Los nuevos exterminadores
“El Estado de Israel es el Estado-nación para el pueblo judío. Pero solo el pueblo judío tiene derechos nacionales: una bandera, un himno, el derecho de todo judío de emigrar del país y otros símbolos nacionales”, dice la norma. Es decir, la proclamada democracia es válida solo para los judíos, en un territorio que gradualmente, a lo largo de 40 años, fue usurpado de manera violenta a sus legítimos dueños, los palestinos.
Ese proyecto, que ciertamente cuenta con el respaldo de lo más abyecto de la ultraderecha, de grupos de colonos extremistas y de sectores ultraconservadores de Israel, en buena medida es copia de la normatividad nacionalsocialista alemana del régimen hitleriano. La paradoja es que quienes sufrieron toda suerte de vejámenes por parte del gobierno alemán de antes de la guerra, repitan ahora la misma conducta criminal contra el pueblo palestino.
En el corto lapso del fin de la segunda guerra mundial hasta hoy, el régimen israelí ha aplicado contra los palestinos una política de segregación racial, de ocupación del territorio de un pueblo en condición de debilidad, la expulsión de las familias, castigos colectivos a la población, hacen prisioneras a las personas que se resisten a la ocupación, desalojan y destruyen las viviendas palestinas para construir asentamientos judíos, encierran las ciudades con muros, cortan el agua potable, el combustible, les roban las cosechas, les niegan el suministro de medicamos, en fin, bombardean, destruyendo escuelas, hospitales.
Huele a racismo
Es la filosofía de una “raza superior”, única manera de justificar el absurdo de que en un país puede existir ‘democracia’ solo para una elite de privilegiados, en detrimento y humillación de todo un pueblo, con una cultura milenaria, que hunde sus raíces históricas en esas tierras.
La comunidad internacional ha comenzado a reaccionar en contra de esa normativa y le exige al gobierno de Netanyahu se atenga a la letra de los convenios de Ginebra y al espíritu de las Naciones Unidas. El portavoz del gobierno turco, Ibrahim Kalin consideró como “racista la ley aprobada por el régimen ocupante israelí, ya que pretende borrar legalmente al pueblo palestino de su tierra natal, estableciendo un Estado de apartheid”.
La Unión Europea expresó “preocupación” por la aplicación de la norma y el embajador del Eurogrupo en Tel Aviv, Emmanuele Giaufret condenó la idea de un Estado de mayoría judía en la Palestina ocupada. Es una ley que “huele a racismo, ya que discrimina a grupos, especialmente a los árabes”, señaló el diplomático.
