Para la Corte Constitucional, beber alcohol o fumar marihuana en espacios públicos, no significa ningún riesgo ni amenaza para la sociedad, por ende, toma una decisión que tumba las normas del Código de Policía que sancionaba dichas conductas. El alto tribunal, como opositores y defensores del concepto, reabren un debate nacional sobre libertades y derechos en el país
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
Una dura discusión jurídica y política ha ocasionado el reciente fallo de la Corte Constitucional que tumba dos incisos del Código de Policía, los cuales prohibían el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacios públicos, priorizando el derecho constitucional del libre desarrollo de la personalidad. El alto tribunal ha cuestionado el espíritu sancionatorio de esta norma sobre los comportamientos que residen en el fuero propio del individuo.
Inmediatamente se conoció el concepto de la máxima instancia constitucional, múltiples sectores políticos de la vida nacional se pronunciaron sobre la decisión del fallo. Mientras los prohibicionistas, en cabeza del presidente Iván Duque, el partido de Gobierno y los alcaldes de las principales ciudades, argumentan estar en desacuerdo invocando el derecho de los niños y las familias, los sectores favorables a la despenalización de la dosis mínima exaltan la decisión de la Corte la cual protege derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Por lo tanto, se asiste a un nuevo debate que aumenta el clima de división que se vive por estos días en el país.
La polémica social
Los efectos que derivan de esta discusión dibujan una radiografía compleja: el álgido debate entre libertades y derechos en sociedades divididas. “Uno de los temas principales en este asunto, es el argumento que defienden desde el prohibicionismo y que ha ganado fuerza desde la campaña de Duque: `tenemos que proteger a nuestros niños y niñas de la drogadicción y de los jíbaros que venden drogas en los colegios´. Lo que nos han dicho, sin evidencia, es que el microtraficante se está escondiendo en el libre desarrollo de la personalidad para portar sustancias que luego va a vender”, sostiene Silvana Puccini, abogada de la organización Elementa.
Para Puccini, este tema viene de mucho tiempo atrás e inicia con la llamada “guerra contra las drogas”, una política que ha promovido por cerca de 30 años decisiones prohibicionistas, basándose en la criminalización del consumo de sustancias psicoactivas. Por lo tanto, no existe evidencia científica que soporte la teoría de que hay relación directa entre consumo y delito. “Si uno se fija, el problema ha sido el consumo de sustancias que el de alcohol en espacios públicos. Se trata de juicios morales, que están muy arraigados a nuestra sociedad, y que se han perpetuado, porque a los gobiernos no les interesa enseñar a la comunidad, desde la evidencia científica, cómo hacer un consumo responsable y así garantizar los derechos de las personas consumidoras”, comenta Puccini.
Espacio público y derechos fundamentales
En este embrollo que toca las fibras de la ciudadanía, existen posiciones que parecen no encontrar consensos. Los prohibicionistas, por un lado, argumentan que se trata de una vulneración a los derechos de los niños, mientras que, los sectores a favor de la sentencia se arropan en el principio constitucional basado en el libre desarrollo de la personalidad.
Ante esto Puccini es clara: “lo primero es desmontar ese mito de que el consumo de sustancias y de alcohol en espacio público, es igual a vulneración de los derechos de niños y niñas. El argumento lo están usando solo como excusa para generar polémica social. En este punto, lo fundamental, es entender que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ya ha señalado que los derechos fundamentales no son absolutos y que se pueden limitar, entre otras cosas, por el respeto del interés general y la protección al espacio público. Sin embargo, esto no implica que se deben reconocer todas las limitaciones bajo el argumento de los derechos de los demás. Por esta razón, es muy importante que se armonice la protección de todos los derechos”.
Siguiendo con esta argumentación, Juan Pablo Gómez, abogado y sociólogo experto en el tema, añade: “la sentencia histórica C221, del maestro Carlos Gaviria, señalaba muy bien que el libre desarrollo de la personalidad en relación con el consumo estaba enmarcado en la educación que deberíamos tener respecto del tema. Es difícil incluso entrar en una ponderación con otros derechos, como los de los niños, porque en principio no hay tal tensión, salvo en el espacio público que han querido evidenciar que es de los niños y niñas, lo cual es una noción excluyente y poco plural”.
El problema del microtráfico
En toda esta disputa de opiniones y conceptos, existe un argumento prohibicionista que brilla por su radicalidad. Para estos sectores, el fallo de la Corte protege e incentiva el microtráfico. Al respecto, es importante pensar que este fenómeno tiene protagonistas con intereses políticos y económicos concretos y, que las cadenas de distribución se expanden gracias a que se alimentan de dispersar culpas en todos.
“La sentencia declara inconstitucionales normas que violen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y mantiene vigente el precedente de la sentencia C221. Consumo no es igual a tráfico. Las políticas restrictivas deben entender que el respeto por los derechos humanos es una prioridad para la creación e implementación de las políticas de drogas, y que no es proporcional, ni razonable, ni necesario, perseguir el microtráfico restringiendo otros derechos”, sostiene Puccini sobre lo que considera es un argumento que solo protege intereses particulares.
Salud pública o solución policiva
Muchos sectores defienden la tesis que para asumir el problema de manera integral, se debería invertir en programas de educación y reducción del consumo, no en un Estado policivo. Sin embargo, los gobiernos insisten en medidas represivas para afrontar el fenómeno del consumo.
Esto parte de un tema social, pues como defiende Gómez, “que un policía actúe de manera represiva ante el consumidor de sustancias psicoactivas, está respaldando las representaciones sociales que ubican al consumidor en un espectro de lo criminal o del enfermo; que el consumidor, que va a ser aprehendido por fuera de los parámetros legales no insista en la obligación del agente de respetar sus derechos es porque, incluso él, asume que su conducta algo tiene de criminal, a la que correspondería una sanción. Y que un ciudadano no consumidor de sustancias psicoactivas no reaccione ante la arbitrariedad, es un síntoma de cómo el discurso de lo criminal está disperso en todos en mayor o menor medida”.
Al respecto Puccini se pregunta: “¿Por qué los gobiernos insisten tanto en las medidas represivas para afrontar el fenómeno del consumo? Esa es la gran pregunta que nos seguimos haciendo quienes defendemos políticas de drogas con enfoque de derechos humanos y salud pública. Está tan arraigado el discurso de ´guerra contra las drogas´ que heredamos de Estados Unidos para afrontar el narcotráfico, que los gobiernos cierran los ojos a la evidencia científica y continúan con el discurso prohibicionista”.
Por el momento, la discusión continúa dejando una conclusión preliminar. Asistimos a una sociedad que aún no admite en consenso sus propios principios constitucionales y que, al parecer dada la reacción conservadora en la cotidianidad de la gente, está aún sumida en sus anacrónicos valores.
