Una vieja propuesta toma vigencia ahora, cuando la crisis económica, agravada por la pandemia, devela la insatisfacción de necesidades básicas
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
En redes sociales y en algunos medios de comunicación se han mostrado las quejas de usuarios que reclaman por los altos costos en las tarifas de servicios públicos domiciliarios, en los meses de la pandemia. Aseguran que estos han aumentado.
En respuesta, la superintendente de Servicios Públicos, Nathasha Avendaño, explicó a través del periódico Portafolio que, aunque no ha habido un incremento tarifario, los recibos sí llegan más altos porque no hubo conteo de gastos de los hogares. Es decir, que cuando el presidente de la República, Iván Duque, dijo que se congelaban las tarifas se tomó la medida del 14 de abril y esto provocó que muchos quedaran con un promedio alto.
“Esto derivó en una situación bastante indeseable, y es que en el caso de los comercios que estuvieron cerrados por más de un mes a los propietarios les llegó la factura con un valor muy alto, ya que se promedió el consumo de los últimos seis meses, es decir, desde noviembre o diciembre del año pasado”, argumentó Avendaño.
Sobre los altos costos en los hogares, la funcionaria dijo que estos se dan porque las familias han estado confinadas, lo que no permite asistir a centros educativos y puestos de trabajo. En consecuencia, el consumo de energía, agua y gas se incrementó.
Por lo anterior, Jorge Alberto Valencia Marín, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, ordenó a las empresas prestadoras de servicios de energía y gas descontar a las nuevas facturas los cobros adicionales a que haya habido lugar por la medición de los promedios.
El funcionario aseguró que las empresas tienen que identificar cuánto le habían facturado al usuario y cuánto fue el consumo real, para la realización de los reajustes: “En esa nueva medición se deberá descontar lo que ya se pagó. La nueva factura tendrá los datos reales de la lectura del medidor menos lo que ya se incluyó”, aclaró en un medio de comunicación.
Los mínimos vitales
No obstante las explicaciones, la realidad es que justo cuando miles de familias disminuyeron sus ingresos producto del aumento del desempleo, la reducción de salarios u otros ingresos, como consecuencia de la crisis económica agravada por la pandemia, los recibos de los servicios públicos llegaron más altos.
En consecuencia, organizaciones sindicales de los servicios públicos como Sintraemsdes han propuesto una canasta básica de los servicios públicos, o mínimos vitales de agua, energía, gas y telecomunicaciones.
“En el caso del agua se está dando como mínimo vital seis metros a los estratos uno y dos. Proponemos que los consumos básicos establecidos por la Comisión Reguladora de Agua, 11 metros cúbicos, (m3), para Bogotá sean gratuitos como canasta básica. Quienes se pasen de ese consumo paguen tarifas plenas, es decir, a costo de referencia, que para el agua sería a 2.613 pesos”, explicó a VOZ Humberto Polo, presidente nacional de Sintraemsdes.
Para la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, los rangos de consumo básico varían de acuerdo con el clima o la altitud sobre el nivel del mar.
En poblaciones con altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, msnm, el consumo básico se fija en 11 m3 mensuales por suscriptor facturado; con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 msnm, 13 m3; y en ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 1.000 metros, 16 m3.
Por otra parte, el líder sindical argumenta que en el caso de energía está establecido un promedio de 170 kilovatios, por lo cual propone que la canasta básica sea de 150. En cuanto consumo de gas, la propuesta es 30 metros cúbicos y ocho en alcantarillado. El promedio de integrantes de una familia es de cuatro integrantes.
La propuesta es para todos los estratos porque son derechos fundamentales y son servicios esenciales que deben garantizarse a todos los colombianos.
Recursos y detractores
La política debe ser del Estado, quien debe pagar a las empresas lo que facturen mediante un fondo o bolsa que se alimentará de los actuales subsidios que se pagan a algunos estratos: “Todo lo del Sistema General de Participaciones, lo de regalías para municipios que los tienen, de los impuestos que cobran a las empresas de servicios públicos y un porcentaje del 20 o 30 por ciento de las utilidades de estas empresas. Con eso se financiaría esa canasta básica”, dice Polo, quien además anota que esa política no afectaría a las empresas.
Con esos recursos a las empresas se les pagarían los servicios con base en el costo de referencia, es decir, en esos valores ya están incluidos los costos medios de operación, costos medios de administración, costos medios de inversión y las tasas retributivas. En otras palabras, se les pagaría los costos de producción más la utilidad, por lo que no tendría que haber problema con los operadores.
Por otra parte, y en contraposición, el político de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, en su pasada columna dominical de El Tiempo, sobre la propuesta dijo: “…lo que más preocupa son las voces de algunos que quieren pescar en río revuelto, desafiando un modelo que, insisto, ha sido muy exitoso. Escucho propuestas irresponsables de gratuidad total de los servicios, mínimo vital de agua, energía y gas, estatización de las empresas, de cambios profundos en esquemas regulatorios que han permitido el desarrollo del sector eléctrico en los últimos 25 años”.
El pronunciamiento hace parte de las fuertes oposiciones a la propuesta que hay en el Establecimiento, con el argumento de que la gratuidad genera derroche y que va contra el libre mercado de los servicios públicos. “Aquí lo que estamos diciendo es que los consumos básicos deben ser gratuitos, pero a la gente que no ahorra, que se pasa de esos consumos se les cobra tarifa plena, es decir, costoso. Además, en los servicios públicos la libre competencia no se da porque normalmente son monopolios u oligopolios como en la energía”, comenta Humberto Polo, quien agrega que hay que recordar que los principales accionistas de las empresas de energía y aseo son quienes siempre han estado en el gobierno como los Vargas Lleras y los Pastrana, entre otros.
Sobre el pronunciamiento de Vargas Lleras, el dirigente sindical indicó: “Ellos se oponen a volver a lo público porque se les cae el negocio. Es lógico que él diga eso si es uno de los principales dueños del servicio de aseo en todo el país, socio de las empresas de energía y uno de los mayores inversionistas en este sector”.
En conclusión, de no establecerse una canasta básica de servicios públicos y de lograrse una renta básica, los beneficiarios de esta última la destinarían en una gran proporción al pago de servicios públicos, lo que no tendría mucho sentido. Sería incoherente con una política social integral.
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