Cesar Santoyo Santos
@Cesar_Santoyo_S
La protesta social en el país sufre una estocada, una carga profunda que golpea el Estado Social de Derecho. La propuesta del Gobierno nacional exalta el unanimismo, el autoritarismo y la radical negación del conflicto social y del respeto a las libertades democráticas. Al presidente Duque y su corte de áulicos en el gabinete, sólo les interesa la cooptación de los organismos de control con la hipocresía del doble discurso ante la comunidad internacional donde se muestra como cumplidor de la implementación del acuerdo de paz, mientras que en Colombia impone el garrote, la aturdidora y el perdigón del Esmad.
También la actuación normativa y limitante en donde la captura del Estado es el ejercicio deliberado, cínico y excesivo del partido de Gobierno tratando de minar la independencia judicial, la capacidad procesal, con lo que la gran víctima es la sociedad colombiana y la movilización y la protesta social por reivindicar los derechos y las conquistas sociales, laborales, económicas, étnicas entre otras.
Un protocolo que permita que la protesta social sea una herramienta que promueva los pliegos y reivindicaciones donde uno de los retos es que se humanice y desmilitarice a la Policía Nacional, que refiera el mando y la jefatura a las autoridades civiles, contemple la contención y amplíe el espacio de concertación con la gente y las entidades encargadas no le cabe en la agenda.
Pagar seguros que cubran inminentes daños que se presenten, prohibir el uso de capuchas para que exponga la identidad de las personas, imponer espacios y tiempos específicos de movilización y usar desmedidas acciones “antidisturbios” para evitar el éxito de las movilizaciones, muestran el flagrante autoritarismo y la criminalidad de Estado que ejerce el establecimiento multiplicando la brutalidad policial y el bloqueo a la movilización, un mecanismo de propagación del pensamiento único y el unanimismo tan característicos de estas capas en el poder.
No solo se debe ir el nefasto y regresivo Holmes Trujillo, que amenaza a la apertura democrática y a la discusión nacional sobre la paz completa, con sus llamados al armamentismo y la violencia total, que es el reproductor natural de circuitos económicos anclados a la guerra y al despojo, también deben irse el acecho y la presión que están realizando desde la fuerza pública que usa la acción de tutela para amedrentar a las organizaciones defensoras, las acciones de perfilamiento, empadronamiento y persecución a líderes, lideresas y procesos sociales y comunitarios que exigen sus derechos mediante la movilización y la protesta social.
El derecho legítimo a la protesta social tendrá que ser una consigna con la cual se promueva una fuerza pública para la paz, que está impulsándose por las víctimas y defensores de derechos humanos, exigencia que es parte del resarcimiento y la lucha por la verdad y la no repetición.
Amanecerá y veremos si el Gobierno nacional es capaz de reconocer sus limitaciones y obstáculos, ya no sólo para la implementación del acuerdo de paz, sino para sostener la democracia ya de por si restringida en Colombia y si es capaz de superar la revancha y la ira que le produce tener que reconocer voces múltiples, diversas, fuerzas sociales, políticas y económicas cada vez más organizadas por una alternativa a la escasa noción de Estado Social de Derecho y al unanimismo del torpe pero soberbio Gobierno nacional, al cual le causa profunda ira ver la protesta social como un derecho en disputa.
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