María Eugenia Londoño
Por estos días ha sido más que caracterizado el momento económico, político y social de nuestro país, las cifras exorbitantes de pobreza, desigualdad, desempleo y miseria, expuestas por el no muy preciso DANE, así como la evidente concentración de poderes en el presidente Duque, su hostilidad, desenfrenado y desmedido uso de la fuerza contra los y las manifestantes por medio del aparato judicial, policial y militar de represión, su evidente incidencia en la generación de matrices mediáticas que propenden por la estigmatización y criminalización de la protesta, así como el sesgo, censura e invisibilización, dado el muy oportuno silencio o tergiversación de lo ocurrido por parte de los medios hegemónicos de comunicación frente a la realidad en los territorios y puntos de resistencia.
En ello, surgen una multiplicidad de interpretaciones, algunas pretenciosas que determinan el momento como un escenario insurreccional pre revolucionario y otras que, por el contrario, desde el mismo inicio del paro, han pretendido aplacar sus expresiones por cuenta de llamados a las “formas pacíficas y seguras (dada la pandemia) de movilización”, mismas que estigmatizan y satanizan esta gran expresión social que, de manera justa, se ha rebelado ante el orden establecido.
En este camino, no es motivo de sorpresa la respuesta, “sin respuesta” del gobierno Duque, pues claramente ésta responde a los intereses de la clase para la que gobierna, a la que representa y casualmente, de la que no hace parte; de forma hábil, cedió sin negociar al “retirar” las reformas y negoció sin ceder en una mesa de oídos sordos, para mantener la percepción de poder y acto seguido al ajuste táctico planteado por algunas organizaciones políticas, sociales y populares, que orienta la movilización permanente, el fortalecimiento de la resistencia popular y la más amplia unidad para confrontarlo.
Duque arremete con su horda legislativa al dejar hundir la matrícula cero, la renta básica, el acuerdo de Escazú, dar vía libre al fracking, entre otras; orienta una avalancha de procesos judiciales a los promotores y artífices de la resistencia volcada en las calles; y por acción u omisión, fortalece el proyecto paramilitar, que desaparece y asesina, sin que haya una respuesta estatal que mitigue la dolorosa y aberrante situación.
Este paro, que en su convocatoria fue de carácter cívico, se transformó con los días en un gran estallido social y en algunos puntos de resistencia, se ha configurado como un paro de la producción, con grandes expresiones de levantamiento popular; sin duda, abre posibilidades inéditas en la historia de nuestro país a un campo de lucha que no pretende disiparse pronto ante la profundización de las causas estructurales que lo motivan.
Tales lecturas del momento son profundamente importantes, pues de ellas dependen parte de los ejercicios organizativos y por ende la proyección de la resistencia para trascender de la reivindicación a la reforma y en este camino, a la necesaria revolución.
Hoy se configuran oportunidades para el fortalecimiento organizativo del poder popular constituido en los territorios sobre la base de la unidad de clase, en el marco de las asambleas populares y sectoriales, con la necesidad de una articulación nacional que permita la proyección de acciones políticas y por ende económicas y sociales concretas, en favor de la clase proletaria, obrera, campesina y trabajadora, que depongan el régimen fascista que propende por la continuidad del sistema económico capitalista neoliberal, patriarcal, racial, y por ende sus estructuras que evidencian claramente una crisis sistémica.
Urge una dirección política y organización de quienes resisten en las calles, para proyectarla hacia una verdadera construcción colectiva de justicia social.
