Líderes indígenas del corregimiento La Termoeléctrica describen el proceso organizativo que les permitió confrontar a las distintas empresas con el mecanismo de la consulta previa
Roger Montiel Álvarez
Como un referente, no solo para el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre, sino para todas las organizaciones que defienden los territorios, se podrían considerar los logros obtenidos a través del mecanismo de consulta previa en la comunidad y el cabildo menor indígena La Termoeléctrica en el municipio de Chinú, Córdoba. Lo anterior es el balance que hacen tanto el ingeniero Gustavo Álvarez Vásquez, como el líder indígena Hernando Zappa.
“Nos preparamos desde el 2017 investigando otras experiencias regionales, nacionales e internacionales, desarrollando talleres de formación comunitaria, con asesorías y autoformación en el cabildo. En ese trasegar fuimos ganando respeto frente a la posibilidad de asumir los compromisos de consultas previas en el territorio ancestral, frente a empresas de transporte y transformación de energía eléctrica como Isa Intercolombia, que tiene presencia en nuestro territorio desde mediados de los años setenta y otras como Electricaribe, Promigás, Celsia y la extinta Pacific Rubiales con las cuales hemos debatido con profundidad sobre los impactos negativos al ejecutar sus proyectos de líneas transmisoras de energía en esta región del caribe colombiano”, afirma con satisfacción Gustavo Álvarez.
Precedente regional
El ingeniero agrónomo junto con su hermano Carlos Álvarez sentaron un precedente regional sobre cómo debían prepararse las comunidades y sus líderes para las discusiones con los encargados de las empresas y del Gobierno nacional respecto del daño causado tanto en la naturaleza como en la cultura, así como la defensa de los derechos que tienen los pueblos indígenas.
Concuerdan los dirigentes indígenas zenúes de la comunidad que los logros materiales obtenidos en estos cuatro años se deben a la capacidad de movilizar y hacer que la gente participara de las consultas previas en forma organizada. Afirman, con beneplácito y algo de satisfacción, que la primera línea de transmisión de energía desde sabanas de Chinú, Córdoba, a Sabanalarga, Atlántico, de 500Kv, posibilitó el resarcimiento de esa llamada deuda histórica que tenía la empresa ISA con la comunidad, con el territorio, la naturaleza y la cultura por más de 50 años
Pequeñas victorias
Por medio de esta primera consulta, el resguardo logró obtener un lote de media hectárea donde se construyó la sede del cabildo menor, dotada con los mínimos elementos para realizar allí las asambleas, las reuniones, las mismas consultas y atender eventos de integración social y cultural.
Asimismo, el resguardo enfocó su esfuerzo participativo y obtuvo como compensaciones por los daños identificados, la adquisición de fincas hoy de propiedad colectiva en su propio territorio; la primera de ellas una de siete hectáreas y últimamente una de 17 hectáreas donde se establecen y se proyectan desarrollar iniciativas productivas de yuca, ñame y explotación de especies menores y destinar toda esa actividad hacia la generación de empleo rural y a la seguridad alimentaria.
ISA Intercolombia de acuerdo con la propuesta elaborada por estos dirigentes, financió un proyecto que rehabilita una de las microcuencas, el arroyo Achote, en una extensión de 3.8 hectáreas con especies nativas como Caña Guadua para uso artesanal en construcción de viviendas típicas, siembra de árboles frutales como mangos, nísperos, ceibas y otros maderables y plantaciones para proteger las fuentes de agua naturales que irrigan y embellecen la comunidad indígena.
Avances en la interlocución
Tienen absolutamente claro los dirigentes de la comunidad de La Termoeléctrica en Chinú, que la consulta previa es un derecho constitucional en Colombia incorporado a la Constitución Política de 1991. Saben que es un espacio que se han ganado todas las comunidades indígenas a nivel mundial fortalecido por el convenio internacional de la OIT Número 169 y ratificado por Colombia a través de la Ley 21. Allí las comunidades pueden manifestarse en permitir o negar que se construya un proyecto y profundizar hasta dónde el proyecto puede ser viable o no, teniendo en cuenta el tipo de impactos que puede generar en la comunidad y en el territorio.
A través de ese espacio conjunto, las comunidades pueden manifestarse en contra o a favor; respecto de los diferentes componentes a intervenir como el biótico, el abiótico y el sociocultural; y con base en este ejercicio se determina la viabilidad del proyecto. Las empresas manifestaron también que las comunidades no tienen la posibilidad de vetarlo.
Expresaron nuestras fuentes que la llamada mesa de diálogo con la empresa Isa Intercolombia, se encuentra en la etapa de identificación de impactos y que su desarrollo se ha dado de forma acertada y consciente. La formulación de medidas de manejo, fueron ejercicios bien serios en el tiempo y en el contexto comparado con otras comunidades que han desarrollado el mismo proceso, con la misma empresa y con el mismo proyecto en el sentido que ha sido un fracaso.
Un claro ejemplo de lo anterior fue la consulta previa del proyecto SECCO donde participaron 17 cabildos entre Chinú y Sahagún en Córdoba. Observamos que normalmente el taller de impactos entre la empresa y la comunidad, lo desarrollaron los otros cabildos en un día, a excepción de la comunidad indígena de La Termoeléctrica donde ese mismo taller fue elaborado en 13 sesiones cada uno de dos días; con una duración total de un año y dos meses, lo cual confirma la seriedad y el compromiso que tuvo la comunidad para abordar este tipo de ejercicios de consulta previa.
Unidad como comunidad
Creemos que los éxitos logrados en los procesos de consulta previa se deben también a que esta comunidad tiene una gama de profesionales que abogan por el bienestar de su gente. El factor de éxito lo podríamos resumir de la siguiente manera: la unidad como comunidad, un porcentaje alto de profesionales al interior de la comunidad y el sentido de pertenencia al cabildo menor indígena y a su cultura zenú.
Una de las fases más duras para el debate en medio de las consultas previas lo representó el hecho de poder demostrar que las afectaciones por el paso de las líneas de alta tensión en el territorio, sí estaban por encima de lo establecido y permitido en el reglamento Retie. “Siempre tuvimos la sospecha de que, en ciertos sectores, en ciertos puntos por donde pasan las líneas de transmisión eléctrica había una desviación a las normas del registro técnico de instalaciones eléctricas, que establece que, en zona pública en general, una persona puede estar sometida a un campo máximo de 3.160 kilovatios por metro cuadrado. Demostramos con el acompañamiento de los ingenieros de la Universidad Nacional que en algunos puntos donde pasan estas líneas de alta tensión, alcanzaban casi los nueve mil kilovatios por metro cuadrado”, expresó finalmente Gustavo Álvarez.
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