Desde el 29 de septiembre, las comunidades indígenas del proceso Autoridades Indígenas en Bakatá, ubicadas en el Parque Nacional, se declararon en minga permanente por los incumplimientos de los gobiernos nacional y distrital, quienes se habían comprometido a garantizar sus derechos
Jenny María Solís Roa
@Jemasolis
Debido a los incumplimientos sistemáticos por parte de las autoridades del Distrito que optaron por desconocer acuerdos con las Autoridades Indígenas en Bakatá AIB, y, “en el marco de sus usos y costumbres, bajo su propia jurisdicción, protegidos por la constitución étnica, se declararon en minga permanente y optaron por habitar temporalmente el denominado Parque Nacional Enrique Olaya Herrera” comunicaron a través de la alerta temprana 001.
Son más de 500 indígenas de 13 pueblos y comunidades que conforman el proceso de Autoridades Indígenas en Bakatá, Muisca Gue GataThizhinzuga, Tullpa Yanacona, Embera Katio, Embera Dobida, Kokonuko, Nasa, Cumbaltar Pasto, Uitoto Monifue + Uruk, Kubeo, Koreguaje, Wuayuú Bakatá, Zenú y Pijao Mojan, quienes, en cambuches improvisados, en medio del frío y las intensas lluvias que por estos días azotan a la capital, y, en pleno ejercicio del derecho a la movilización social, exigen una mesa de diálogo con la Alcaldía para buscar una solución a la crisis humanitaria que padecen.
Grave crisis humanitaria
En medio de la jornada Leoníbal Campumorillo, expreso; “Nosotros como pueblo, no venimos hacer daño” y, en el comunicado 005, las A.I.B, denunciaron acciones omisivas, de desconocimiento e invisibilización sistemáticas por parte del Subdirector de Asuntos Étnicos, Indi Iaku Sigindioy y su equipo, “al no brindar los lineamientos, directrices, así como decantar una ruta clara para que las 15 secretarías distritales garanticen la atención e implementación de las acciones afirmativas, con esos pueblos o comunidades en el marco del artículo 66, según su misionalidad”.
Denuncian además en el comunicado, que estas omisiones y desarticulaciones entre las instancias distritales y su descontextualización sobre la realidad de las comunidades “ha llevado a la pérdida de vidas de infantes de 0 a 5 años como en el caso de la población Embera Katío, Embera Chamí, Sikuani y Kubeo, y a la fecha no han recibido una atención debida y adecuada”
Algunas brigadas de salud adelantadas por organismos y entidades privadas, han podido determinar la gravedad de lo que sucede, incluso, situaciones que se presentan desde antes de la decisión de minga permanente por lo que llaman “abandono del distrito capital”. En una de las alertas tempranas, se afirma que entre las afecciones identificadas están “amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto, neumonía crónica, escabiosis contagiosa, disneas, lesiones de piel graves, deshidratación total, fiebre generalizada, infecciones respiratorias, diarrea y desnutrición.
El diálogo en el camino
Las comunidades y pueblos en minga permanente, han obtenido como respuesta institucional, la presencia del Esmad, con acciones desproporcionadas, poniendo en riesgo la vida e integridad de niños y niñas, adultos mayores como cuando quisieron impedir su presencia en el Parque Nacional en un acto a todas luces violatorio del derecho a la movilización social. Además, de la negativa del inicio de una mesa de diálogo, el distrito, a través de un funcionario, instauró una querella, que busca desalojarlos, aduciendo actos contra la posesión contrarios a la convivencia e invasión del espacio público.
Debe citarse, que, en el proceso de concertación de los programas para acciones afirmativas con los pueblos indígenas, del Plan de Desarrollo, específicamente en lo señalado en el artículo 66, la administración habría creado dos mesas de diálogo. Una, con comunidades reconocidas en el 2015 bajo el decreto del 612 y otra, con las Autoridades Indígenas en Bakatá.
No obstante, un cambio de funcionario, hizo que se desconocieran los acuerdos en el marco de la concertación, que terminaría afectando a las trece comunidades en minga permanente, pues no están reconocidos bajo el decreto antes mencionado y a las restantes comunidades indígenas, que se calculan en alrededor de 84, que están ubicados de la ciudad.
Los gobiernos Nacional y Distrital, deben aunar esfuerzos para garantizar “los derechos estableciendo una ruta para cumplir con los compromisos adquiridos en las concertaciones del Plan de Desarrollo y la modificación de decretos, circulares o resoluciones que estén en contra de la realidad existente”, y facilitar la instalación de una Mesa Técnica de Trabajo junto con el Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas como instó la Defensoría del Pueblo luego de su visita y diálogo con las A.I.B para garantizar retorno para quienes así lo deseen y una calidad de vida digna y diferenciada para quienes se mantienen en la ciudad.
