Pablo Arciniegas
Asombra la poca información que existe sobre la violencia ginecológica y obstétrica en Colombia, en especial, si se le compara con registros de otros delitos contra la mujer como el abuso, la explotación de sus cuerpos y los que se han dado en el contexto del conflicto interno armado que hoy persiste. La visibilización es mínima porque este tipo de violencia, según ‘Violencia obstétrica: haciendo visible lo invisible’ (artículo científico publicado en el 2019 por la Universidad Industrial de Santander, UIS), impacta desde distintos ángulos: institucional, simbólico, psicológico y sexual.
Esto para decir: que las mujeres, cuando son víctimas de un abuso sexual por parte de su ginecólogo, obstetra o todo un sistema de salud, no denuncian porque se les ha enseñado que aquello es algo ‘que pasa’ (aunque sienten que no lo es), y si es lo contrario, o sea lo sienten, lo reconocen y lo denuncian, sus testimonios son minimizados por la organización social que las rodea. De ahí que en Internet abundan las denuncias por este delito ―y también por todos los que implican un maltrato contra la mujer, por el hecho de ser mujer― y no en la Policía, Instituciones de bienestar e instancias jurídicas.
Es en Internet donde las mujeres encontraron, tal vez, un espacio para hablar sobre la humillación y el maltrato por el que pasaron en el consultorio, sin toparse con un sistema cómplice, y donde encuentran una reparación verdadera, en la forma de atacar la imagen de sus abusadores o, a veces, solo desahogándose anónimamente para no correr ningún riesgo ni pasar por lo que puede ser una vergüenza. Y también, es en Internet, donde se organizan para evitar que todo esto se siga perpetuando.
Estas denuncias virtuales, que tienen tanto peso como la investigación de la UIS ―que arrojó, por cierto, que de un grupo de 16 encuestadas, 11 fueron abusadas de alguna forma por el personal médico― dan a conocer que la violencia ginecológica y obstétrica puede tomar formas desde comentarios y burlas con respecto el aseo, la sexualidad y la dignidad de la paciente, hasta malas formulaciones y acceso carnal violento, y que la mayoría de los victimarios son hombres. Hombres en los que ellas confiaron, o se vieron obligadas a confiar.
Una solución, con base en estos hechos, podría ser la de prohibirle a los doctores ejercer la ginecología y la obstetricia, partiendo de que al no ser mujeres están incapacitados para brindar una atención que empatice y considere el cuerpo, la mente, las emociones y los contextos de sus pacientes. Pero esto no solo va contra el principio de igualdad, que rechaza al sexo como factor que determina lo que pueda llegar a ser alguien (y que la mala praxis depende de este), sino que torpedea la formación de un conocimiento que sirve para destruir los prejuicios culturales y las burocracias en los que se enraíza el abuso.
La historia de la salud demuestra que si avanza lento, es porque han existido intereses políticos, y hoy económicos, que la frenan o direccionan en beneficio del poder. En ese sentido, tomar una decisión política como excluir a un sexo de un campo de la investigación, no significa proteger a alguien, sino cerrarle las posibilidades a esa investigación de discutirse, universalizarse, reconocer derechos con base en ella y, por supuesto, de que llegue a salvar vidas.
¿Pueden los hombres ser ginecólogos? es un debate en el que cualquiera, sin importar su sexo, puede participar. Porque es un debate que no debe girar entorno a quién tiene la razón, sino cómo nos afecta como especie, el hecho de que la mayoría de veces que una niña, una madre o pareja entra a una citología o a un parto, sale abusada. ¿cómo nos afecta a todos?
Epílogo
Vergüenza la que da nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez proponiendo el servicio militar obligatorio para mujeres en Colombia. Más vergüenza que esa cuota para el Ejército se mantenga en pleno 2020.
