Cindy Lopera – Agencia Prensa Rural
La fuerza insuperable con la que corren las aguas del río Verde que atraviesan el corregimiento de Saiza, en Tierralta (Córdoba), sólo tiene punto de comparación con el empuje y las ganas de salir adelante de quienes allí habitan. Paisas, costeños, chocoanos y cachacos se entremezclan en esta apartada población fronteriza entre Antioquia y Córdoba. Muchos gobiernos locales -desde ambos departamentos- han llegado al lugar con promesas que nunca se hicieron realidad, pero lo que sí viven día a día sus habitantes es el temor latente por cuenta del paramilitarismo.
Décadas de abandono estatal intentan ahora ser resarcidas con la construcción de una carretera por parte del Ejército Nacional para acceder a la población; sin embargo las necesidades aún son muchas: luz y alcantarillado para la cabecera del corregimiento, la adecuación de un centro de salud, las mejoras y contrataciones pertinentes para la escuela en la que comparten un salón y un maestro niños y jóvenes entre los 7 y 17 años de edad, y la dignificación del único puente sobre el río Verde que comunica con las veredas vecinas y que ha sido arrastrado por la corriente en varias ocasiones.
Estas son algunas de las peticiones que hace Humberto David, presidente de la junta de acción comunal, aprovechando la visita de delegados del Ministerio del Interior, la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República y de la Defensoría del Pueblo como parte de las exigencias de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Para Yulieth Arango, presidenta de la corporación Mujer Capaz en esta población, se puede extraer una valiosa experiencia a partir de las pérdidas que dejaron los enfrentamientos entre diferentes grupos armados en la región. Las mujeres, ahora cabeza de familia, han emprendido proyectos de capacitación, liderazgo, educación y cultura para cumplir sus sueños y sacar adelante a sus familias.
Río abajo, siguiendo las aguas que alimentan el controvertido proyecto de la hidroeléctrica de Urrá, se llega al Punto Transitorio de Normalización de la vereda Gallo, en donde se encuentran asentados los guerrilleros del Frente 58 de las FARC-EP que hacen su tránsito hacia la vida civil. Los pobladores de las cercanías se debaten entre las expectativas por las promesas de nuevas obras de inversión y el temor frente la posibilidad de que grupos paramilitares retomen el control de la región ante el repliegue de la insurgencia.
Ni la empresa responsable de la hidroeléctrica ha cumplido con las proyecciones que se hicieron para su construcción, ni el Gobierno nacional ha terminado las adecuaciones en este PTN. Mientras tanto la única escuela de la vereda permanece cerrada, pues los pobladores exigen la contratación de docentes idóneos que estén allí de manera permanente y no por concesión. Así lo sostuvo Ángel Torres, presidente de la JAC de Gallo.
En el otro extremo, al oriente del Parque Nacional Natural Paramillo, se encuentra la población de Juan José que pertenece al municipio Montelíbano de Córdoba. En las calles sin pavimentar, a orillas del río San Jorge, los niños juegan con palos de madera a ser soldados, guerrilleros o paramilitares por igual. Tantos actores armados han pasado por estas tierras que pocos jóvenes vislumbran un futuro diferente al de la guerra.
La organización y la unidad al interior de las asociaciones campesinas permite sin embargo mantener encendida una luz de esperanza, los proyectos productivos y la voluntad de los campesinos para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito se mantienen en pie. Sin embargo, los constantes incumplimientos por parte de las autoridades civiles y militares poco a poco van colmando la paciencia de los cordobeses que, como todo, tienen su límite.
