Es posible que, en los próximos días, el Gobierno presente un proyecto de ley que buscará dar prelación a los grandes proyectos extractivistas, como la minería, la explotación petrolera vía fracking, considerados de interés público, por encima de la titulación de tierras a campesinos colonos
Carlos A. Morales
Aunque el proyecto de ley 03 de 2018, que busca modificar la Ley 160 de 1994, la cual crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, fue archivado por no ser aprobado en la legislatura que culminó el pasado 20 de junio, no es nada raro que el Gobierno Duque la presente nuevamente en la que inicia el próximo 20 de julio. Es necesario recordar que el gobierno Duque de manera muy silenciosa y amañada, actuando en cuerpo ajeno a través del senador José David Name del partido de la U, presentó este proyecto el pasado 22 de mayo, buscando una aprobación rápida y sin mucho debate.
Proyecto reciclado y recalzado por Duque, y que recoge del Gobierno Santos, el cual fue fuertemente criticado por el mismo Centro Democrático, en ese momento como partido de oposición, cuando este lo quiso aprobar vía fast track, que nada tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz, ni mucho menos con lo expresado en el punto uno de Reforma Rural Integral. Es necesario dejar en claro que este proyecto tiene unos beneficiarios exclusivos, las manos criminales de los grandes acaparadores de baldíos del Estado.
Entre estos acaparadores encontramos la llamada agroindustria, los grandes capitales nacionales y extranjeros, que hasta hoy, se han valido de leguleyadas para legitimar esas tierras producto del despojo y la depredación de grandes zonas selváticas, con jueces dispuestos a retorcer la ley y legalizar su posesión utilizando elementos del derecho privado que no aplica a los baldíos como bien de la nación. Tierras que hoy, por medio de presiones y testaferros, son compradas a los campesinos colonos por parte de grandes empresas como Cargill y Riopaila, que luego las engloban en paraísos fiscales para hacerlas pasar por inversión extranjera.
La titulación de los baldíos
Estas acciones ilegales van en contravía de la ley 160 de 1994, en especial de su artículo 72, el cual deja muy claro que los baldíos no se podrán titular ni a personas naturales ni jurídicas, ya que estos son un bien de la nación y son objeto de reforma agraria, donde su sujeto natural es el campesino sin tierras, y solo se reconoce su propiedad en predios no mayores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF). Es una situación que claramente incomoda a estos grandes intereses que se posan hoy, principalmente, sobre las tierras de la altillanura y amazonia colombiana, y que se expresan a través de la fuerte presión que viene ejerciendo la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), para que esta ley sea aprobada sin mucho debate, no siendo la primera vez que se recicla este proyecto de ley.
Los principales intereses
Además, esta reforma buscará dar prelación a los grandes proyectos extractivistas, como la minería, la extracción petrolera y por fracking, que hoy en día son considerados de interés público, por encima de la titulación de tierras a campesinos colonos. Además, daría la posibilidad de expropiación a las “tierras aptas para el desarrollo de actividades productivas que no se exploten o aprovechen por más de tres años continuos”, quedando en riesgo de ser arrebatadas tierras de titulación colectiva indígena o afro, desconociendo las dinámicas propias de estas culturas respecto a su interacción con la naturaleza y el uso no intensivo de sus suelos.
Proyecto, que, de ser aprobado, se convertiría en la estocada final a la esperanza de cambio, que para los campesinos y campesinas, albergaba la Reforma Rural Integral producto del acuerdo final. Todo esto se sumaría a la ya escasa implementación de los acuerdos, y de la misma ley 160 de 1994, como se da en estigmatización y freno a la constitución de las Zonas de Reserva Campesina, la violencia que viene afrontando el campesinado y sus organizaciones con el asesinato de sus líderes sociales.
Este acontecimiento es todo un andamiaje institucional que desconoce lo campesino como lo es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), que privatiza la asistencia técnica agropecuaria, el desconocimiento de la declaración de los derechos del campesino aprobado por la ONU, la criminalización del campesino que habita en zonas protegidas como los Parques Nacionales Naturales.
Todo esto forma parte de un Modelo de Desarrollo Rural que ve lo campesino, su economía, sus prácticas, su cultura como un elemento incómodo a sus intereses de especulación, agroindustria y megaproyectos minero-energéticos, siendo la reedición de la eterna búsqueda del capital por extinguir al campesinado como clase, buscando reducirlos a obreros de lo rural y desplazando su excedente a los márgenes de miseria de las grandes ciudades.
