Bajo fuego se encuentra la sucursal del cielo luego de iniciado el Paro Nacional en donde, masivamente la población caleña salió a respaldar la lucha social. Un mar de gente imparable a la que la violencia del Estado y el paraestado atacan en medio de la más fuerte demostración de racismo y odio de clase
Carolina Tejada
@carolltejada
Una movilización que se acrecentó el primero de mayo, día de la clase trabajadora y que vistió de dignidad la calle quinta, mientras al son del Grupo Niche, se entonaba “Cali ají”, “Buenaventura y Caney”. La manifestación alegre y pacífica de las personas marchantes, en medio de la indignación de la violencia institucional y policial de noches atrás, se conjugaba con una voz de resistencia social y Cali, expresaron los medios locales, fue epicentro de un estallido social.
¿Cuenta de cobro a la indignación social?
La ONG Temblores en una alianza con Indepaz, en su ejercicio de verificación y triangulación de información asociada a denuncias que se realizaron a nivel nacional, al día 9 de mayo, registraron un total de 47 personas asesinadas desde el 28 de abril de 2021, día en que comenzó el paro nacional. De estos asesinatos determinaron que 39 de ellos se dieron por violencia policial. 1 de las 47 víctimas de violencia homicida, 2 eran mujeres y 45 eran hombres. De este total de víctimas 36 de los casos se presentaron en el Valle del Cauca, 35 en ciudad de Cali y 1 en el municipio de Yumbo.
En la sucursal del cielo, las personas heridas han sido incontables, las noches se convirtieron en la hora en la que, en medio de la oscuridad, la fuerza pública de manera solapada ha llegado a disparar, detener y aterrorizar a quienes, desde los barrios populares, en las avenidas principales y a las afueras de la Universidad del Valle, se resisten a seguir viviendo en medio del abandono y la pobreza.
“No tenemos nada que perder. ¡Uribistas!”, gritaba un joven en una trasmisión en vivo de una de las manifestaciones de la ciudad. Y, es que la indignación de la sociedad ha llegado con reflexiones que evidencian el cansancio de un sistema social, económico y político que no es nuevo, y han puesto en la palestra al expresidente Uribe, como responsable de la hecatombe nacional. Uribe es una secuencia política que comenzó en la década de los ochenta conjugando el neoliberalismo, el narcotráfico y el paramilitarismo en un proyecto de violencia y desigualdad en el país. No de gratis han sido los innumerables murales cuyo único mensaje es: antiuribistas.
Racismo estructural
“Policía no me mate, a ustedes qué les pasa, oprimen al pueblo, matan a su propia raza” en un video que fue viral en redes a inicios del mes de mayo, un grupo de adolescentes afro rapeaban unas estrofas, llamando la atención sobre la crisis social en la ciudad y la respuesta violenta que el Estado le ha dado a la población que, en medio del paro exige sus derechos. Y no es para menos, la ciudad está en una profunda crisis social y económica. Cali y su área metropolitana, tiene hoy 36,4% de las personas en situación de pobreza y el 13,3% en pobreza extrema, según el Dane, en una publicación del 2021. Más de la mitad de los habitantes de la ciudad son afrodescendientes y es, además, la principal ciudad que recibe desplazamientos de este grupo poblacional.
“Duque es el enemigo y el gobierno es la amenaza. Nací en Cali, me crié en Buenaventura, orgulloso de mi tierra yo amo a mi cultura. Mi gente se para duro, porque la vaina está dura. Somos gente buena, y nos tratan como basura. Policía no me mate, por favor no me dispare”. Como esta estrofa de los chicos que cantan rap, hay muchos cantos que al unísono piden justica y frenar el racismo, el mismo racismo que se evidenció el pasado 8 de mayo, cuando la minga indígena llegó al puente de La Viga, porque un consejero indígena se encentraba atrapado en el lugar, en medio de una horda de hombres vestidos de blanco que arengaban en contra de la humanidad de las y los mingueros.
John Jairo Hoyos, representante a la Cámara, hijo de uno de los diputados del Valle asesinados por las Farc-ep, se encontraba en el lugar, era la una de la tarde, y en un relato escrito expresó: “Allí estaban unas 20 personas vestidas de blanco y con camionetas de alta gama. Nos invitaron a que entre todos atajáramos a los indígenas. Los de blanco se atravesaron en el camino, los detuvieron y les decían que “Cali se respeta”. Así que finalmente la chiva se devolvió”.
Dice el congresista que “al que tuviera pinta de indígena, no lo dejaban pasar” y en medio de la situación de caos y de más profundo racismo, como se pudo ver a través de los videos que luego fueron virales en redes, las personas de blanco de los barrios más ricos de la ciudad, como Ciudad Jardín, empezaron a disparar en contra de la guardia.
Paramilitarismo en la ciudad
“Algunos de los vehículos de alta gama se movieron a un punto cercano a la iglesia de La María. Y en ese momento empiezo a escuchar que los indígenas de la minga vienen. Nos dicen que vienen con palos y que se van a tomar la zona”. Narra el congresista que se movió hasta el semáforo de la 127, donde estaban los indígenas y empezó a grabar. “En ese momento, comienzan los disparos que vienen de la parte de arriba; los indígenas que venían en chivas se bajan: unos se tiran al piso y otros van corriendo hacia el sitio de dónde venían los disparos. Veo que llega una ambulancia y sacan a una persona herida” se trataba de la joven indígena Daniela Soto, quien recibió dos balazos en el abdomen. Cerca, dice el congresista, “había siete u ocho policías”.
Estas imágenes quedaron grabadas en video en su celular. Pero lo que salió en los medios de comunicación nacional, fue otra cosa. “Cuando yo iba de regreso hacia el puente de La Viga iban subiendo dos camionetas con las placas cubiertas y una moto de la policía al lado; todos iban dialogando. En el camino encontré tres chivas. Me pongo a hablar con ellos y me explican que su objetivo era auxiliar al consejero. Cuando llego a mi casa, empiezo a encontrar en las redes sociales una serie de videos en los que pretenden mostrar a los indígenas como los agresores, que fueron a tomarse los carros, causar daños y a agredir a las personas. Eso es totalmente falso, es una mentira”. Asegura.
Nueve comuneros y comuneras heridas a bala se reportaron ese día. A cargo de la policía en Cali, está el brigadier general Juan Carlos Rodríguez Acosta, a quién desde hace tiempo han señalado de cometer todo tipo de abusos policiales y crímenes contra la población. El brigadier, viene de ser jefe de Contrainteligencia y las prácticas ejecutadas por él, son hechos que ponen a la población civil como objetivos, utilizando todo tipo de artimañas anticonstitucionales. En este hecho en particular, los videos son contundentes, fuerza pública recogiendo en camionetas blancas a hombres armados vestidos de blanco de los lugares en donde se presentaron los disparos contra la minga.
La tricolor por Cali
“Llevo mi bandera encima como un tatuaje, marchamos solamente pa´ que el IVA baje” los chicos raperos cantan con la tricolor, y la bandera a cuesta, la misma que, reflejando una identidad nacional en cada manifestación pacífica en la ciudad y el país, se le ha arrebatado a quiénes desde un falso patriotismo, por años la izaron mientras invocaban bombardear los campos y hacer barridas de jóvenes en los barrios populares para afianzar una guerra contra insurgente. Las camisas blancas aparecen en quiénes abanderan el llamado a la violencia y disparan contra la población, sus mensajes son de odio y profundamente racistas.
Hoy la tricolor se impone como símbolo de resistencia, de denuncia y como un llamado a parar la guerra en las ciudades contra la población que exige cambios estructurales. En Cali, la violencia sigue creciendo bajo la imposición del presidente Iván Duque, así como ha crecido la solidaridad ante este nuevo fenómeno de paramilitarismo armado y camuflado de blanco. Cali es ají y como dice la canción “no hay cañaduzal que se esté quieto”. Cali se sigue moviendo mientras se roba las miradas solidarias de todo el país que exige derechos, paz y que terminen las largas noches de terror.
