Silvano Calvo
Luego de más de 20 años de polémica por el contrato ilegal que une a los Activos del Municipio del Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Plantas de tratamiento y redes) con la empresa ESPO SA ESP, el Juzgado Segundo de Oralidad de Cúcuta resolvió el asunto mediante sentencia del 28 de abril de 2015, reformada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 12 de junio de 2017, dentro del trámite de Acción Popular instaurado en 2011 por el abogado ocañero Henry Pacheco Casadiego.
La justicia pudo establecer que los contratos de arrendamiento de los bienes del municipio, con los cuales ESPO presta el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en Ocaña, no cumplían con los requisitos de contratación estatal exigidos por la Ley 80 de 1993, situación que en su momento pudo llevar a los estrados judiciales a quienes intervinieron en la creación de la ESPO y la firma de dicho contrato de arrendamiento, pero que por más de 20 años pasó prácticamente desapercibida, y ninguna administración municipal realizó acciones eficaces para superar el carácter de ilegalidad en dicha operación, por lo que al día de hoy, ESPO SA ESP presta el servicio de Acueducto y Alcantarillado en Ocaña de forma pirata.
El fallo ordena, en concreto, que el municipio de Ocaña debe realizar todas las acciones necesarias tendientes a la recuperación de los activos del acueducto, alcantarillado y aseo de su propiedad, con el fin de que se garantice la prestación del servicio respetando las normas de contratación estatal, entregando en concesión la prestación del servicio si no existe otra alternativa de carácter legal, especialmente el acueducto y el alcantarillado, excluyendo al servicio de aseo de éste mandato, porque el mismo tiene una regulación diferente y especial.
Aunque no se discute que, sin lugar a dudas, la justicia actuó en derecho, el mandato judicial le cayó como el baloto a la clase política gobernante en Ocaña y en Norte de Santander.
En un primer momento el representante a la Cámara Ciro Rodríguez se apresuró a lanzar la idea de la creación de una nueva empresa privada, quizá afín a sus amigos en Ocaña, para que se le adjudicara dicha concesión del agua, sin embargo, fue abandonado en su propósito, pues hubo alguien más fuerte que se le adelantó.
El actual diputado de Norte de Santander, Pedro Leyva Rizzo, al parecer, se encargó de ofrecerle una mejor idea a William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander, con el fin de organizar la Concesión del Agua de Ocaña, con una empresa causalmente muy cercana a sus amigos.
Leyva apareció en los círculos políticos del departamento en el año 2015, luego de haber sido colaborador cercano del exgobernador de Sucre Julio Miguel Guerra Tulena entre 2013 y 2014, tanto así que le puso más de 800 votos en Ocaña al hijo de su mentor, Julio Miguel Guerra Sotto en su aspiración al Senado de la República y éste le correspondió vinculado laboralmente a su hermano a la Unidad de Trabajo Legislativo en el año 2016.
En el marco de estas relaciones, al parecer, previo a la aprobación del acuerdo 011 del 11 de diciembre de 2018 del Concejo de Ocaña, se reunieron en Cúcuta tres concejales del municipio con el diputado Pedro Leyva, con el fin de que aprobaran prontamente las facultades a la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, para que entregara en Concesión el Agua, como finalmente sucedió. Ojalá el diputado y los tres concejales tengan el valor civil de contarle a la ciudadanía si la reunión existió o no y qué temas se trataron en dicha conversación, o sólo se trató de una sana intervención por la preocupación del futuro de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad.
Por ello nació en febrero de 2019 la iniciativa de los Referendos Derogatorios de los acuerdos del Concejo de Ocaña que permitieron las concesiones del Agua, Alumbrado Público y Tránsito en la ciudad, con el objetivo de que fuera la ciudadanía la que decidiera si quería o no las concesiones, sin embargo, a pesar de haber logrado recoger más de 20 mil firmas para convocar el referendo, la Registraduría tiene embolatado el trámite, mientras la amenaza de licitación sigue vigente.
Lo cierto es que, con fundamento en el acuerdo 011 de 2018 que aprobó el Concejo de Ocaña a espaldas de la ciudadanía, en abril de 2019 apareció en el SECOP I la convocatoria de Licitación Pública para contratar un operador privado para el servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Ocaña bajo la modalidad de Concesión a 25 años.
En los pre-pliegos de condiciones para dicha licitación aparecieron recurrentemente nombres de municipios de los departamentos de Sucre y Córdoba donde opera la empresa Aguas del Sinú, lo cual fue justificado en su momento por el asesor jurídico del Municipio de Ocaña como “errorcillos de redacción” que serían subsanados dentro del trámite de la licitación. Sin embargo, quizá por los afanes de adelantar el negocio, dejaron en evidencia el “copia y pegue” que estaban realizando de otros pliegos de condiciones en dichos departamentos.
Por lo anterior, se radicó Acción Popular en contra de dicho proceso de licitación, la cual se tramita en el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Cúcuta en nombre del ciudadano Silvano Calvo Calvo, con la cual se logró la suspensión provisional de dicho proceso desde el 14 de mayo hasta el 10 de julio, cuando fue revertida la decisión de suspensión por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, extrañamente en tiempo récord para lo que es la administración de justicia en Colombia.
En medio del trámite, sobrevino la destitución del cargo de la Alcaldesa de Ocaña Miriam Prado, una de las más interesadas en sacar adelante la Concesión del Agua antes de la terminación de su mandato, por lo que el trámite de la licitación, nuevamente se empantanó.
Sin embargo, el gobernador William Villamizar, antes de que también fuera separado de su cargo por la Procuraduría, dilató el nombramiento en propiedad de un nuevo alcalde para el municipio de Ocaña, cuyo tiempo ha sido aprovechado por el alcalde encargado de Ocaña, Wilmar Bayona, para apersonarse casi exclusivamente de tratar de sacar adelante la Licitación del Agua, antes de que termine el mandato de la administración actual.
En éste sentido, expidió el Decreto 092 del 27 de Agosto de 2019, en el que se declara una supuesta Emergencia Manifiesta, el cual no fue efectivamente publicado por los canales de comunicación de la Alcaldía de Ocaña, sino que se mantuvo en secreto hasta el 15 de septiembre, es decir, 3 días después de que el Alcalde (E) intentara tomarse por las fuerza las Plantas de Tratamiento de Agua del Municipio de Ocaña, en una operación emboscada en medio de la madrugada, la cual se contuvo gracias a los trabajadores indirectos de la ESPO SA ESP, quienes preocupados por su futuro laboral, tuvieron el valor de impedir la irracionalidad de la actual administración municipal.
A partir del 15 de septiembre empezó develarse la operación clandestina desplegada. Se supo entonces que, con fundamento en la supuesta Emergencia Manifiesta que nunca existió, el alcalde Wilmar Bayona suscribió el contrato AMO-006 con la empresa SEMNSA por valor de Mil Ochocientos Millones de pesos ($1.800.000) con un anticipo ya pagado de Cuatrocientos Millones de pesos ($400.000), de pésima reputación en el manejo de aguas en el Atlántico, para que operara temporalmente el servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y poder sacar a ESPO SA ESP del manejo de la operación del servicio, con el fin entregarlo en licitación pública, posteriormente, a una empresa diferente de forma definitiva en los términos de la licitación pública.
Desafortunadamente para los amigos de la Concesión del Agua, el Comité de Verificación de la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cúcuta, que es el encargado de la implementación y cumplimiento del fallo que desató la guerra, ha decidido mantener la prudencia sobre la forma en que se deben retomar los activos del municipio en el Acueducto, Alcantarillado y Aseo, optando por evitar todas las acciones de hecho que ha querido desplegar el Alcalde Encargado con la expedición del decreto 092 de 2019, dándole prioridad a un calendario concertado para la entrega de Bienes y Activos entre la ESPO SA ESP y la Alcaldía de Ocaña, con fundamento en un inventario de bienes que debe elaborar la perito designada por el despacho y que todavía no tiene claras las fechas y formas de entrega.
A pesar de todo, es claro hasta hoy que los términos de la licitación que logró suspenderse en el mes de abril de 2019, están curiosamente relacionados con las características de la empresa Aguas del Sinú que opera en los departamentos de Córdoba y Sucre, los mismos donde el diputado Pedro Leyva tiene estrechas relaciones con la dirigencia de esos departamento, tal como ha quedado en evidencia con el entramado de contratación alrededor de la empresa Tanai Jawa que presta el servicio de alimentación escolar en Norte de Santander y Sucre, cuyos convenios se encuentran bajo la lupa de la procuraduría desde el año pasado, o el de la empresa Niu Telco SAS cuyos contratos de Bilingüismo para La Guajira derivaron en la separación del cargo del Gobernador de Norte de Santander.
En este contexto, la dirigencia departamental y municipal tienen mucho que explicar sobre éstas extrañas coincidencias sobre un negocio que vale más de Trecientos Mil Millones de Pesos ($300.000.000) y que se puede convertir en el pequeño Odebretch de Ocaña, pues el partido Cambio Radical, al que pertenece el diputado Pedro Leyva con el apoyo de Edgar Díaz, íntimo amigo de William Villamizar, tiene candidato a la Alcaldía de Ocaña, y también William Villamizar y su Partido de la U tienen candidato a la Alcaldía de Ocaña, ¿será que pretenden seguir adelante con la Concesión del Agua gane el que gane?.
Mientras tanto los ocañeros están expuestos a que en cualquier momento falle la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado o se queden con las basuras en las calles como sucedió en Bogotá al momento del cambio de Operador para la prestación de dichos servicios, y sobre todo amenazados a que se le imponga a la ciudad una Concesión del Agua por 25 años cuyos pliegos de condiciones contemplan un mínimo de 15% de utilidades para la nueva empresa y 7% más para pagar la interventoría del contrato, es decir, un automático 22% de alza en la tarifa del agua apenas entre a operar el Negocio del Agua.
Frente a tamaño problema los concejales de Ocaña han pasado de agache el necesario debate al que han debido vincular a la ciudadanía, antes de aprobar las facultades de la Alcaldesa para entregar en Concesión el Agua, pues pudieron citar siquiera a un Cabildo Abierto para que los ciudadanos, Juntas de Acción Comunal, asociaciones de usuarios y académicos, participaran y aportaran sus visiones sobre posibles salidas limpias a la implementación de la sentencia, entonces ¿por qué no lo hicieron?.
