El Centro Democrático quiere compensar a despojadores, terratenientes, testaferros del paramilitarismo y políticos gamonales acaparadores de tierras de campesinos, cambiando la naturaleza de la ley de víctimas
Simón Palacio
@Simonhablando
El pasado 5 de septiembre la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, radicó un proyecto que busca reformar la ley 1448 de 2011, especialmente los procedimientos para la restitución de tierras.
La iniciativa apunta a dejar sin sustento jurídico a los campesinos que se encuentran en pleno proceso de reclamación de tierras despojadas por la presencia paramilitar en distintas regiones del país. Pretende Cabal lanzar un nuevo dardo a la ley de víctimas en favor de los tenedores “de buena fe” de la tierra, que en el mayor de los casos son despojadores de tierra mediante testaferros.
Cabal ampara en el vacío jurídico que todavía existe en la norma sobre la propiedad legítima de los segundos o terceros poseedores que adquirieron “legalmente” las parcelas de los campesinos despojados, que las vendieron legalmente en el afán de huir de la violencia.
Para expertos en el tema, uno de los puntos más preocupantes de la propuesta de Cabal es la incorporación a la ley de la figura jurídica de “compensación para compradores de buena fe”, que se trata de una compensación material de las tierras restituidas a los campesinos reclamantes por una tierra de igual condición en cualquier otra parte de Colombia. Es decir, que el Estado tendría que entregarles a los testaferros de los paramilitares y despojadores una tierra de las mismas condiciones. Es decir, pagar por la apropiación ilegal de predios a los terratenientes despojadores.
Dice el artículo de la iniciativa de Cabal: “En todo caso quien sea obligado a entregar en restitución su predio, y no haya tenido relación directa o indirecta con el despojo o agente generador de violencia deberá ser compensado o reubicado en un predio de similares características.”
Otra de los absurdos de la iniciativa es la imposición de sanciones a los campesinos que inicien los procesos de restitución de sus predios. Según la senadora Cabal, quienes reclaman tierras en Colombia lo hacen por un móvil político y no porque en realidad sean propietarios. En ese caso todas las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que apoyan los procesos de restitución de tierras estarían inhabilitados para actuar por orden de la ley de víctimas. “Incurrirá en prisión quien incite o persuada con fines políticos, ideológicos o económicos a una persona para iniciar el procedimiento de reclamación de tierras”, dice la exposición de motivos y el articulado del proyecto de ley.
El proyecto elimina el principio de buena fe exenta de culpa sobre los reclamantes, esto quiere decir que la ley que ha mantenido un principio de favorabilidad a quienes han sido víctimas de despojo y han emprendido acciones de reclamación, entrarían, de ser aprobada la norma, a un marco jurídico igual que el de un proceso civil. Además, despertaría un debate sobre la retroactividad de la norma en los procesos en los que no se ha emitido sentencia.
Finalmente, el proyecto de ley del Centro Democrático pretende modificar la carga de la prueba que hoy no la tiene quien reclama la tierra sino el tenedor actual, que debe presentar las pruebas indicadas para que se le considere un comprador legítimo de tierras despojadas. Con el cambio de paradigma en la carga probatoria será el campesino el que deba presentar todas pruebas de propiedad de la tierra despojada o de lo contrario perderá su oportunidad de recuperar lo que le fue usurpado.
No es la primera vez que el Centro Democrático insiste en el tema. En el año 2016 habían presentado una iniciativa de igual tenor, que le apunta a los mismos fines, y proteger a los acaparadores y terratenientes a lo largo y ancho del país.
