La grave crisis económica, social y ambiental que viven las comunidades del centro y sur del Huila a causa de la construcción y puesta en operación del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo es la consecuencia de un modelo económico que utiliza el despojo y la explotación intensiva de los bienes comunes naturales para la acumulación de capital
Juan Carlos Albarracín Gallego – Asoquimbo
El 15 de mayo de 2019 se cumplieron 10 años de la expedición de la Resolución 0899 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Está hace referencia a la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, una represa que inundó 8.250 hectáreas de las tierras más productivas del departamento del Huila y que le arrebató el derecho al trabajo y la vida digna a miles de campesinos con el único propósito de generar 420 megavatios de energía eléctrica que hoy benefician económicamente a la empresa multinacional Enel-Emgesa.
El Quimbo, como expresión del modelo extractivista, fue construido para satisfacer las demandas y exigencias del mercado internacional, para convertir un bien común natural como es el agua, en un activo financiero que enriquece a unos cuantos, a costa de la destrucción de los territorios con potencialidad agroalimentaria, a costa de la soberanía territorial, de la depredación de la biodiversidad, la destrucción de nuestros ecosistemas y del desplazamiento de los campesinos.
Con la complacencia del Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, El Quimbo no sólo fue aprobado sin el cumplimiento de los estudios de vulnerabilidad, riesgos e impactos, sino que se le ha permitido a Enel-Emgesa vulnerar todos los derechos económicos, sociales y culturales de la población residente en la zona.
La crisis en el territorio
En estos 10 años, la licencia ambiental de El Quimbo ha sido modificada 26 veces por la ANLA, que representan, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 117 cambios que disminuyen las obligaciones sociales y ambientales que adquirió la compañía para la construcción de este proyecto.
La principal crisis económica y social la viven jornaleros, partijeros, arrendatarios, pequeños propietarios, mayordomos, volqueteros, mineros y pescadores artesanales, paleros y canoeros, quienes dependían de las tierras y el río para el desarrollo de su actividad productiva. A ellos, El Quimbo los despojó de sus tierras, les quitó el derecho al trabajo y no los reconoce como afectados.
De las cerca de 30 mil personas inscritas en el censo de afectados, Enel-Emgesa sólo ha reconocido un poco más de 1.000, en un proceso que no contó con la “participación, información y concertación, que implica el consentimiento libre e informado”, tal y como lo ratificó la Corte Constitucional en la sentencia T-135 de 2013 que obliga a Enel-Emgesa a realizar un nuevo censo y que a la fecha ha desacatado la multinacional.
De las 5.200 hectáreas de tierra que deberían comprarse y adecuarse con distrito de riego por gravedad para la restitución de la actividad productiva, hoy no se ha entregado una sola hectárea a los afectados, lo que ha representado la destrucción de las cadenas productivas en la región y con ello el aumento del desempleo.
Catástrofe anunciada
Con el llenado del embalse y la entrada en operación de la central hidroeléctrica en el año 2015, se agudizó la crisis económica, social y ambiental. Enel-Emgesa, obviando otra obligación de la licencia ambiental, no retiró el material vegetal (masa forestal y biomasa) del vaso del embalse previo a su llenado, lo que provocó contaminación del agua y pérdida de oxigenación que derivó en una mortandad de peces sin precedentes en la historia del Huila, dejando hasta hoy sin el sustento económico a pescadores y rivereños aguas abajo sobre en el río Magdalena y la represa de Betania.
El Quimbo hoy es sinónimo de despojo y ecocidio, pero además representa un grave riesgo y amenaza permanente para los habitantes del Huila y todas las poblaciones que se encuentran en los márgenes del río Magdalena.
En lo que se ha denominado “una catástrofe anunciada”, la represa fue construida en una zona con alto riesgo de sismicidad y no contó con los estudios geológicos suficientes que permitieran prever las fallas técnicas y desastres que hoy se hacen evidentes en la destrucción de la infraestructura vial, derrumbes, filtraciones y avalanchas que mantienen incomunicado al sur del Huila, semiparalizada la actividad comercial de varios municipios y en permanente zozobra a los habitantes de la región.
La demanda
Desde el año 2014 el Centro de Estudios Tierra Digna y Asoquimbo interpusieron ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la licencia ambiental de El Quimbo presentando tres cargos en contra del Ministerio de Ambiente y la ANLA.
El primero de ellos es la falsa motivación, en el entendido de que el gobierno estaba en la capacidad de prevenir las afectaciones generadas por la megaobra y no las evitó, sino que tomó la decisión de otorgar la licencia sin conceptos previos. El segundo cargo es el de incumplimiento de los requisitos o irregularidades en la sustracción de 7.500 hectáreas de reserva forestal protectora de la amazonia que se encontraban en la zona de inundación, y el tercero denominado violación de ley sustancial obedece a que la autoridad ambiental dio vía libre al proyecto sin cumplir con el requisito de los estudios de vulnerabilidad social y sísmica que son inherentes a la construcción de represas.
Hoy, cinco años después, el Consejo de Estado admitió la demanda e inició el proceso de litigio en el que se enfrentan las comunidades en resistencia, representados por Asoquimbo y Tierra Digna, contra el Ministerio de Ambiente, la ANLA y Enel-Emgesa. El proceso está ante la primera demanda de nulidad interpuesta y admitida contra un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico, lo cual no sólo representa un precedente jurídico sino una ventana para la exigencia de la nulidad de otros proyectos minero-energéticos en el país.
Resistencia popular
En la audiencia inicial que tuvo lugar el pasado 9 de agosto, el Consejo de Estado reconoció la validez de los tres cargos presentados por los demandantes, afirmó la vinculación de las entidades demandadas y ordenó la entrega de pruebas testimoniales e informes de seguimiento y control a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena de acuerdo a la solicitud allegada por Tierra Digna y Asoquimbo.
Es de resaltar, que de manera alterna Asoquimbo miembro del Movimiento Nacional Ríos Vivos, convocó a un plantón frente a la sede de Enel-Emgesa en el municipio de Garzón, exigiendo al Consejo de Estado la nulidad del acto administrativo que da vida a la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico.
Este avance no hubiera sido posible sin una resistencia histórica de 10 años, emprendida por las comunidades que han encontrado en Asoquimbo y el Movimiento Ríos Vivos, la fuerza organizativa y los argumentos para la defensa de los territorios y la vida.
