En dos entregas se realizará un informe sobre el paramilitarismo en Colombia después de la dejación de armas de las FARC. La opinión de los defensores de derechos humanos y sus recomendaciones
Hernán Camacho
@camachohernan
La erradicación del paramilitarismo en Colombia es un asunto de fondo para garantizar la paz estable y duradera, y el ejercicio pleno de la democracia. En un reciente informe sobre el panorama de este fenómeno, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, revelan el modo de acción de los grupos paramilitares en los territorios desde la dejación de armas de las FARC-EP.
“Persistencia del paramilitarismo y falta de voluntad estatal para su judicialización y desmantelamiento” es el titulo del extenso informe del mes pasado y que sirve para identificar la magnitud del paramilitarismo hoy en el país y la consecuencia de ello con al menos cien líderes sociales asesinados. Incluso podemos identificar como generadores del desplazamiento de unas 3.189 personas en su mayoría provenientes de la región del Catatumbo, según informó en su boletín mensual la Defensoría del Pueblo.
Complicidad estatal
La fase de recrudecimiento de los actos violentos del paramilitarismo en el último tiempo ha tenido una constante creciente desde la dejación de armas de las FARC-EP y la salida de esa guerrilla de los territorios que antes controlaba. En esas regiones el Estado colombiano no pudo hacer presencia y por tal razón están en manos de las llamadas “bandas criminales”, “Grupos Armados Organizados” y grupos narcotraficantes, que además de ser los dueños de la economía ilegal son una fuerza en armas que regula la vida de las comunidades, imponen políticas restrictivas a la libertad y asesinan a líderes sociales.
“Durante el año 2017 se registraron 106 asesinatos de líderes y defensores y defensoras de derechos humanos, con un incremento del 32,5% de casos, lo que representa la cifra más alta de asesinatos de líderes sociales desde el año 2002, según el Programa Somos Defensores. Para la Defensoría del Pueblo son 286 los líderes sociales asesinados entre enero de 2016 y febrero de 2018”, indican las organizaciones sociales autoras del informe.
Para los defensores de derechos humanos la naturaleza del paramilitarismo tiene un origen en el Estado colombiano auspiciado por una política de enemigo interno que apela a manuales contrainsurgentes para combatir militarmente a las personas y comunidades que se plantan contrarias a las políticas locales y nacionales del gobierno de turno.
Acciones paramilitares
Para los defensores de derechos humanos el paramilitarismo ha venido evolucionando en sus fuentes de financiación y en la extensión de sus acciones violentas. De las prácticas más usuales del paramilitarismo de hoy, luego de la firma de los acuerdos de paz y la falta de implementación de una lucha frontal contra este flagelo, se encuentran: Persecución a defensores y defensoras de DD.HH. y liderazgos sociales, control territorial, práctica contrainsurgente, relación con rentas ilícitas y control de mercados locales, control violento de mercados legales, cooptación de poderes regionales, colaboración con fuerzas armadas del Estado.
La presencia del paramilitarismo ya es en todo el país, incluso en su capital. De acuerdo al XIII Informe “Narco-paramilitarismo” realizado por la fundación Indepaz el primer semestre de 2017 los grupos paramilitares tenían actividad en 274 municipios de 28 departamentos, mostrando una alta intensidad en 165 municipios de 23 departamentos. Un año después la presencia en esas regiones ha aumentado en número de hombres y fuentes de financiación.
“En 5 departamentos, Córdoba, Chocó, Meta, Antioquia y Risaralda, la presencia de grupos narco-paramilitares supera el 50% de sus municipios. Precisamente, estos 5 departamentos concentran el 33% de los homicidios perpetrados contra defensores/as de DD.HH. La situación en Nariño se ha venido agravando en el último año, según informes recientes de la Defensoría del Pueblo, especialmente en las regiones de la Costa Pacífica, el piedemonte costero, los municipios de la cordillera, el occidente de Nariño y los municipios de la frontera con Ecuador”, indica el informe.
Tercera generación paramilitar
El “Clan del Golfo” y las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” son las bandas paramilitares con mayor número de integrantes y presencia en 22 departamentos y 211 municipios. “Los Rastrojos” con presencia en 27 municipios de 7 departamentos y las “Águilas Negras” con presencia en 24 municipios de 10 departamentos. Las bandas paramilitares que les siguen son “Los Puntilleros”, “Cordillera”, “Los Pachenca” y “La Constru”.
Para los investigadores, el paramilitarismo sigue siendo una política de Estado enmarcada en una madeja de instrumentos jurídicos de todo nivel que aún perviven en el mundo jurídico y político: “Las organizaciones sociales hemos constatado que las normas y manuales contrainsurgentes que ordenan la creación de grupos paramilitares, juntas de autodefensas o estructuras de civiles armados continúan vigentes y no se conocen normas expresas que hayan derogado estas políticas, que han sustentado la doctrina de la seguridad nacional y la concepción del “enemigo interno”. Los cambios anunciados en la publicitada doctrina Damasco no permiten evidenciar que estas directrices hayan sido derogadas, además por el hecho de que la sociedad ha sido excluida del debate sobre la nueva doctrina. Manifestaciones concretas de la pervivencia actual del paramilitarismo como política actual pueden evidenciarse en hechos como los siguientes”.
Impunidad
En cuanto a la impunidad, el estudio señala que cada una de las instancias judiciales, desde la fiscalía hasta las altas cortes, siguen en deuda sobre la responsabilidad de las acciones de los paramilitares, el reconocimiento de responsabilidad y el derecho de las víctimas a la verdad. Pero la institución que más impunidad genera en la cadena judicial es la Fiscalía General de la Nación.
“Al día de hoy no existen avances importantes en la investigación, judicialización y juzgamiento de estos actores. Esta es otra deuda que la Fiscalía General de la Nación tiene con la sociedad y con las víctimas, esto a pesar del grupo especializado de fiscales e investigadores creados a finales del año 2015 con el propósito esclarecer este tipo de criminalidad. Al día de hoy no existen resultados tangibles”, indican los defensores de derechos humanos.
Por ese hecho, las víctimas reclaman que se inicien las acciones judiciales en el marco de la Justicia Especial para la Paz, que puede reconstruir los procesos judiciales, llamar a testimonio a los presuntos responsables y sancionar las conductas después de cumplir el principio de verdad y reparación por esas acciones.
En la próxima entrega señalaremos los deberes que a juicio de los defensores de derechos humanos el estado debe adoptar como políticas públicas para desmontar el paramilitarismo en la sociedad colombiana.
