Dos informes de la ONG internacional Human Rights Watch advierten que Colombia es el país en América Latina con la situación más grave en materia de derechos humanos y uno de los primeros en el mundo
Alfonso Castillo
@CastilloAlfo
En el último mes, la ONG internacional Human Rights Watch ha entregado dos informes sobre la situación de derechos humanos en Colombia: de un lado el reporte anual que ese organismo presenta sobre el tema en distintos países del mundo dado a conocer a mediados del mes de enero del año 2021, y en segundo lugar un informe sobre el asesinato de líderes y comunidades indefensas dado conocer el 10 de febrero del año 2021.
En el reporte anual se da cuenta de manera descriptiva y muy general sobre las amenazas a líderes, lideresas y comunidades, identificando varios factores de riesgo, entre los que se encuentran: las guerrillas y las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares, los abusos de autoridad y las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, el asesinato de líderes y lideresas, la independencia judicial, las amenazas al cumplimiento del Acuerdo de Paz, la restitución de tierras y los desplazamientos, la violencia de género, la situación carcelaria, la migración venezolana, derechos de las comunidades indígenas, y la población con discapacidad, entre otros aspectos, así como la identificación del papel de la comunidad internacional en el desarrollo de la búsqueda de alternativas para la superación de las violaciones a los derechos humanos.
Asesinatos de lideresas y líderes
Pero es el informe sobre el asesinato de defensores de derechos humanos donde el organismo internacional advierte sobre las diferentes causas generadoras del creciente número de asesinatos de líderes y lideresas, así como, las situaciones de riesgo que viven diferentes comunidades, que el informe señala como zonas remotas de Colombia.
“Los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron a medida que diversos grupos armados ocuparon rápidamente el vacío que dejaron las FARC y comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producción de coca y otras actividades ilegales”, se señala en el resumen del informe.
Igualmente, se identifica que parte de la responsabilidad en esta grave situación contra líderes y lideresas es el lento cumplimiento por parte del gobierno de los compromisos adquiridos en la implementación del acuerdo de paz, lo que, de acuerdo a un estudio del Instituto Kroc de estudios internacionales de paz, significaba una “baja probabilidad de ser completados en el mediano y largo plazo”, refiriéndose a la implementación del tema de reforma rural integral y la nueva política sobre drogas.
Débil presencia
La débil presencia del Estado colombiano en muchas regiones del país, sumado al compromiso de muchos líderes y lideresas especialmente vinculados a las Juntas de Acción Comunal en la implementación de los acuerdos de paz los ha colocado en una situación de grave vulnerabilidad y riesgo, por cuanto se trata de zonas en una fuerte disputa de grupos armados ilegales, y donde la única presencia del Estado es la fuerza pública, que en muchas ocasiones privilegia la acción militar antes que la protección de las comunidades.
Para el organismo internacional de derechos humanos es necesario fortalecer la presencia civil del Estado, especialmente fortaleciendo los aparatos que permitan las investigaciones penales y el desarrollo de procesos judiciales que lleven a la identificación y condena de los grupos y personas comprometidas en el accionar criminal de grupos ilegales, así como el asesinato de líderes y lideresas.
Sin implementación
En relación con la protección de defensores de derechos humanos y prevención de los abusos, el informe señala que son insuficientes los esfuerzos que hace la Unidad Nacional de Protección, UNP, a pesar del fortalecimiento de la entidad. Asimismo, llama la atención sobre el desinterés que las autoridades en distintos ámbitos, prestan a las alertas tempranas elaboradas por la Defensoría del Pueblo, lo que sin duda alguna incrementa el riesgo de muchas comunidades y líderes, sobre los cuales se pudieran desarrollar algunas acciones, si se adoptarán las respectivas medidas.
También se señala que existe una gran cantidad de mecanismos de protección y prevención, sin embargo, esto sólo contribuye a la dispersión de recursos, a la duplicación de esfuerzos institucionales y en todo caso para dar la impresión de que se están tomando medidas, pero éstas no funcionan: La lenta implementación de los planes de protección colectiva, la no convocatoria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la poca claridad y escaso impacto del Plan de Acción Oportuna de prevención y protección, PAO, poca eficacia en la protección de líderes a las Juntas de Acción Comunal, dan cuenta de un colosal fracaso de las políticas de protección implementadas durante el gobierno de Iván Duque.
Detener los asesinatos
El informe advierte sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos judiciales y el cumplimiento de la creación de cuerpos especializados de jueces, para investigar la sistematicidad de los crímenes contra los defensores y defensoras de derechos humanos, señalando que, “a menos que el gobierno tome medidas serias, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados en Colombia y, en consecuencia, cientos de comunidades queden indefensas”.
La aguda problemática de derechos humanos en Colombia ha hecho que también el gobierno de Joe Biden, llame la atención al gobierno colombiano: «Estamos preocupados por la violencia en curso contra los defensores de los derechos humanos, quienes desempeñan un papel vital en la construcción de una paz justa y duradera en Colombia. La reducción de esta violencia y el procesamiento de estos crímenes es una de las principales prioridades tanto para EE.UU. como para Colombia. Es un tema que hemos trasladado al Gobierno colombiano», dijo el portavoz del Departamento de Estado el pasado miércoles 17 de febrero.
Es importante entonces destacar el gran papel de la comunidad internacional exigiéndole al gobierno de Iván Duque respeto, garantías y una acción eficaz en el desmonte de grupos criminales, así como, efectiva acción de la justicia para esclarecer los crímenes contra centenares de hombres y mujeres comprometidos en la construcción de la paz.
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