El dispositivo policial ejecutado en Catalunya el primero de octubre, para intentar contener un referéndum democrático, no solo es la negación a un justo reclamo independentista, sino la incapacidad del gobierno español de resolver el problema de las nacionalidades
Alberto Acevedo
La brutal y desproporcionada represión dispuesta por el gobierno español contra el movimiento independentista catalán, el pasado primero de octubre, que en forma infructuosa pretendió contener la multitudinaria decisión de ese pueblo de expresar su voluntad en las urnas, mostró la verdadera catadura represiva del régimen gobernante del Partido Popular y sus aliados, y al mismo tiempo la incapacidad -por cierto, avalada por el rey de España-, para encontrar una solución al milenario reclamo independentista de un pueblo que defiende el derecho a ser dueño de su destino.
La movilización de piquetes policiales desde Madrid, la orden perentoria a la policía catalana de impedir la consulta en las urnas, arrojó un saldo de alrededor de 850 heridos, numerosos detenidos y otras expresiones de represión contra las autoridades regionales, impulsoras del referéndum.
Días antes de la jornada del primero de octubre, el gobierno federal de La Moncloa trasladó a Barcelona y otras localidades, fuertes piquetes policiales con la orden de perseguir las papeletas electorales, incautar la propaganda por el referéndum, cerrar las edificaciones donde irían a funcionar los centros electorales, incluyendo escuelas públicas, retener las urnas y en últimas, capturar a los líderes de la jornada, como en efecto sucedió.
Como de todas maneras la voluntad popular se impuso, y la gente salió a votar, las papeletas y las urnas aparecieron, y muchos electores, tras largas filas esperando su turno para depositar su voto, se quedaron en el sitio, como guardianes de las urnas, la policía arremetió brutalmente contra los electores, destruyendo locales, persiguiendo personas, con el lamentable saldo indicado.
Pese a la represión, la votación fue contundente. De un censo de 5.313.000 votantes habilitados, ejercieron su derecho 2.262.424, es decir, un 42 por ciento de participantes. De estos, el 90 por ciento votaron sí, por el derecho “a ser un Estado independiente en forma de república catalana”, como decía la papeleta. Al término de la jornada, el presidente de la Generalitat (gobierno local), Carles Puigdemont, reclamó un triunfo contundente en las urnas, y dijo que “Catalunya se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente”, al tiempo que expresó su “decepción como ciudadano europeo”, ante el saldo represivo.
Puigdemont hizo un llamado al diálogo para encontrar una salida favorable al reclamo catalán, y pidió la mediación internacional, ante la radicalización de las posiciones del gobierno de Madrid. Lo cierto es que Europa entera amaneció conmovida el lunes de la semana pasada, y la Comisión Europea varió su posición de apoyo incondicional a Rajoy y dijo en forma categórica que “la violencia nunca puede ser instrumento de la política”. La UE dejó de considerar el asunto catalán como un “problema interno” y llamó al diálogo urgente. Los periódicos europeos, entre tanto, calificaron como “vergüenza” el elevado saldo de heridos y detenidos.
Madrid rechaza el diálogo
Sin embargo, el gobierno de Rajoy sigue radicalizando sus posiciones. Antes del referéndum, descalificó la consulta en las urnas por considerarla ilegal e inconstitucional, aunque la carta política española considera posible esa consulta. Ahora dice que no es posible una mediación internacional.
Ante esta situación, el parlamento en Barcelona, tenía previsto para el lunes de esta semana, la declaratoria de la independencia, desafiando a Madrid. En estas circunstancias, la situación tendía a convertirse en una caldera. “No nos vamos a dejar robar el triunfo”, decían voceros de diversos grupos políticos catalanes. “Hem votat” (hemos votado), decían miles de manifestantes durante el paro general del 3 de octubre.
En Catalunya existe un sentimiento nacionalista muy acentuado, que se remonta a los orígenes de esa nacionalidad. Se trata de un pueblo con una lengua y una cultura propias, que fue maltratado durante la dictadura del general Francisco Franco. Ese sentimiento nacionalista se expresa hoy en un anhelo de independencia.
Soluciones de consenso
Porque la situación bajo la “democracia”, no ha variado sustancialmente para los catalanes. Con una economía próspera, aportan alrededor del 20 por ciento del producto interno bruto. Y a pesar de ello, reciben con dureza los efectos de la crisis del modelo neoliberal del Partido Popular. En esa provincia crecen el desempleo, el desalojo de viviendas, el recorte al presupuesto para servicios públicos esenciales como salud, educación y asistencia social. “Madrid nos roba”, era una de las consignas más repetidas por miles de gargantas durante las manifestaciones de los últimos días.
En estas condiciones, las partes necesariamente tendrán que sentarse a dialogar, buscando una solución a las reclamaciones catalanas. El camino de las descalificaciones y de la negativa a la mediación internacional, conducen a un callejón sin salida. Un atolladero del que la movilización popular anunciada para estos días, contribuirá a encontrar soluciones sensatas y democráticas.
