Redacción política
La Corte Constitucional, en decisión de siete magistrados contra dos. Falló la tutela interpuesta por el ex magistrado Alfredo Beltrán, apoderado de la ex senadora Piedad Córdoba, que buscaba tumbar la resolución del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, mediante la cual la destituyó de su cargo de representación popular y la despojó de sus derechos políticos durante 18 años.
La decisión del procurador está fundamentada en los hallazgos del computador de Raúl Reyes, prueba judicial declarada nula por la Corte Suprema de Justicia porque no se respetó por parte de los organismos de inteligencia del Estado y el Ministerio de Defensa la cadena de custodia.
El abogado Alfredo Beltrán argumentó en la tutela que el procurador no tiene facultad para destituir a los senadores de la República, porque esta función la tiene el Consejo de Estado. Amén de que la resolución está soportada en pruebas inexistentes, así declaradas por la Corte Suprema de Justicia que no ha producido fallo penal adverso a Piedad.
Al conocer la decisión de la Corte Constitucional, Beltrán sostuvo que “el Congreso quedó postrado ante el Procurador” y añadió: “Se llegó a la conclusión de que el nominador (Senado) quedó supeditado a su nominado (el procurador), lo cual es absurdo”. Al tiempo, la ex senadora Piedad Córdoba se declaró perseguida por el procurador Alejandro Ordóñez. No contó con garantías en el proceso disciplinario y Ordóñez se dedicó a permanente cabildeo en la Corte Constitucional para lograr que la sala avalara la infame injusticia.
Jurídicamente primó la tesis en la que el Procurador General de la Nación, es el competente para investigar y sancionar disciplinariamente a los miembros del Congreso de la República, quienes lo eligieron para esa magistratura y él se considera juez objetivo para determinar si sus actuaciones son legales a pesar del lobby que hizo para hacerse elegir.
“La tesis que defiende la ponencia desconoce un criterio elemental, consistente en que en un Estado Constitucional el poder de relevar a los congresistas en su investidura debe ejercerlo un órgano judicial e independiente. Esta premisa es palmaria y predicable a cualquier modelo de democracia, como en su momento fue concluido en el ámbito interamericano de los derechos humanos” manifestó Luis Ernesto Vargas, uno de los magistrados que votaron en contra de la tesis mayoritaria.
Piedad anunció que seguirá batallando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Consejo de Estado. Permanecerá en la actividad política y “no hay Ordóñez que me detenga”, dijo. Calificó el fallo de la Corte Constitucional de golpe a la democracia y derrota del pensamiento libre. Para el fiscal General Eduardo Montealegre “el caso de la ex senadora Piedad Córdoba no está cerrado del todo”. Sostuvo que la Fiscalía no tiene pruebas ni evidencias serias de vinculación indebida de la ex senadora con las FARC.
Los sectores democráticos se han pronunciado en solidaridad con Piedad Córdoba. Es un zarpazo a la democracia y el desconocimiento a la oposición política ahora con menos derechos que antes. Se solazan con el fallo los ultraderechistas, los apologistas de la guerra y ciertas columnistas de la caverna como Salud Hernández, prologuista del libro de Carlos Castaño y María Isabel Rueda. “Son los que quieren llevar el país al abismo de la guerra y de los odios”, dijo Carlos Lozano, director de VOZ y candidato al Senado por el Partido Comunista.
