El Gobierno asume que el encargado de la inversión es el capital extranjero, en momentos en que dos calificadoras de riesgo le han quitado al país el grado de inversión
Carlos Fernández
La presentación, a mediados de junio, del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021 (MFMP) tiene un carácter que va más allá del simple ritual anual que obliga al Gobierno a señalar cuál es su orientación en materia de política fiscal para el corto y mediano plazo. En verdad, el ritual se rompió con la presentación del documento correspondiente a 2020, toda vez que la misma se hizo en pleno auge de la pandemia del nuevo coronavirus. En el documento del año pasado, el entonces ministro Carrasquilla trabajó con la libertad que daba la suspensión de la regla fiscal para los años 2020 y 2021, esto es, en esos dos años el Gobierno nacional no está obligado a restringir el déficit fiscal al 3% del PIB, como regía antes.
El nuevo documento, presentado por el ministro Restrepo Abondano, adolece de las mismas falencias del último de Carrasquilla: ambos están basados en supuestos de crecimiento de la economía, del consumo y de la inversión que parecen sacados como conejos del sombrero de copa de un mago.
Objetivos de la política fiscal
El MFMP de 2021 plantea tres objetivos centrales, interconectados, de la política fiscal para el corto y mediano plazos: reactivación económica para: 1) generar empleo, el cual constituye (¡qué descubrimiento!) la fuente de ingresos por excelencia de los hogares y 2) bajar la deuda. Un segundo objetivo es lograr la estabilidad social, la cual se logra mediante: 1) el fortalecimiento de la mal llamada clase media para que contribuya al crecimiento económico y 2) el establecimiento de consensos sobre las políticas de bienestar. Por último, la nueva política fiscal se propone lograr unas finanzas públicas sostenibles para mantener el gasto social y la estabilidad macroeconómica.
Tales objetivos se alcanzarán en la medida en que las proyecciones sobre el comportamiento de las variables claves de la economía se cumplan. Y aquí es donde comienzan a salir los conejos del sombrero del mago: se calcula un crecimiento del 6% de la economía en 2021 y de 4,3%, en 2022. Se parte de la base de que, en 2022, la inmunidad colectiva (es un avance: ya no dicen de rebaño) alcanzará al 70% de la población gracias al proceso de vacunación (que, como se sabe, se ha revelado lento y disperso) lo que «permitirá el levantamiento total de las restricciones a la movilidad y a la actividad productiva, permitiendo que el país retorne a los niveles de producción previos a la pandemia» (MFMP 2021, página 177). Da la impresión de que, para este Gobierno, la pandemia es un mal sueño del que despertará a punta de fuerza de voluntad.
El crecimiento económico esperado por el Gobierno se sustenta, además, en otras ficciones: se supone un crecimiento de la inversión de 18,8% para 2021 y de 7,5% para 2022, basado en programas de construcción de vivienda, mientras que, según un estudio de las Cámaras de Comercio, actualmente, el 60,4% de las empresas está trabajando con restricciones y el 19,4% están cerradas o en proceso de liquidación.
En verdad, el Gobierno asume que el que se va a encargar de la inversión es el capital extranjero, en momentos en que dos calificadoras de riesgo (los ojos del gran capital transnacional en la economía de los países) le han bajado al país el grado de inversión. O sea que, para lograr que vengan nuevos capitales extranjeros, habrá que facilitarles aún más las condiciones tributarias y de rentabilidad.
Las cifras de crecimiento de la economía esperadas se sustentan, también, en un supuesto crecimiento del consumo de los hogares de 6,2% en 2021 y de 3,7% en 2022, al tiempo que se proyecta una tasa de desempleo de 14,1% para el primer año mencionado y, gracias a la fantasiosa inversión proyectada, de 11,9% para 2022. No se sabe, realmente, cómo crecerá el consumo de los hogares con tales niveles de desempleo.
¿A qué le apunta, en realidad, el Gobierno?
Las preocupaciones centrales del Gobierno en la actual coyuntura son realmente dos: tener cómo financiar los gastos que generan los nuevos programas creados a raíz de la pandemia, los cuales irán sólo hasta 2022 y que no fue posible financiar con la fracasada reforma tributaria, y volver a los anteriores niveles de la regla fiscal. Una tercera preocupación, ligada a la primera, sería mantener en un límite adecuado la deuda del país evitando, supuestamente, que se salga de madre.
Estas preocupaciones se inscriben en el evidente deseo de volver a la misma situación de antes de la pandemia, como si nada hubiera pasado. No se tienen en cuenta ni siquiera recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que hablan de una reorientación de política que, además de buscar preservar empleos y disminuir la pobreza, adopte medidas acordes con las nuevas urgencias ambientales que demandan de la humanidad un cambio en los modos de apropiación de los recursos del planeta.
La simpleza de la política planteada se evidencia en el hecho de decretar un gasto expansivo en lo que queda de 2021 y en 2022 para retornar a un gasto restrictivo a partir de 2023 y volver al «paraíso» en que se vivía antes de la pandemia, de forma tal que la economía crezca entre 2021 y 2026 por encima de su potencial de crecimiento y, a partir de ahí, crezca sólo de acuerdo con dicho potencial.
En otras palabras, mientras el crecimiento potencial se calcula en 2,3% para 2021 y entre 3,1 y 3,3% de ahí en adelante, el MFMP «decreta» que la economía crecerá, como ya se dijo, en 6% en 2021 y luego la tasa de crecimiento irá disminuyendo hasta entroncar con la tasa potencial. Malabares estadísticos en proyecciones que aguantan todo.
Pero el fondo del asunto es que hay que justificar una nueva reforma tributaria que remplace a la fallida de Carrasquilla.
De nuevo, una reforma
La nueva reforma (denominada, eufemísticamente, Proyecto de Inversión Social) plantea recoger 14-15 billones de pesos, los cuales provendrán de una cacareada reforma de la Dian, de la disminución de una parte del gasto a partir de 2023, del descuento del 50% del impuesto de industria y comercio y de una sobretasa al impuesto de renta de las empresas. Al menos, eso es lo que planteó Duque en entrevista radial.
El MFMP plantea una fuente adicional: la «optimización de activos», esto es, la venta de la participación del Estado en diversas empresas, siendo la operación prevista más importante la venta de la importante participación estatal en ISA a Ecopetrol. El MFMP calcula que, por concepto de estas privatizaciones, se obtendrán 14 billones en 2021 y 7,1 billones en 2022.
De esta «optimización» se viene hablando hace rato y fue tema, también, de la reforma que echó para atrás la movilización popular. En principio, que el Estado se financie mediante la venta de sus acciones en empresas en las que no tiene ningún tipo de control puede tener, en gracia de discusión, visos de conveniencia. El meollo de este asunto está en la operación de venta de ISA a Ecopetrol.
¿Es la privatización de Ecopetrol?
A primera vista, esta operación implica vender la participación del Estado, 51,4%, a otra empresa estatal, Ecopetrol. La operación, como tal, ha tenido partidarios y detractores. El precandidato Gustavo Petro declaró que no le disgustaba la idea, pues permitía que una entidad estatal encargada de extraer y refinar petróleo iba a tener la posibilidad de incursionar en la generación y transmisión de energía en momentos en que es necesario hacer la transición energética hacia energías limpias, distintas a los hidrocarburos.
La propiedad de la mayoría de acciones de ISA le permitiría a Ecopetrol preparar el abandono de la explotación petrolera y petroquímica en aras de nuevas formas de energía. Claro, advertía Petro, siempre y cuando la operación no implique una simple transferencia de propiedad ni el abandono a su suerte de los trabajadores que deberán hacer su propia transformación profesional.
De acuerdo con lo planteado en el MFMP, la financiación de esta operación por parte de Ecopetrol provendría de recursos de caja de la empresa, de endeudamiento y, ojo, de la venta de acciones de la petrolera a particulares, ya que todavía el Estado está autorizado para enajenar un 10% del capital de la empresa, adicional al que ya está en poder de accionistas privados.
Es decir, se facilitaría, sin necesidad de un control absoluto sobre la propiedad de la empresa, el dominio de capital privado, nacional o extranjero sobre las dos empresas. Claro que éste es un proceso de largo aliento que apenas está en sus comienzos pero al que no ha renunciado el interés del capitalismo transnacional.
He aquí uno de los principales intríngulis de la nueva política fiscal. Hay que seguir pendientes.
