La primera movilización de la nueva agenda es el 10 de octubre y es contra las políticas del Gobierno nacional, por el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, el respeto de los derechos humanos y por la paz
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
“Es importante que unifiquemos una sola agenda, ya es hora de que dejemos de defender cada uno nuestras agendas particulares y pasemos a organizar una sola. Una sola actividad, una sola minga nacional y juntarnos en una estrategia de debate que nos permita contrarrestar este régimen, este Gobierno y este Estado”, dijo a VOZ el líder indígena Giovanni Yule del Consejo Nacional Indígena del Cauca, CRIC, en el encuentro nacional de emergencia del movimiento social y sindical, desarrollado en Bogotá el pasado 4 de octubre.
La reunión se llevó a cabo por las preocupaciones que hay en el movimiento popular ante las medidas económicas que pretende imponer el gobierno de Iván Duque entre las que están: “…aumentar las ganancias de los empresarios a costa de la disminución del valor de la mano de obra, garantizar el fortalecimiento de los fondos privados de pensiones a costa de eliminar o marchitar Colpensiones, en suma salvaguardar los intereses del capital financiero especulativo en cabeza de Luis Carlos Sarmiento Ángulo.
“Esto se resume en establecer el trabajo por horas, el salario mínimo diferencial por regiones, eliminación de las horas extras, el pago de dominicales y festivos, la indemnización por despido entre otras y en lo pensional aumentos de la edad de pensión y la cotización, disminución de la tasa de retorno y lo peor, establecer para todos el sistema de ahorro individual eliminando la solidaridad, un Ministerio del Trabajo que atenta contra la estabilidad reforzada de los trabajadores enfermos”, explica una comunicación de las organizaciones participantes, entre las que se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, organizaciones estudiantiles, de profesores, pensionados, de indígenas y campesinas.
Campesinos
Jimmy Alexander Moreno, vocero nacional del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular habló con VOZ y dijo que los campesinos rechazan la agenda del Gobierno en el ámbito ejecutivo y legislativo por ir contra los intereses de las comunidades y de sectores sindicales y sociales. “Como Cumbre hemos dialogado y coordinado para buscar espacios de unidad y movilización para enfrentar a este gobierno que para nosotros es caracterizado como criminal y terrorista, que construye una agenda para profundizar el modelo neoliberal en nuestros territorios”.
El líder agrario explicó que el campo está afectado por el recrudecimiento de la guerra y que actualmente buscan que se reconozca al campesinado como sujeto social de derechos. “Hay pérdida de derechos; hay pérdida en la producción; los cultivos de coca, amapola y marihuana los están persiguiendo con fumigaciones, en contra de lo que hemos venido acordando, como la sustitución gradual, con inversión y proyectos de economía campesina que permitan unas nuevas formas de vida”.
Trabajadores
Por su parte, Omar Romero del ejecutivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, expresó que se organizan para rechazar el paquetazo de las reformas laboral y pensional, y la venta de los activos del sector público o privatizaciones.
“Pero además, porque llevarán al Congreso de la República la propuesta de poner contratos laborales por horas, despedir trabajadores enfermos, acabar con las horas extras y los días festivos; es un mandato de los empresarios y de la OCDE para flexibilizar aún más las relaciones laborales. La reforma pensional es para quitarle los derechos a los pensionados y trabajadores que están en el régimen de prestación media definida, que acabarán para dejar solamente el de ahorro individual. Con los Beneficios Económicos Periódicos, Beps, del Plan Nacional de Desarrollo crearán un nuevo sistema de pensiones, acabando primero con el salario mínimo y establecer pensiones por debajo del mínimo; habrá pensiones de 200 mil pesos para los trabajadores”, argumenta el dirigente sindical.
No solo eso denuncian los trabajadores, también que habrá una masacre laboral en el sector público, y exigen respeto a la autodeterminación de los pueblos o la no injerencia del gobierno colombiano en los asuntos internos de Venezuela.
Estudiantes
Cristian Andrés Reyes es estudiante de la Universidad Libre en Bogotá y perteneciente a la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, Unees, explica que se movilizarán el 10 de octubre por la arremetida del Gobierno contra el movimiento social y popular, especialmente contra el movimiento estudiantil universitario.
“Se ha logrado despertar un sentimiento de solidaridad al interior de las instituciones de educación superior por lo sucedido en la Universidad Distrital, pero también la movilización será por el incumplimiento parcial del Gobierno a lo acordado con los estudiantes en el paro del año pasado”, comenta.
Según el dirigente estudiantil, el Gobierno ha incumplido en el tema de los saldos apropiados y no comprometidos, y dice que el Gobierno asegura no poder dar esos recursos porque el país afronta una crisis económica, aunque: “En mesas con el Ministerio de Hacienda los delegados afirman que lo que el Gobierno negoció es algo que se puede cumplir, pero que el Ministerio no puede tomar la decisión. Los recursos son para ciencia y tecnología”.
También hay incumplimiento en términos de derechos humanos porque las mesas dispuestas para este tema no funcionan, sin embargo, las amenazas y la persecución y desplazamiento de profesores y estudiantes continúa en varias instituciones educativas del país.
Indígenas
“Participamos en todo el ejercicio de movilización y acompañamos a todos los sectores sociales, tanto en el departamento del Cauca, el suroccidente y todo el país. No se trata de que cada uno de nosotros hagamos algo e invitemos a los demás, sino que juntemos la agenda y hagamos un ejercicio de fuerza nacional, como organizar grandes caravanas desde las regiones, luego nos vengamos por las regiones recogiendo pueblo hasta llegar a Bogotá y armar el debate por la defensa de la vida, la paz, el trabajo, el territorio y todo lo relacionado con salvaguardar los derechos económicos, sociales y culturales”, explica el líder indígena Giovanni Yule, quien agrega que hay que proponerle un proyecto alternativo a los ciudadanos de la nación y contarle a la comunidad internacional lo que pasa en Colombia con el Gobierno, empecinado en recrudecer el conflicto, el odio y todo lo relacionado con lo que ellos han llamado el proyecto de la muerte.
Estos y muchos otros motivos, llevaron a que maestros, funcionarios de la rama judicial y otros trabajadores estatales y del sector privado decidieran realizar una gran marcha el 10 de octubre, toma de capitales el 17 del mismo mes y actividades preparatorias a un paro cívico nacional el 21 de noviembre.
