Se aprecia el desmantelamiento de varios programas sociales conquistados por los trabajadores bajo los gobiernos de Kirchner y una notable pérdida del poder adquisitivo del salario
Ricardo Arenales
La administración del presidente Mauricio Macri, en Argentina, ha pagado ya un alto costo por su empeño en hipotecarse con sucesivos préstamos al Fondo Monetario Internacional, que a su vez condicionó la entrega de créditos frescos a una dura política de ajuste fiscal, que tiene enardecido al pueblo argentino, el cual anuncia, para el 25 de septiembre próximo, la realización de un paro nacional obrero y popular contra las imposiciones del FMI y la política de hambre en desarrollo.
A comienzos del presente año, el presidente Macri y su ministro de Economía anunciaron un acuerdo con la presidenta del FMI, Christine Lagarde, para recibir de esa entidad financiera, un crédito por 46.000 millones de dólares, cuyo monto, en un 80 por ciento estaría orientado al pago de intereses de deuda externa.
Macri procedió de inmediato a aplicar el recetario impuesto por la banca internacional: liberación de las tasas de cambio, pago a tenedores de bonos, eliminación de barreras comerciales, reducción de subsidios, fijación de metas decrecientes de inflación.
Programas sociales cero
Los resultados de semejante fórmula para la economía, han sido desastrosos. Para varios analistas del país austral, el nivel de la crisis ha llegado a los topes del denominado “corralito” de hace 17 años. Hoy la tasa de inflación es del 3 por ciento mensual y un acumulado del 40 por ciento a diciembre pasado. Ya se aprecia el desmantelamiento de varios programas sociales, conquistados por los trabajadores bajo los gobiernos de Kirchner y hay una notable pérdida del poder adquisitivo del salario.
Según cifras oficiales, el crecimiento económico cayó en un 6.7 por ciento en el mes de junio; el desempleo pasó del 7.2 por ciento en diciembre pasado, al 9.1 por ciento en la última medición. La actividad industrial disminuyó en un 7.5 por ciento hasta junio pasado, profundizando el desplome de la economía, y cada día se reportan cierres de empresas, de establecimientos comerciales, mientras aumenta el número de comedores populares, las denominadas ollas comunales, a donde llegan familias enteras en los barrios pobres, arruinadas por semejante gestión del gobierno neoliberal.
Abuso de autoridad
La semana pasada, el fiscal Jorge di Lello, atendiendo a una demanda de dos partidos políticos y de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad, imputó cargos criminales contra el presidente Macri y varios miembros de su gabinete, por los delitos de “abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público”, por no haber sometido a aprobación previa del Congreso el acuerdo con el FMI, que en opinión del funcionario judicial, debe ser suspendido. El funcionario trasladó el expediente al juez de juzgamiento Julián Ercoli, para que inicie formalmente una investigación penal contra la cúpula del gobierno argentino.
Macri incurrió en un delito similar, cuando la semana pasada se conoció que, también sin autorización del senado de la república, autorizó el ingreso de tropas extranjeras, esta vez de Estados Unidos, para realizar maniobras militares conjuntas, en un movimiento que tiene un doble rasero: intimidar la creciente protesta social contra el manejo económico del gobierno y ambientar una maniobra de agresión contra el gobierno de Venezuela. La cooperación con Estados Unidos apunta a la instalación de bases militares norteamericanas en suelo argentino.
Escenarios de recesión
Y mientras organismos económicos coinciden en señalar que es inevitable una cesación de pagos en Argentina, porque se incumplieron las metas trazadas con el FMI y los peores escenarios de inflación, devaluación y recesión fueron superados; el movimiento obrero y popular llama a la movilización general contra el FMI y la política de hambre.
El pasado 5 de septiembre, una veintena de organizaciones políticas y sociales, como el Movimiento Evita, el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Pueblo Unido, el Frente Popular Venceremos y otras más, llamaron a una serie de movilizaciones, que comenzaron ese día y concluirán en un paro nacional, el 25 de septiembre, convocado por la Confederación General del Trabajo, CGT.
La convocatoria está contenida en un documento que llama a la protesta generalizada, “ante la grave crisis económica y social que atraviesa el país, bajo el lema “Fuera el FMI, basta de hambre”, para “frenar el saqueo al pueblo, que está llevando a cabo el gobierno”.
La convocatoria exhorta a realizar ollas populares, marchas, bloqueos de vías y pide del gobierno se declare la “emergencia alimentaria”, que las tarifas de energía regresen al tope que tenían en 2015, un aumento de los programas de empleo en un 100 por ciento y que no se ajusten las tarifas en salud pública.
