Departamento Ideológico Zonal Risaralda
Desde el acto legislativo O1 del 2001 hasta hoy la salud, la educación, el saneamiento básico han dejado de percibir cerca de 170 billones de pesos y de estos solamente educación se le han recortado 78 billones de pesos, como consecuencia de la disminución de las transferencias que se definían legalmente en los artículos 356 y 357 de la constitución de 1991, que fueron modificados como consecuencia del compromiso del Gobierno de Andrés Pastrana con la banca multinacional y el Fondo Monetario Internacional.
La mayoría de estos recursos de inversión que beneficiaban al conjunto de la población y las regiones, se destinaron en gran medida al pago del servicio de la onerosa deuda externa e interna, que no ha dejado de crecer y que en la actualidad es del orden de $ 114.000 millones de dólares, para lo cual las diversas administraciones implementaron la llamada regla fiscal, mecanismo mediante el cual los gobiernos evaden sus responsabilidades sociales con los diversos sectores del país hoy sumidos en la pobreza, el abandono, los bajos salarios y la miseria.
De igual modo otro componente de los recursos del país se destinaron al sostenimiento de un conflicto interno cuyo presupuesto anual estaba y continúa estando por encima de los 20 billones de peso al año, lo que equivale a más de 200 billones en 10 años, mientras que según cifras del actual ministro de hacienda Mauricio Cárdenas , el posacuerdo costaría 35 billones de pesos en 10 años es decir, 3,5 billones de pesos por año; para inversión en vías terciarias, acueductos alcantarillados, asistencia técnica, desarrollo rural, escuelas, lo cual de por sí es insuficiente para atender un abandono histórico de muchas regiones agrarias del país, hoy sumidas en la crisis como consecuencia del modelo aperturista que abrió el país a las importaciones con 11 millones toneladas alimentos año, 20 veces más que en 1989, que eran de 500 mil toneladas.
Pero además desde hace muchos años para acá no paran los escándalos por corrupción en diversas entidades públicas y privadas, como Guavio, Termo rio, la barcaza, Invercolsa, Agro Ingreso Seguro, los Nule, la Caja Vocacional, los papeles de Panamá, Odebrech, Reficar, las empresas de agua y electricidad en la Costa, entre otros, cuya pérdida según estudios de economistas es cercano a los 22 billones de pesos al año. Baste señalar que sólo en la Refinería de Cartagena, por los sobrecostos las pérdidas superan los 8 billones de pesos.
A todo lo anterior se suma la desaceleración de la economía que para este año según la proyección de algunas entidades ubican el crecimiento del país en el 2,5% del PIB en tanto los más pesimistas consideran que no llegará al 1,7%.
Ante este panorama y debido a las promesas incumplidas a los acuerdos de paros anteriores, se han lanzado a paros cívicos Buenaventura, Chocó, que reclaman del gobierno inversión en vías, hospitales, carreteras, acueductos, y los trabajadores del sector estatal muchos de ellos tercerizados, con bajos salarios y precarias condiciones laborales.
De igual forma se encuentra en paro el sector de la educación que reclama del gobierno aumento del presupuesto para atender las necesidades de muchas instituciones públicas que hoy se caen por falta de mantenimiento y en las cual millones de niños y jóvenes tiene que estudiar en condiciones precarias, sin salones, pupitres, laboratorios, bibliotecas, restaurante escolar, seguro escolar, entre otros, al tiempo que el discurso oficial pregona para el 2025 a Colombia como la más educada.
El gobierno ha dicho que no hay plata para atender todas estas necesidades que han estado represadas históricamente por décadas. Las experiencias de países que recientemente han atravesado crisis nos demuestran que si hay alternativas posibles de conseguir recursos sin golpear a la población más pobre y vulnerable.
Una de las alternativas la demuestra Argentina que después del desplome económico por el Corralito financiero, hizo moratoria en el servicio a la deuda y estos recursos frescos los destinos a la recuperación económica. Otra experiencia exitosa la hizo Rafael Correa en Ecuador (país que destituyó a 4 gobiernos corruptos), que renegoció los contratos con grandes compañías extranjera, invirtiendo los recursos en carreteras, represas, obras públicas, sin peajes ni impuestos a la población.
Pero a su vez a nivel interno es posible obtener nuevos recursos por medio de gravar a grandes capitales como lo plantea Salomón Kalmanovitz en varios artículos de El Espectador, que podrían aportar $ 16 billones de pesos por año; o gravando los grandes lotes de engorde urbano que se han beneficiado de las plusvalías, o a los grandes predios rurales que han estado exentos en un país que no había actualizado el censo desde hace 45 años. A la par implementando una política anticorrupción que implique la expropiación de bienes de los corruptos y sus familiares como lo hace la China.
Porque consideramos que el paro es justo le decimos al gobierno que llegó la hora de pagar las deudas históricas con las regiones, las madres comunitarias, los trabajadores del Estado, los educadores, los campesinos, la justicia, los niños y jóvenes de nuestro país. Que le Paz si es posible con inversión pública, democracia y mayor justicia social.
F.A.G.
Mayo, 19 de 2017
