Luego de un largo novelón, la jueza 30 de garantías de Bogotá concedió libertad al expresidente Uribe. Los acontecimientos en desarrollo suscitan apreciaciones negativas como positivas para las fuerzas políticas que buscan la verdad en el caso
Redacción Política
Sobre el mediodía del martes 4 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, ordenó la detención preventiva domiciliaria contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Sin embargo, y luego de una larga novela jurídica, el 10 de octubre la jueza 30 de garantías de Bogotá Clara Ximena Salcedo concedió la libertad al también exsenador de la República. “Gracias a Dios”, dijo de manera escueta por redes sociales Uribe Vélez luego de conocer la noticia.
Su contraparte y víctima del proceso, el senador Iván Cepeda Castro, también se manifestó: “Como el pasado 4 de agosto asumí con serenidad y moderación la decisión de privación de libertad de Uribe, con el mismo ánimo sereno asumo decisión de su libertad. El comportamiento es el mismo: respeto a la justicia y perseverancia en que prevalecerá la verdad sobre su culpabilidad”.
Este acontecimiento en desarrollo, que se ha convertido rápidamente en la noticia política del año, genera una serie de reflexiones tanto negativas como positivas para las fuerzas políticas que buscan la verdad en el caso.
El preso
Aunque algunas voces consideran que la finca de El Ubérrimo no puede considerarse un lugar de reclusión, lo cierto es que en los libros de historia del siglo XXI estará referenciado el nombre de Álvaro Uribe Vélez como el expresidente de Colombia que estuvo preso por determinación de la justicia.
Tristemente no han sido suficientes los indicios por crímenes de lesa humanidad los que cursan en diferentes instancias estatales las que lograron esa fugaz detención. Sin embargo, es importante señalar que este caso deja en evidencia un cabo suelto entre la relación de la familia Uribe Vélez con el fenómeno del paramilitarismo en el nordeste antioqueño alrededor de la hacienda Guacharacas, configurando lo que en el argot popular se conoce como un “rabo de paja”.
Álvaro Uribe estuvo privado de la libertad porque tanto él como su equipo de defensa, a partir de métodos ilegales como el soborno, quisieron modificar testimonios claves en medio de un proceso judicial. La “jugadita” de meterse con la justicia en esta oportunidad tampoco le funcionó al uribismo, siendo su desbordada respuesta la agresiva campaña por deslegitimar una gran parte de la rama judicial, donde por supuesto se incluye a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, instancia que nace del Acuerdo de Paz.
Uribe enredó la pita
Una de las estrategias que empleó la defensa de Uribe Vélez luego de conocer la decisión de la CSJ en agosto pasado, fue convertir el proceso en una verdadera novela jurídica.
Con la renuncia al Senado de la República, y de paso a su juez natural, el expresidente sacrificó un acumulado político importante por el deseado borrón y cuenta nueva en todo el caso, que aparentemente ya logró con la activación de la Ley 906, la previsible decisión de la jueza, así como con el papel politizado de la Fiscalía uribista.
Pero la realidad dice que el hecho político de renunciar al parlamento, tal y como hicieron indignamente célebres parapolíticos en el pasado, golpeó seriamente a la principal cabeza política del sector de clase que hoy gobierna, convirtiéndose en un permanente problema para la gobernabilidad del presidente Iván Duque y su débil administración que se encuentra entre la espada y la pared ante la crisis económica generada por la pandemia.
El papel de los medios
Después de la orden de detención proferida por la CSJ, la posición editorial por parte de los principales medios corporativos de comunicación ha sido promocionar sin ningún tipo de reparos la incuestionable inocencia de Uribe Vélez. La estrategia ha sido crear un ambiente ambivalente y confuso sobre el caso.
Llama especial atención el papel desarrollado hasta el momento por Semana TV liderada por la poderosa periodista Vicky Dávila. Desde el minuto uno la estrategia desplegada por ese medio de comunicación fue desvirtuar los argumentos de las víctimas en el proceso, así como destruir la versión del llamado “testigo estrella” Juan Guillermo Monsalve y publicar sin filtros periodísticos el abundante acervo probatorio contra Uribe Vélez, que rápidamente se filtró a la opinión pública.
Lo anterior deja al desnudo las estrechas relaciones entre el poder y las fábricas masivas de información. Corroborando los análisis que vaticinaban en el corto plazo la conversión de la revista Semana en la nueva “Fox News” colombiana, las “investigaciones” publicadas, así como la gran mayoría de los paneles de opinión y una buena parte de los contenidos comunicativos que se han generado se concentraron en formar una peligrosa justicia mediática con un claro sesgo a favor del expresidente Uribe.
Cepeda y el ‘José Alvear Restrepo’
Es importante valorar el papel desarrollado por el senador Iván Cepeda Castro en todo el proceso. A partir de una juiciosa exploración sobre el fenómeno del paramilitarismo en Antioquia, un solo indicio, de muchos investigados, acorraló y llevó al expresidente Uribe Vélez y a su defensa a cometer errores jamás pensados que, entre otras cosas, lo pusieron teóricamente en la cárcel.
No solo fue el debate sobre paramilitarismo, sino también la acusación inicial como victimario para luego transformarse en víctima, la que le han dado al senador Cepeda Castro un protagonismo esencial en el caso. Desafiando el tono rabioso y revanchista de su contraparte, el parlamentario del Polo Democrático Alternativo ha manejado con altura política y jurídica las distintas decisiones judiciales, le sean favorables o no.
Por supuesto, es importante destacar el acompañamiento que el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ ha hecho como defensa de la víctima, en cabeza del abogado Reynaldo Villalba. El Cajar se consolida en medio de la tempestad en uno de los principales referentes en la búsqueda de la verdad y en toda una institución en materia de derecho penal.
Nada está perdido
El entusiasmo que derivó en gran parte de la población la detención de Uribe se ha desinflado ante las últimas noticias. El miedo se concentra en que la defensa del expresidente cumpla el cometido de anular la totalidad de la investigación adelantada por la Sala de Instrucción de la CSJ y empezar desde cero, adicionando nuevos elementos que dilatan el proceso jurídico. El uribismo controla la Fiscalía, que lamentablemente tiene hoy el papel de darle impulso procesal al caso en manos de fiscal uribista Gabriel Jaimes.
Sin embargo, aunque los analistas del Establecimiento hablan de una victoria de Uribe, así como de una posible oxigenación de su figura, las recientes movilizaciones y manifestaciones de indignación demuestran lo contrario. Las calles y las gentes que protestan son profundamente antiuribistas y el efecto ya empieza a ambientar el próximo escenario electoral.
“Ojo con el 2022”, dijo Uribe en libertad. Sabe que, políticamente, su hegemonía se está despedazando.
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