Andrés Álvarez
@RAndresAlvarez
Las regalías provienen de los impuestos que pagan las empresas dedicadas a la explotación minera y de hidrocarburos al Estado colombiano y este desde el nivel central las redistribuye a los entes territoriales. Fueron concebidas en el sistema político colombiano como una compensación económica a los departamentos y municipios productores de hidrocarburos y/o minerales, así como los municipios que tienen puertos por donde transiten estos recursos naturales no renovables.
Las regalías fueron introducidas en Colombia en la década de los 80 del siglo pasado, en primer lugar por los reclamos de las comunidades productoras a beneficiarse de la extracción de las riquezas del subsuelo, así como una de las medidas de la descentralización político administrativa. En este periodo inicial, los municipios y departamentos recibían cerca del 76% de las regalías de manera directa. El reconocimiento de este derecho quedó plasmado en el artículo 360 de la Constitución Política de 1991.
En 2001, se creó el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Fondo Nacional de Regalías, este último destinado a la protección del medio ambiente y la financiación de proyectos regionales consignados en los planes de desarrollo de los entes territoriales, ello con el fin de mitigar los impactos ambientales y sociales. En 2011 nuevamente se reforma el régimen de regalías bajo la administración Santos (Acto Legislativo 05 de 2011), creando el Sistema General de Regalías (SGR), estableciendo que los departamentos y municipios no productores de también podían participar de las regalías mediante el Fondo de Compesación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional, además de crearse otros Fondos (Ciencia y Tecnología, Ahorro y Estabilización, de Pensiones Territoriales); asimismo, con el fin de evitar el despilfarro y la corrupción se crearon los Organismos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), escenarios donde autoridades nacionales y territoriales deciden los proyectos de mayor impacto para las comunidades. Con esta fórmula se redujeron las regalías directas a los municipios productores al 10% del total del SGR.
Nuevamente se ventila desde la Comisión Primera de Cámara de Representantes una nueva reforma a las regalías, esta vez se propone aumentar las regalías netas para los municipios y departamentos productores al 30% neto del SGR, reduciendo los montos para el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional, lo que hace justicia con los crecientes pasivos ambientales y sociales del sector minero-energético en esos territorios y revirtiendo la recentralización de los recursos de la reforma de Santos.
Empero este mismo proyecto de Acto Legislativo 023/2018, propone a solicitud de alcaldes, gobernadores y algunos parlamentarios la eliminación de los OCAD y el mecanismo nacional para vigilar y fiscalizar la ejecución de las regalías (Simce, Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación) directas solo a los municipios y departamentos productores. Con la eliminación de los OCAD se da rueda suelta a la construcción de innumerables ¨elefantes blancos¨ que en nada priorizan las necesidades de las comunidades y se presta para corrupción en la contratación de los mismos. Como si fuera poco, con la eliminación del Simce y su reemplazo por 1% adicional para la vigilancia de los mismos de los mismos entes territoriales, se anula la capacidad de fiscalización nacional lo que deja las puertas abiertas a mayor corrupción pues hay poca o nula independencia en los organismos de control en los ámbitos territoriales.
Los cambios al Sistema General de Regalías son necesarios, las regalías pueden utilizarse para cerrar las inmensas brechas en infraestructura, oportunidades e ingresos de los habitantes de las regiones más pobres del país, especialmente aquellas en las que el sector minero – energético causa daños al medio ambiente, rompe la cultura y vocación productiva de los territorios.
No obstante, para que estos recursos suplan las necesidades de las comunidades necesitan no solo de una mayor vigilancia de los organismos de control y uno del propio Sistema de Regalías, sino que involucren a las comunidades en la discusión y priorización de los proyectos a ejecutar y fomentar las veedurías ciudadanas sobre los mismos.
Efectivamente el SGR debe hacer mayores aportes a los territorios productores, pero ante todo el movimiento social y democrático debe luchar porque las empresas productoras, paguen mayores impuestos por las riquezas extraídas de nuestro subsuelo, así como aumentar las exigencias en materia de respeto al medio ambiente y los derechos de las comunidades. Ello exige construir entre todos los que deseamos el mayor bienestar económico, social y ambiental propuestas de reforma al código minero, una Ley Orgánica de los hidrocarburos y velar por la ejecución transparente de los recursos públicos.
