Aunque el contenido del proyecto no se conoce en profundidad, se sabe que su esencia es gravar las pensiones y los salarios medios y bajos, e imponer la tarifa máxima del IVA a la canasta familiar. El gran empresariado busca una exoneración de impuestos de siete billones de pesos. Alerta máxima para detener este despropósito
Iván Posada P.
El ministerio de Hacienda con las recomendaciones de la Comisión de estudio de Beneficios Tributarios, y de la Ocde, se alista a radicar la denominada “reforma social, solidaria y sostenible”. La de 2019 mal llamada “de crecimiento económico”, sentó un grave precedente pues las grandes empresas le sacaron al Estado exenciones de diferente tipo por 10 billones de pesos. El actual proyecto va en la misma dirección, que el empresariado tribute lo menos posible y trasladar esta carga a las personas naturales, sobre todo a la franja de población de bajos y medianos ingresos. Algunos de los ejes del actual proyecto de reforma se pueden condensar así:
El IVA (Impuesto al valor agregado)
La meta es recaudar 10,5 billones de pesos a través de este impuesto que afecta bienes y servicios, alimentación, salud, educación, vestuario, transporte y esparcimiento entre otros. Hoy día 98 productos están gravados con la tarifa general del 19%, sobre otros 10 se cobra el 5% y 73 más que hacen parte del grupo de exentos o excluidos. La estrategia es gravar estos últimos, y los que tienen 5%, pagarían la tasa máxima, 19 por ciento (café, sal, azúcar, chocolate). Otro golpe a la clase media, pobre y extrema pobreza (clasificación Dane) que son los mayores consumidores de los bienes de la canasta básica familiar.
Personas naturales
La Dian estima que en el país declaran renta 3,57 millones de personas, de las cuales pagan impuesto 1,5 millones. Con esta reforma se busca que un millón más declaren y paguen renta por sus ingresos. Así las cosas, los asalariados que devenguen al año más de 30 millones (2,5 millones/mes) comiencen a pagar retención en la fuente. Un empleado o trabajador que gane 36 millones al año, por ejemplo, pagaría $400.000 de impuesto.
Además, este mismo trabajador va a pagar más IVA por los bienes de la canasta familiar como se dijo arriba, y también tendrá que pagar impuesto predial, de valorización, etc. La otra propuesta que lleva esta reforma es congelar el salario de los funcionarios públicos por diez años y cuyo salario se incrementaría solo de acuerdo a la inflación causada, lo que implicaría que los sindicatos no podrían negociar con el Estado aumento salarial, propuesta abiertamente inconstitucional.
Empresas
La reforma parte del principio de los “derechos adquiridos” para las empresas, esto es, mantener los beneficios otorgados por ley a las empresas llamadas de economía naranja o cultivo de plantaciones forestales, de igual forma se mantienen los beneficios para zonas francas y megainversiones. Como ocurrió en la reforma de 2019, ahora se pretende que las empresas puedan descontar el impuesto de industria y comercio ICA, del pago del impuesto de renta, un regalo para las empresas de unos 7 billones de pesos.
La argumentación de la Comisión de Expertos y de la Ocde de este nuevo formato de tributación para personas naturales y empresas es que en Colombia gran parte de la tributación está a cargo de las empresas (el 80 por ciento del recaudo total), en tanto que a nivel mundial ocurre lo contrario. Lo anterior explica la presión que ejerce el empresariado para buscar por todos los medios más y más beneficios tributarios. Según este criterio, esto estimularía la inversión extranjera y a nivel interno, contribuiría a generar empleo. La historia de las reformas tributarias indica que esta práctica no ha generado empleo, los índices de desempleo e informalidad del país así lo demuestran.
Mas patrimonio, menos impuesto
Los altísimos patrimonios -5.000 millones o más- irían proporcionalmente a pagar menos impuesto. Hoy día pagan el uno por ciento, con la actual propuesta se aumentaría al tres. Un patrimonio de esta cuantía pagaría apenas $150.000.000 de impuesto, el 0,03 por ciento.
Las pensiones
En este proyecto las pensiones mayores a siete millones de pesos ($7.000.000) pagarían un impuesto del uno por ciento y así gradualmente. Según los expertos del Minhacienda, son mesadas altas. Para las organizaciones de pensionados no existen mesadas bajas, medias o altas. Es el derecho de tener un ingreso después de trabajar y cotizar a salud y pensión en promedio 25 años para acceder al derecho. Además un trabajador al jubilarse pierde automáticamente el 25 por ciento con respecto al último salario, le continúan descontando el 12 por ciento por salud, paga IVA y demás impuestos como cualquier otra persona. De aprobarse este nuevo gravamen, seria la ventana para que a futuro el resto de mesadas pensionales terminen gravadas.
Impuestos verdes
Bajo esta denominación se pretende introducir cuatro impuestos más para supuestamente combatir la contaminación: impuesto al carbono para recaudar 1,27 billones que irían a un supuesto Fondo del Clima, cuyo recaudo normalmente termina en gastos administrativos; impuesto a los vehículos según el grado de contaminación que generen (19 por ciento); gravamen a los plásticos de un solo uso y un tributo al uso de plaguicidas no orgánicos.
Redistribuir la pobreza
En total, con esta reforma el gobierno aspira a recaudar unos 25 billones de pesos y aquí viene la jugada maestra del Minhacienda Carrasquilla, que consiste en trasferir parte de lo recaudado de la clase media a las capas de pobres y extremos pobres bajo la figura de “solidaridad”. Por ejemplo, la devolución del IVA al sector de pobreza extrema y vulnerable ($45.000 por mes); el Ingreso Solidario creado para mitigar los efectos de la pandemia sería permanente para cobijar a unos 4,7 millones de familias y su monto sería de $360.000 /familia/mes, suma irrisoria e insuficiente dada la coyuntura de desempleo e informalidad que se incrementaron a causa de la pandemia. En esencia es redistribuir la pobreza gravando los ingresos de la clase media, para transferirlos a la clase pobre y extrema pobre. (Tabla 1 y 2).
Tabla 1
Estimado de impuestos a recaudar
| Fuente | $ ( billones) | % del PIB |
| IVA | 10,5 | 0,9 |
| Personas naturales | 16,8 | 1,4 |
| Personas Jurídicas(empresas) | 3,0 | 0,3 |
Fuente: Revista Semana, edición No. 2028
Tabla 2
Redistribución de impuestos (estimado)
| Destino | $ (billones) | % del PIB |
| Ingreso Solidario | 7,6 | 0,7 |
| Primer empleo , matricula cero | 0,4 | 0 |
| Devolución IVA | 1,5 | 0,1 |
Fuente: Fuente: Revista Semana, edición No. 2028
El saco roto
La evasión y la doble contabilidad, formas de corrupción de muchas empresas, son los otros factores que contribuyen a deteriorar más este panorama. Datos de 2019 indican que la primera representaba el 3 por ciento del PIB, unos 30 billones de pesos, o sea, de la que se calcula recaudar con este proyecto de reforma, más la corrupción en la contratación estatal, que se estima en unos 50 billones de pesos cada año, no habría necesidad de reformas tributarias estructurales que se volvieron anuales. No se oye una propuesta de la Dian para erradicar estas costosas prácticas.
Este proyecto de reforma pasa por encima olímpicamente la filosofía de la política tributaria que es la progresividad: a mayores ingresos o renta, mayor tributación y a la inversa, a menores ingresos, menor carga tributaria. Una reforma que no tiene de nada de social, ni de solidaria y mucho menos de sostenible. Se presenta en medio de fuertes tensiones sociales incrementadas por la pandemia: desempleo e informalidad, incremento de la pobreza y en consecuencia de la desigualdad. Toda la clase trabajadora, empleados y obreros, independientes, profesionales, técnicos, jubilados vamos a ser afectados en forma grave si se llegara a aprobar. La forma de echar para atrás este intento es solo con la movilización a lo largo y ancho del país.
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