El uso superficial y malintencionado que los medios hacen de estos dos conceptos busca confundir al público y, desde el lenguaje, difundir la idea de que hay unos gobiernos respetables y otros condenables, dependiendo de su compromiso con defender los intereses del capitalismo global
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
Un vistazo a los medios de comunicación más reconocidos como “serios” en el panorama internacional arroja algunos de los siguientes titulares en el marco de la pandemia: “Régimen de Maduro ordenó fiscalizar la venta de productos”, “El régimen de Maduro cerró el principal acceso a Caracas” o el equívoco “El régimen de Maduro ocupó una empresa privada de alimentos”. Mientras tanto, es frecuente encontrar también titulares como estos: “El gobierno de Trump advierte sobre el peligro de sugerencias de… Trump”, “Empresa de Trump pide ayuda al gobierno de Trump” o “Gobierno de Trump suspende temporalmente la inmigración a EE.UU. por el coronavirus”.
Esta forma de construir los titulares y en general el relato noticioso se ha vuelto tan habitual que al naturalizar el uso amañado de los términos régimen y gobierno no nos damos cuenta que detrás se esconde una intención clara de deslegitimar a unos y de absolver a otros. Ello ocurre por más de que las noticias sean similares entre ellas (el cierre de fronteras) o, por el contrario, que sean normales en el caso de Venezuela y estrambóticas en el de Estados Unidos.
El contenido de la noticia no importa, se trata de utilizar cualquier hecho (bueno, regular o malo) para convertirlo en una mala noticia sobre Venezuela o sobre el país que se quiera estigmatizar. Para lograr este propósito es crucial hacer un uso retorcido del lenguaje, reservando determinadas palabras para identificar los gobiernos que sí nos gustan y utilizando otras para descalificar a los que no nos gustan. Por ello, jamás leeremos una noticia que titule “El régimen de Trump…” o “El régimen de Duque…”, así como es muy difícil hallar una noticia que se refiera al “gobierno de Venezuela” o “el gobierno de Daniel Ortega”.
Por lo anterior, es importante aclarar el significado de ambos términos con el fin de que tanto los periodistas como el público podamos distinguir cuando se hace un uso malintencionado (como ocurre casi siempre) de esta y otras palabras en la construcción del relato noticioso.
Dos conceptos distintos
El gobierno es fácil de identificar. Corresponde a la rama ejecutiva del poder público. Está representado por el presidente del país (o por el primer ministro, en el caso de los sistemas parlamentarios), sus ministros y las entidades que dependen de ellos. En los departamentos y municipios, el gobierno lo constituyen los alcaldes y gobernadores.
Por supuesto es la rama más importante del poder público, la más visible y la que tiene más poder, aunque en el papel no necesariamente exista una superioridad jerárquica de ella sobre las otras ramas. De hecho, en los sistemas parlamentarios europeos, por ejemplo, la soberanía recae en el parlamento, mientras que en los municipios colombianos la principal autoridad es el Concejo, no el alcalde.
El régimen, a diferencia del gobierno, es un concepto más difícil de definir. En la ciencia política se encuentran dos significados: desde el funcionalismo, el politólogo canadiense David Easton define el régimen como la forma que adquiere un sistema político, es decir, la manera como se toman las decisiones al interior de un gobierno. De este modo, identifica sistemas con régimen democrático (donde se decide consultando a la voluntad popular) y sistemas con régimen autoritario (donde se decide a puerta cerrada y no hay posibilidades de oponerse).
Desde la perspectiva crítica se define el régimen como el conjunto de instituciones, personas, normas y procedimientos desde donde se ejerce el poder en una sociedad. Esta definición es más amplia, por supuesto, porque a diferencia del funcionalismo no se refiere solo a actores institucionales (como el Gobierno, el Congreso o la Judicatura) sino también a otros actores no estatales pero que también pueden ejercer el poder en un marco de correlación de fuerzas. Así, según esta definición, deberían también considerarse actores del régimen a gremios empresariales, medios de comunicación, la Iglesia y en ocasiones los militares.
Según las anteriores definiciones, todos los países tienen un régimen y un gobierno. Así, es posible concluir que todos los países tienen una organización política donde unos actores ejercen la autoridad institucional, otros actores ejercen poder desde los márgenes del Estado y su interrelación define una forma de dominación que puede ser más autoritaria o más democrática.
La separación de poderes
Es decir, los dos conceptos se refieren a cosas distintas, pero los medios de comunicación los utilizan con una intención política debido a que han acostumbrado al público a que la palabra gobierno suene a democracia mientras la palabra régimen suena a dictadura. Esta confusión obedece a una interpretación que justifica dicho uso en la separación de poderes.
Según eso, los gobiernos de izquierda se han apoderado de las demás ramas del poder público, no hay equilibrio de poderes y el gobierno se confunde con el régimen porque lo ha absorbido. En los gobiernos que defienden los intereses del capital transnacional, por el contrario, existe democracia plena, separación de poderes y por ello el gobierno es diferente del régimen, es solo una rama más.
En gracia de discusión, si admitimos la anterior diferenciación entre régimen y gobierno (que en términos científicos no se sostiene), también deberíamos analizar qué tan separadas están las ramas del poder público en los países supuestamente democráticos y qué tan independiente es el Estado frente al empresariado o los medios de comunicación.
En efecto, ningún país puede presumir de un equilibrio adecuado entre sus ramas del poder. En todos los sistemas “democráticos” existen relaciones incestuosas entre el gobierno y el parlamento. Es común la corrupción, el clientelismo, la compra de votos, el pago de favores y el tráfico de influencias. La relación de los gobiernos con el poder judicial tampoco es mucho mejor. Es célebre el fenómeno del Lawfare, que consiste en politizar la justicia para usar los tribunales contra los enemigos políticos. Los casos de Lula en Brasil o de Rafael Correa en Ecuador están a la vista.
Y qué decir de las perniciosas relaciones entre gobiernos y empresas. Son frecuentes los casos de “puerta giratoria” en los que un alto ejecutivo de una empresa entra al gobierno, regresa al sector privado y luego vuelve de nuevo a ocupar cargos en el Estado sin saberse a quién entrega su lealtad, si a la empresa o al sector público. Además, está la presión que ejercen ciertos sectores sobre el Gobierno para que proteja sus intereses. En estos días de pandemia, por ejemplo, ha sido evidente la influencia del Consejo Gremial sobre las decisiones del presidente Iván Duque.
Entonces, ¿cuál separación de poderes? ¿Cuál independencia del Estado? Si seguimos a Marx cuando dice que el Estado no es sino el instrumento al servicio de la clase dominante, podemos afirmar que, en consecuencia, todos los gobiernos deberían ser denominados regímenes y viceversa.
Que no nos confundan. El uso malintencionado de las palabras no crea la realidad, pero sí puede tergiversar la interpretación que hacemos de ella.
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