La reforma tributaria de 2019 se destaca por los regalos al empresariado en forma de exenciones tributarias y por disminución de los impuestos
Carlos Fernández (*)
Si se mira la tras-escena de la suspensión, durante 2020 y 2021, de la regla fiscal establecida en la ley 1473 de 2011, se pueden descubrir las motivaciones reales de la política oficial que no aparecen en los considerandos de las normas que, en materia fiscal y presupuestal, viene expidiendo el gobierno nacional con ocasión de la pandemia del covid-19.
La regla fiscal es una norma establecida, bajo diferentes modalidades, en numerosos países, a instancias de gobiernos que ejecutan desde hace tiempo políticas neoliberales en materia de manejo de las finanzas públicas. Se trata de lograr un balance fiscal que, por un lado, evite déficits cuantiosos en las cuentas oficiales o, por el otro, de incrementar los ingresos mediante impuestos o deuda, o ambos, cuando la perspectiva económica se presenta desfavorable.
En el primer caso, se trata de austeridad en el gasto, particularmente, en lo que se refiere al gasto social. Y, en el segundo, de apelar a los contribuyentes o a los prestamistas para solventar la situación. Como es obvio, cualquier economía debe tener una disciplina fiscal consistente en gastar según las posibilidades, procurando un margen de ahorro para las épocas de vacas flacas. El meollo del asunto está en el tipo de gasto y el objetivo del ahorro.
El presupuesto contra la pandemia
Cada año, el gobierno nacional debe elaborar, hacia el mes de junio, un documento denominado Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), en el que se hace el balance del movimiento de los ingresos y gastos del gobierno central en el año inmediatamente anterior y se establece la meta de déficit para el año en curso y el siguiente. La meta era que el déficit fiscal bajara a -1% en el año 2022. De acuerdo con los criterios del gobierno y los gremios empresariales, la cosa marchaba bien. Pero llegó el nuevo coronavirus y ahí fue Troya.
En efecto, fue necesario tomar la medida de decretar la emergencia económica, social y ambiental en un panorama nada alentador: disminución o freno de la producción y los servicios, baja de los precios del petróleo, aumento del desempleo, sectores de la población sin poder trabajar para lograr su sustento, etc. La situación permitía vislumbrar que los ingresos fiscales por concepto de impuestos se iban a venir abajo y que se iba a necesitar mayor gasto para enfrentar la pandemia.
Mientras determinaba qué hacer, el gobierno decidió crear el Fondo para la atención de la emergencia –FOME–, mecanismo a través del cual se iban a canalizar la mayor parte de los recursos adicionales con que se financiaría el gasto adicional, y lo adscribió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para su financiación, decretó que las fuentes de sus recursos fueran fondos permanentes que han sido creados como mecanismo de ahorro para eventos futuros, sobre todo en materia de obligaciones de los entes territoriales.
No afecta a los ricos
¿De qué naturaleza son estos recursos? ¿A cuánto ascienden? Empecemos por la segunda pregunta. En una declaración pública, Duque dijo que el gobierno había asignado 117 billones de pesos a las acciones contra la pandemia, equivalentes al 11% del PIB. El ministro de Hacienda aclaró que se trataba de una asignación de cerca de 30 billones, que equivalen a cerca del 3% del PIB. Más precisamente, según las cifras oficiales, se trata de una asignación de 28,5 billones de pesos (2,8% del PIB), con la siguiente estructura de fuentes:
- Aportes al FOME, 24,5 billones de pesos, todos en calidad de deuda. Estos recursos provienen de fondos estatales cuyo objetivo es financiar inversiones u obligaciones de los entes territoriales en materia de desarrollo o de pensiones (14,6 billones) o del Fondo de riesgos laborales del ministerio de Trabajo, (200 mil millones) cuyo objetivo es estudiar las condiciones que faciliten disminuir los riesgos laborales de los trabajadores. Adicionalmente, los establecimientos de crédito (bancos y otras instituciones) «contribuyen» con una inversión obligatoria en papeles del Estado (que, también, implican deuda) por valor de 9,7 billones de pesos.
- El impuesto solidario, 210 mil millones de pesos, que deben pagar los empleados y contratistas del Estado que perciban más de 10 millones de pesos de ingresos mensuales. Cabe señalar que éste es el único impuesto hasta ahora decretado por el gobierno de Duque, que afecta a trabajadores que, si bien perciben una buena remuneración, no hacen parte de los sectores más ricos de la población.
- Traslado al presupuesto general de la Nación de 2,6 billones de pesos provenientes del Fondes (Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura) destinados a la capitalización del Fondo Nacional de Garantías –FNG–
- Descapitalización de entidades en donde el Estado tiene participación accionaria, 650 mil millones, destinados a la capitalización del Fondo Nacional de Garantías –FNG–. Las entidades descapitalizadas son: el Grupo Bicentenario, de reciente fundación (ver VOZ número 3012), Findeter, Fondo Nacional de Ahorro, Finagro, Urrá S.A. y Central de Inversiones. Esta capitalización del FNG busca, con los recursos de otras entidades del Estado, disponer de recursos adicionales para garantizar, hasta el 90%, los créditos que otorgue el sistema financiero a las empresas para su mantenimiento en época de pandemia. Con estos recursos adicionales, se supone que se podrá aumentar la capacidad de garantía del FNG hasta, aproximadamente, 60 billones de pesos.
- Una última fuente de financiación es la eliminación del arancel a las importaciones de medicamentos e insumos médicos y la exención del IVA para los productos relacionados con la salud, por 537 mil millones.
¿Reforma tributaria para 2022?
Del panorama global, puede colegirse que ninguna medida afecta a los grupos más poderosos del país. De otro lado, del total de recursos asignados (28,5 billones), hasta el momento, la ejecución es bajísima, según los propios informes oficiales.
Ésta es la propuesta del gobierno en su MFMP para 2020, el cual plantea que, ya en 2021, habremos salido de la crisis en una gran proporción pero que, de todas maneras, ella nos dejará en una situación de falta de recursos fiscales. Entre tanto, la ominosa presencia de la reforma tributaria de 2019 se cierne sobre la economía del país con su enorme regalo a los grandes empresarios en materia de exenciones tributarias a sus inversiones y de disminución de las tarifas de impuestos. Echar para atrás dicha reforma ayudaría enormemente a solventar la necesidad de nuevos recursos. Pero eso depende de la naturaleza de clase del gobierno, que ya se sabe para quién trabaja.
(*) Economista.
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