Roberto Amorebieta
@amorebieta7
El designado ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha propuesto regular la protesta social. Desde su punto de vista, la protesta tiene que ser ordenada y debe no sólo representar los intereses de grupos minoritarios sino “verdaderamente los de todos los colombianos”. Para ello, presentará un proyecto de Ley Estatutaria que limite el ejercicio de la movilización y la protesta. Si bien no se conoce aún el contenido del proyecto, es de suponer que, al menos, contendrá dos propósitos: Otorgar potestad a los alcaldes para que se abstengan de dar permisos a las movilizaciones y endurecer las medidas judiciales contra las vías de hecho, como los bloqueos o las tomas.
Por supuesto, la propuesta se entiende en el contexto de una sociedad que cada vez se moviliza más. Según el Cinep, en 2010 se realizaron 640 protestas mientras en 2016 fueron 1.019. Este aumento en la movilización puede deberse a varios motivos: La economía sigue mal; las familias a duras penas llegan a fin de mes a punta de préstamos paga diario, mientras los bancos exhiben jugosas utilidades. El fin del conflicto armado ha disminuido la estigmatización contra los movimientos sociales, permitiendo que las organizaciones fortalezcan su capacidad de convocatoria. Los jóvenes, que han crecido viendo el desescalamiento y luego el fin de la guerra, tienen mucha más conciencia ciudadana de lo que creíamos y no tienen miedo de reivindicar sus derechos.
Ante este panorama, el nuevo gobierno ofrece profundizar el modelo de acumulación y por consiguiente, aumentar la represión a la oposición. Neoliberalismo en lo económico y autoritarismo en lo político. Incentivos al sector privado, empobrecimiento de los trabajadores y persecución al movimiento sindical. Nada nuevo. Esta “nueva” generación de políticos de extrema derecha se empecina en un modelo que ha demostrado ser insostenible. El país no es el mismo del 2002: El nuevo gobierno ya no tiene mayorías holgadas que le permitan hacer y deshacer; el discurso del enemigo ya no es tan efectivo y hay cada vez más personas que dejan de tener miedo; el avance en las comunicaciones hace que cualquier hecho se sepa inmediatamente, agilizando la difusión y las convocatorias. Es decir, hay cada vez más sectores de la ciudadanía que han decidido movilizarse en defensa de sus reivindicaciones y hay un gobierno que no tiene una respuesta eficaz, más allá del aumento en la represión y la criminalización.
Este proyecto de ley lo único que demuestra es que ahora son las clases dominantes las que tienen miedo. Es una muestra de debilidad frente a un pueblo que se está empoderando. Es una respuesta desesperada a la crisis de su propia legitimidad. El miedo está cambiando de bando.
