La Jornada Nacional por la Paz y la Vida convocó a miles de personas que en todo el país se movilizaron para rechazar los asesinatos policiales, la brutalidad del Esmad y las masacres
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Con el nombre de Jornada Nacional por la Vida y por la Paz en las principales ciudades del país se realizaron protestas con marchas y caravanas vehiculares que terminaron en plazas públicas, o en el Ministerio de Trabajo para el caso de Bogotá, el pasado 21 de septiembre, #21S.
Solo en la capital del país hubo 16 movilizaciones desde localidades, universidades, el Parque Nacional y Ecopetrol de las cuales varias avanzaron hacia la Plaza de Bolívar.
En diferentes capitales departamentales hubo distintas formas de movilización que evidenciaron la necesidad de volver a salir a las calles a rechazar las políticas del actual Gobierno, los abusos policiales y los asesinatos. Y aunque no es la primera movilización luego de haberse levantado todas las medidas de confinamiento, sí es en la que más sectores han participado.
Razones para salir a defender la vida sobran. Solo en 2020 han sido perpetradas 61 masacres en 19 departamentos con 245 víctimas; 270 líderes y lideresas sociales asesinados; y 230 excombatientes de las Farc ejecutados extrajudicialmente desde la firma del acuerdo de paz.
Los trabajadores y sus propuestas
Por otra parte, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, había recibido críticas de varios sectores porque convocó movilizaciones en vehículos, no obstante, su presidente Diógenes Orjuela, al final de estas aseguró que habían sido numerosas.
Sobre los motivos, Orjuela expresó: “Condenamos las políticas económicas del Gobierno y rechazamos su negativa a negociar el pliego de emergencia, de no atender temas como la salud, la renta básica, rechazamos la presencialidad en las clases, la venta de las empresas del Estado, los asesinatos y la brutalidad policial”.
Las movilizaciones de los sindicatos también se realizaron en apoyo a la huelga que adelantan los trabajadores de la mina Cerrejón en La Guajira, pero principalmente en respaldo al pliego de emergencia presentado al Gobierno nacional a mediados de junio y que finalmente se negó a negociar.
Este contiene exigencias como una mayor intervención del Estado en la salud que logre garantizarla; una renta básica por unos meses para 30 millones de personas en condición de vulnerabilidad; la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina; apoyo al sistema educativo público con la matrícula cero y la no privatización de activos de Ecopetrol, entre otras exigencias.
El Comité Nacional de Paro, autor del pliego, también dijo de dónde podían salir los recursos para desarrollar esas medidas: Emisión de moneda, hacer uso de las reservas internacionales, realizar moratoria temporal y renegociación de la deuda pública externa y la suspensión de exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero.
Contra el abuso policial
Como en las últimas manifestaciones, los jóvenes y los estudiantes fueron los protagonistas por su vitalidad, beligerancia y la cantidad de estos en las calles. María Alejandra Baquero, representante estudiantil en la Universidad Nacional de Bogotá e integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, dijo que convocaron la movilización exigiendo la reforma estructural de la Policía; el desmonte del Esmad y en rechazo a la militarización y criminalización de la vida juvenil, los actos de protesta y movilización.
En la capital del país, los estudiantes caminaron desde varias localidades y la Universidad Nacional para reunirse con otros sectores y marchar hacia la Plaza de Bolívar donde fueron agredidos por la Policía, lo que produjo la ruptura de la concentración que colmaba el lugar.
“Nos sumamos a las exigencias del movimiento popular. Y en lo referente al movimiento estudiantil pedimos matrícula cero en todas las instituciones de educación pública y una reforma al modelo de financiación de la educación superior”, comenta María Alejandra y agrega que el Gobierno nacional no ha dado un solo peso para la matrícula cero en el contexto de la pandemia, que las instituciones que lo han hecho lo lograron con dinero de gobernaciones o reasignando recursos.
Organizaciones sociales
Por otra parte, Carlos Arturo García de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, espacio integrante del Comité Nacional de Paro, aclaró que hay discusiones dentro del movimiento social por las propuestas de salir a movilizarse en vehículos. Para algunos, es necesario hacerlo por las condiciones de la pandemia, pero otros expresan que de todas maneras la gente ya está saliendo a trabajar sin las suficientes medidas de seguridad, por lo tanto, hay que extremar el autocuidado y salir a marchar.
“Dentro del Comité Nacional de Paro continúa el debate sobre el momento político actual y las acciones a tomar, pero se plantea la unidad de acción. Hemos dicho que hay que trabajar en función de lo que nos identifica y que lo que nos genere debate lo tenemos allí para priorizarlo, pero eso no puede ser un punto que afecte la posibilidad de potenciar el espacio de organización y protesta”, explicó Carlos Arturo García.
Para el dirigente, no estuvo bien que el Gobierno nacional levantara las medidas adoptadas por la crisis sanitaria porque se empujó a la sociedad, especialmente a los trabajadores, a un “sálvese quien pueda” a una ley del más fuerte que va a provocar otro contagio masivo tal como sucede en Europa. Todo porque pudo más la presión de los empresarios, del sector financiero y algunos sectores de la clase política.
No obstante, cree que ante esa situación en la que la gente debe salir a trabajar para no morir de hambre, también lo hace para expresarse contra las medidas antipopulares del Gobierno de Iván Duque.
Por lo anterior, las distintas organizaciones sociales ya preparan jornadas para los próximos meses, entendidas como la continuidad de las movilizaciones iniciadas en 2019. Dentro de las más grandes está la Semana de la Indignación en el mes de octubre, en la que participará la minga indígena del suroccidente, movimientos campesinos con protestas en vías intermunicipales. Todo con miras a un paro nacional.
Los trabajadores continuarán rechazando la reforma laboral que precariza sus condiciones con el Decreto 1174 y otros decretos presidenciales emitidos durante el confinamiento, y que favorecen a los intereses del sector financiero y el gran capital.
“Las organizaciones sociales también nos oponemos al proceso de desinstitucionalización que se da de manera gradual: un Congreso maniatado que no sesiona de manera presencial, lo que es aprovechado por el Gobierno ante la ausencia de control político; hay una justicia ensimismada porque los juzgados siguen cerrados y el poder Ejecutivo concentra el desarrollo de la economía, su impacto y afectación social y hay un proceso de control de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Estamos en una dictadura civil”, concluye Carlos Arturo García.
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