Carlos Fernández*
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario durante 2013 presentó un registro de 5,2 por ciento respecto al año 2112, lo que representa un incremento notable respecto al mediocre comportamiento de 2 por ciento promedio anual registrado desde el año 2003. No obstante, ni los gremios del sector, ni los comentaristas especializados salieron a batir palmas en esta ocasión pues son conscientes de que ese resultado es atribuible tan sólo a un elevado crecimiento en la producción de café (22,3 por ciento entre los dos años), ocurrido, específicamente, en el segundo trimestre de 2013 y motivado por una buena perspectiva de precio internacional que luego se desplomó.
Tan es así, que, luego de la movilización cafetera previa al paro general agrario, los cultivadores del grano lograron un subsidio denominado Programa de Protección al Ingreso Cafetero (PIC), equivalente a lo que faltara para alcanzar un ingreso por carga de café de $700 mil. Por un leve período, el PIC fue desmontado porque el precio alcanzó esos niveles pero el jueves 20 de marzo tuvo que ser reactivado ante una baja del precio por debajo de los $700 mil.
Con algunos días de antelación a la publicación de las cifras sobre el producto por parte del DANE, las organizaciones campesinas, indígenas y de población negra reunidas en la Cumbre Agraria habían aprobado un complejo pliego de peticiones que abarca el conjunto de la problemática que afrontan los sectores más vulnerables del campo colombiano.
El contraste entre el resultado del producto agropecuario en 2013 y los reclamos de los sectores populares del campo no puede ser mayor. Mientras el Gobierno plantea por todos los medios que ha venido cumpliendo los compromisos que asumió en las negociaciones con la MIA y con las otras expresiones del movimiento social de los productores campesinos, estos anuncian la realización de un nuevo paro agrario si tales acuerdos siguen sin cumplirse.
Dos hechos
En medio de estos dos hechos (la presentación de las cifras sobre el producto y el pliego de peticiones de la Cumbre), los gremios de grandes agricultores, representados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) decidieron cuestionar el proceso de negociaciones que se adelanta en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP con el pretexto de que –dijeron– no sabían lo que se estaba negociando en materia de propiedad de la tierra y modelo económico para el campo.
De esta manera, le restaron apoyo a un proceso que apoyaron en un comienzo, quedando en el mismo nivel de los señores de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), quienes habían expresado su franca oposición a las conversaciones desde un comienzo. De otro lado, los señores de la SAC han empezado a sentir pasos de animal grande con la puesta en marcha de los TLC y han decidido iniciar el ejercicio de una tímida presión sobre el Gobierno para que tome medidas que vayan en contravía de las nefastas consecuencias que para ellos tienen tales tratados.
La misión
No puede decirse que el Gobierno no ha tomado medidas hacia el largo plazo. Presionado por los acuerdos logrados en La Habana respecto al primer punto de la agenda y aupado por la contundencia de la movilización campesina, ha decidido lanzar una Misión Agraria que tiene como tarea proponer lo que sería una política agraria y rural que vaya más allá de lo simplemente agropecuario.
Es decir, que la Misión tiene que trascender los temas tan manidos sobre competitividad, tasa de cambio, desgravación arancelaria y atender otras cuestiones relacionadas con el ordenamiento territorial y el papel en él de figuras como las zonas agroalimentarias, las zonas de reserva campesina, etc., así como promover formas ambientalmente sostenibles de producción como la agroecología.
También deberá, si quiere estar a la altura de su cometido, elaborar propuestas sobre el suministro de bienes públicos al campo y medidas para superar, de una vez por todas, la brecha entre las condiciones socioeconómicas de la población rural y las que afectan a la población urbana.
Los miembros de la Misión, encabezados por el ex ministro de agricultura José Antonio Ocampo, bajo cuyo ministerio se aprobó la ley 160 de 1994, que creó las zonas de reserva campesina, harían bien si tienen en cuenta como un instrumento de trabajo el pliego de peticiones de la Cumbre, para la elaboración de sus propuestas. Las discusiones en desarrollo de su trabajo deben tener en cuenta no sólo las opiniones escritas de los campesinos, indígenas y comunidades negras sino, sobre todo, el testimonio oral que dirigentes y miembros de base de las respectivas comunidades pueden aportar para la mejor confección de las propuestas.
Y no se debe olvidar la necesidad de incluir en éstas medidas relacionadas con el cumplimiento y mejoramiento de la legislación laboral para los trabajadores asalariados del campo. Las organizaciones campesinas y sindicales agrarias deberán, por su parte, buscar hacer parte de las discusiones de la Misión.
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* Investigador del CEIS.
