«Es urgente, a nivel global, la creación de
una renta básica que ofrezca protección
a todos los ciudadanos en tiempos
de crisis… y en tiempos ordinarios»: Ignacio Ramonet
Carlos Fernández (*)
A finales del mes de abril, las bancadas de la oposición (Unión Patriótica, Colombia Humana, FARC, Alianza Verde y Mais) suscribieron un documento en el que le proponen al país y al gobierno el establecimiento de un subsidio denominado Mínimo para la Vida, que estaría dirigido «a todas las familias y personas que presentan vulnerabilidades socioeconómicas, laborales y de ingresos, madres cabezas de hogar, trabajadores informales víctimas del conflicto, personas con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores, personas reincorporadas, reinsertadas; un ingreso para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía aplicando un enfoque étnico y de género, esencial para cubrir los servicios públicos domiciliarios y la alimentación».
Cuantía y arreglo institucional
En un número anterior de VOZ (Véase la edición No. 3025), habíamos avanzado algunas ideas sobre la necesidad de poner sobre el tapete la discusión acerca de que el país se dote de un instrumento de esta naturaleza con el fin de que, por fin, el Estado se haga cargo de, al menos, la parte más vulnerable de su población.
Los congresistas de la oposición plantean en su propuesta que la cuantía mínima del subsidio sea de un salario mínimo legal mensual vigente y que el mismo se otorgue durante todo el período que dure el estado de emergencia y tres meses más. Plantean, asimismo, la necesidad de reunir en un solo plan los diferentes programas asistencialistas que existen hoy en día (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Ingreso Solidario, Devolución del IVA) y abrir una subcuenta, con los recursos que se manejen con relación al Mínimo para la Vida que proponen, en el Fondo para la Mitigación de la Epidemia (FOME), creado mediante decreto de emergencia económica y financiado con recursos destinados a las pensiones de los entes territoriales o a inversión con recursos de regalías. Los congresistas de la oposición señalan, también, que la propuesta cuenta ya con la financiación pertinente y apuntan que ella implica, además, una serie de medidas urgentes de modificación del régimen tributario.
La propuesta recoge diversos planteamientos de académicos y estudiosos del tema como Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, así como de la Escuela Nacional Sindical (ENS) o Diego Carrero y muchos más. Es un valioso esfuerzo por sacudir al Gobierno en su modorra burocrática, que no logra taparse con el alud normativo en que se ha convertido la emergencia ni con las presentaciones diarias en televisión del señor presidente. Aunque hay que señalar que, en sesión de la Comisión Séptima del Senado, la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) indicó que el Gobierno va a estudiar la propuesta de la oposición y que tomará las medidas que considere pertinentes. Y añadió, sibilinamente, que, luego de la pandemia, el DPS tendrá que reinventarse.
Otra propuesta
Hay que decir que, desde la orilla de los patronos, también, se han dejado sentir voces en el sentido de otorgar una renta a los sectores que, por efecto del virus, perdieron sus ingresos y, en consecuencia, vieron reducida a cero o casi cero su capacidad de demanda. En efecto, desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras –ANIF- se ha lanzado la idea de implementar una Renta Básica Semi-Universal (RBSU), por una única vez, «para mitigar esa pérdida de ingreso laboral de los hogares más vulnerables».
Consistiría en una transferencia monetaria única de 450 mil pesos y los beneficiarios serían los afiliados al régimen subsidiado de salud mayores de 16 años (15 millones 600 mil personas) y los trabajadores asalariados formales que devenguen hasta un salario mínimo (2 millones 300 mil personas). La transferencia propuesta se llama semi-universal por cuanto no abarca al conjunto de la población sino a los grupos de ésta previamente definidos.
La propuesta de ANIF es mezquina respecto al carácter de emergencia de esta renta básica, toda vez que plantea que ella sea por una sola vez y equivalga a medio salario mínimo, en tanto que la propuesta de la oposición busca que, como se dijo, ella se dé por todo el tiempo de la emergencia y tres meses más. Pero la propuesta de la oposición se queda corta pues no plantea una prolongación en el tiempo de este instrumento mientras que la propuesta de ANIF plantea abrir el debate sobre la conveniencia de volver esta transferencia un mecanismo recurrente o periódico de la política pública de protección a la población más vulnerable.
De lo temporal a lo permanente
La urgencia del fenómeno de la pandemia lleva a los congresistas a plantear una auténtica preocupación por que los sectores más vulnerables de su pueblo no caigan o no se hundan más en el pozo del hambre y la miseria. A los sectores empresariales, en este caso representados en ANIF, los anima la preocupación del bajón en la demanda de bienes y servicios por parte de vastos sectores de la población. El gobierno, por su parte, descubrió que, además de los pobres que aparecen en las estadísticas oficiales, hay una enorme masa de gente sin recursos, viviendo de lo que les aporte el día a día y que no están en las bases de datos de las entidades estatales.
Pero se están creando condiciones para que se presione por la creación de una renta básica que apunte a que, inicialmente, los más desprotegidos miembros de la sociedad cuenten con un ingreso mínimo que les posibilite una cierta dignidad y forma de sobrevivencia y, que, posteriormente, cubra a otros sectores de la población que, teniendo ingresos, ven la variabilidad de estos como un peligro para su subsistencia en ciertos períodos.
Y, sucesivamente, se llegue a la implantación de una renta básica universal, a la que deberán aportar en gran medida los sectores empresariales y los especuladores financieros mediante sistemas tributarios verdaderamente progresivos, a través de un manejo fiscal que privilegie el gasto social y que maneje con principios de soberanía la deuda estatal y por medio de reformas laborales que, al tiempo que protegen a los asalariados, promuevan la inversión modernizadora, en términos de lo básico para la sociedad y del respeto por el medio ambiente.
(*) Economista.
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