Redacción DD.HH.
El pasado 24 de agosto, el movimiento social y político Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz, le presentaron al país un duro informe sobre la sistemática violación a los derechos humanos, en este primer semestre del año en curso.
El informe pretende recoger algunas demandas y posicionar la tragedia nacional que viven las comunidades, en donde históricamente se ha vivido el conflicto interno, pero también, en donde las organizaciones sociales tienen una importante presencia y un ejercicio de movilización por la reclamación de derechos.
En ese sentido, el informe releva que mientras hay cumplimiento por parte del grupo insurgente sobre los compromisos pactados, es decir el cese de la violencia política en el país, grupos que se califican como enemigos de la paz, o sucesoras del paramilitarismo, han atizado la violencia en las zonas en donde esta organización había tenido la mayor presencia.
También resalta lo señalo en el Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, quien en el Consejo de Seguridad el pasado 23 junio, afirmo que “el cese al fuego y de las hostilidades bilateral entre el Gobierno y las FARC-EP se mantuvo durante el período sobre el que se informa, en el que solo se registró un incidente grave y no hubo ninguna baja como consecuencia de enfrentamientos entre las partes. No obstante, persisten las preocupaciones acerca de la situación de la seguridad en las zonas más afectadas por el conflicto y las actividades de organizaciones y grupos armados denominados sucesores de los grupos paramilitares desmovilizados”.
Igualmente reflexiona: “Los ataques contra líderes sociales y comunitarios, así como contra miembros de las FARC-EP y sus familiares, han aumentado las preocupaciones sobre la seguridad durante la fase de reincorporación y han puesto de manifiesto la importancia de ofrecer garantías de seguridad y adoptar medidas para prevenir ese tipo de violencia”.
En este informe, resaltan la preocupación del Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, cuando afirma que “este año son 52 homicidios y más o menos 500 amenazados. (…) Este panorama de homicidios y amenazas lleva a la Defensoría del Pueblo a definir la situación como “violencia generalizada”.
Las cifras no mienten
Según relata el documento de informe, “para el periodo de análisis, la comisión documentó 540 casos, 484 violaciones a los derechos humanos en contra de comunidades y organizaciones sociales y populares, 57 violaciones a los derechos humanos de integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación y sus familiares. Hechos cometidos por parte de grupos armados irregulares, en su mayoría relacionados con el fenómeno del paramilitarismo y miembros de la fuerza pública”.
La ausencia de garantías para ejercer oposición política en Colombia, es una de las conclusiones del documento. Al paso resaltan que desde hace varios meses han insistido en la necesidad de frenar dichos casos y aumentar la investigación para juzgar a los culpables. “Si desde el Estado no se toman decisiones acordes con la gravedad de la situación y si desde la sociedad no se configura una movilización en defensa de los acuerdos y contra la violencia persistente, pueden repetirse experiencias de persecución y violencia que marcaron la historia de conflicto armado en Colombia”.
Se teme que este sea un nuevo genocidio nacional, como el ocurrido con el partido político Unión Patriótica. Dentro del total de víctimas identificadas encontraron tres personas pertenecientes a la comunidad Lgbti. La mayoría de las víctimas son hombres, en un 80%, mientras el 16% corresponde a mujeres. En 8 casos no se identificó el sexo o género de la víctima, correspondiente a un 3%, porcentaje igual al de los casos dirigidos solamente a organizaciones sociales, que corresponden a amenazas donde mencionan a organizaciones puntuales. Resaltan que del total de hechos documentados, se presentaron 133 asesinatos. En algunas denuncias se encontraron entre tres a cinco personas asesinadas; de estos 133 homicidios 101 corresponden a líderes comunitarios o de organizaciones sociales. Además, fueron registradas 194 amenazas; de las cuales 95 fueron colectivas y 99 individuales, y 36 casos de injerencia arbitraria relacionados con hechos donde de manera violenta, sujetos que se identifican como parte de la fuerza pública o miembros de organizaciones ilegales ingresaron a las viviendas de pobladores, en algunos casos sin presencia de los dueños, desorganizan, realizan señalamientos, y posterior a ello se marchan. En algunos casos también ha sido acompañado por tortura y detenciones arbitrarias”.
Las regiones en donde más se presenta este tipo de situaciones son aquellas en donde existen altos niveles de militarización. Unas 110 violaciones sucedieron en Cauca, con 61 amenazas, 29 asesinatos y 5 atentados, seguido por los departamentos de Chocó con 81 violaciones e infracciones, con 49 amenazas y 16 atentados; en el Valle por su parte presenta 59 con 27 amenazas y 20 asesinatos y finalmente Antioquia con 33 tipificaciones, 11 de ellos son amenazas y 16 asesinatos. En el 70% de las violaciones de derechos humanos, no se pudo determinar la pertenencia de los victimarios a algún grupo en particular, sin embargo, en el 19% de los casos estos grupos se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AUC, Águilas Negras o Urabeños, y en el 3% de las violaciones la insurgencia del ELN fue señalada como victimaria.
Entre otros elementos, el informe recomienda “Promoción del Pacto Político Nacional previsto en el Acuerdo Final de Paz con el más amplio consenso social, político e institucional que ponga en marcha medidas efectivas para separar las armas de la política y de los negocios. Deberá incluir la prohibición constitucional del paramilitarismo y de cualquier actividad de grupos privados que asuman funciones militares, de guerra o de orden público en el conflicto armado o contra la población civil”.
