El sistema de alternancia, medida propuesta por el Gobierno nacional para el regreso a clases de miles de niños, niñas y adolescentes, carece de condiciones que eviten el contagio del coronavirus
Ángela María Correa Areiza
El proceso educativo en pandemia ha carecido de condiciones pedagógicas adecuadas para el aprendizaje desde casa y, por el contrario, continúa concentrándose en la evaluación de datos estandarizados.
El año 2020 cerró con una cifra de alrededor de 264.000 menores que desertaron del sistema educativo básico y medio a raíz de las condiciones del covid-19, claro está, esta cifra no revela el nivel de deserción de la educación pública y la educación privada.
Además, este dato no tiene en cuenta el número de reprobados, es decir, la estadística institucional solo pretende sistematizar la cantidad de estudiantes que oficialmente se retiraron del proceso educativo y no recoge a aquellos que, sin hacerlo, no lograron adecuarse a las condiciones de la educación en casa o no contaron con la posibilidad de responder a los compromisos escolares y, por ende, reprobaron el año lectivo 2020.
La alternancia
La apuesta del gobierno nacional para hacer frente a la situación dentro del sistema educativo desde agosto del 2020 ha sido el sistema de alternancia educativa. Dicho sistema supone la combinación de la presencialidad y la educación en casa, con condiciones de bioseguridad, distanciamiento social, etc.
De este modo, la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, herramientas técnicas y tecnológicas, ampliación de planta docente y demás aspectos necesarios para el desarrollo educativo en casa, en apariencia, dejan de ser una prioridad para garantizar el derecho a la educación.
Estudiantes, acudientes, madres, padres y docentes han manifestado su preocupación ante dicha propuesta. El retorno a las clases presenciales en las actuales condiciones puede representar un riesgo a la salud de las y los colombianos, pues las medidas de implementación de la alternancia, hasta ahora, no son suficientes para evitar el incremento de los contagios.
Ello pone en riesgo no solo el derecho a la educación de las y los estudiantes, sino también de la vida.
Oportunismo
Sirviéndose de esta manifestación, sectores de la ultra derecha colombiana, en contravía de la educación pública y contra las acciones de movilización del magisterio, han promovido la educación privada a través del endeudamiento.
Claro ejemplo es el Fondo Solidario para la Educación, crédito creado por el gobierno nacional para el pago de matrículas en escuelas privadas mientras la inversión para la educación pública sigue siendo insuficiente, incluso cuando la solicitud de cupos en las escuelas públicas ha aumentado a raíz del incremento del desempleo y la disminución de capacidad adquisitiva de las familias.
La crisis educativa
La propuesta de alternancia tiene que obligarnos a mirar las condiciones de la educación antes de la emergencia. La crisis educativa no tiene su origen en la pandemia, aunque la ha agudizado. Solo para recordar alguna de las brechas preocupantes, en Colombia, la media de las relaciones técnicas estudiantes/docentes, era de veinticuatro estudiantes por cada docente, cifra en apariencia favorable, pero ocasionada por la desescolarización en el campo, de modo que en cascos urbanos encontramos aulas con cuarenta o más estudiantes.
Entonces, ni siquiera con el cincuenta por ciento de los estudiantes en el aula se lograría mantener el distanciamiento adecuado y mucho menos se podrían dar las garantías del proceso educativo con el mismo número de docentes. De este modo, la inversión en infraestructura y la ampliación de la planta docente son un imperativo para responder a las necesidades actuales.
Adicionalmente, se debe insistir en los elementos de la canasta básica, donde aspectos como el transporte, no responden a la necesidad de las y los estudiantes de secundaria, quienes deben movilizarse de su lugar de residencia hasta el colegio en el transporte público, en medio del hacinamiento y sin condiciones de bioseguridad.
En todo caso, aunque el retorno a las aulas sea una necesidad imperante, las condiciones materiales existentes y las promesas del gobierno nacional son exiguas, por lo cual debe estar acompañado de financiación adicional para docencia, infraestructura, bienestar, acceso al sistema de salud para toda la comunidad educativa, etc. y el compromiso real de una reforma al Sistema General de Participaciones que responda a la resolución de la crisis educativa anterior a la pandemia.
Condiciones para la vida y la educación
Es un hecho que el gobierno nacional busca imponer la alternancia sin medir riesgos, de tal manera que la movilización sigue siendo el método para reclamar ambientes adecuados para el retorno. No oponemos la vida al derecho a la educación, exigimos condiciones dignas para la vida y para la educación.
La crisis agudizada por el covid-19, debe revitalizar las discusiones y propuestas de resistencia y confrontación al modelo pedagógico imperante que sigue respondiendo a las exigencias de acomodamiento del sistema capitalista en medio de la crisis. El retorno a la “nueva normalidad”, no puede pasar en limpio y sin cuestionamiento los presupuestos educativos de la sociedad capitalista.
Es momento para reactivar la acción y la movilización de tal manera que el regreso a las aulas, por las condiciones que ofrece e impone el gobierno, no cueste la vida ni la educación de miles de niños, niñas y adolescentes.
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