El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado publica un estudio sobre la violación del derecho a la tierra y su relación con los proyectos minero-energéticos
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Uno de los grandes conflictos sociales que ha tenido Colombia en el transcurso de su historia y que ha sido causante del conflicto interno, ha sido el de la tenencia de la tierra. Miles de familias humildes se han visto sometidas a la expropiación violenta de sus predios por parte de grupos armados, y contra su voluntad han tenido que ingresar a los amplios cordones de pobreza en las grandes ciudades, muchas de ellas sin posibilidades de retorno, pues los actores armados responsables del desplazamiento forzado permanecen en los territorios ejerciendo control social y o vinculados a la protección de los proyectos minero-energéticos.
La mayoría de estas tierras han ido a manos de multinacionales, terratenientes y políticos reconocidos en diferentes regiones del país. De allí que parte de las reivindicaciones de quienes han sufrido a costa de este conflicto, haya sido la de una paz con justicia social, lo cual se traduce precisamente en el castigo a quienes generaron esta serie de violaciones, a que se les devuelva sus tierras, y a un retorno con garantías, es decir: en la no repetición de sus tragedias, entre otros.
El establecimiento no garantiza derechos
Mas, sin embargo, este problema de la tierra sigue latente y las leyes que, desde el establecimiento han surgido como una supuesta salida, no han representado una garantía para la población desplazada. Ejemplo de ello es la ley 1448 de 2011 de Victimas y Restitución de Tierras, que surge en el marco de la reparación a las víctimas del conflicto.
Según un informe elaborado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en el país existen fuertes tensiones entre dicha ley y la política extractivista, la aplicación de la política mineroenergética la cual incluye grandes proyectos agroindustriales, desde el Gobierno nacional. Este estudio que fue presentado en la Feria del Libro en Bogotá presenta una relación de varias sentencias sobre reclamaciones de 24 municipios ubicados en 11 departamentos de Colombia. Las 110 sentencias analizadas repercuten en 7.550 víctimas, que representan 1.653 núcleos familiares, de las cuales fueron asesinadas 99, durante y después del desplazamiento.
Según afirma dicho estudio, desde que inició el proceso de restitución en el 2012, los fallos judiciales muestran una tendencia que restringe el derecho de las víctimas y comunidades despojadas: está prevaleciendo la protección de los intereses de las empresas del sector mineroenergético, específicamente donde coinciden los predios de restitución con los proyectos mineros o petroleros.
“A pesar de que los fallos permiten restituir las tierras, el 91% de las sentencias falladas por los tribunales aprueban la continuidad de los proyectos extractivos. El desarrollo del extractivismo se permite bajo el argumento de su duración restringida -que pueden ser décadas- o manifestando la utilidad pública e interés social de la actividad minera y de hidrocarburos para el país. Estas decisiones desconocen la situación de desplazamiento de las víctimas, por lo que la continuidad de dichos proyectos no les permitirá el uso y goce cabal de su tierra y territorio después de décadas de haber sido expulsadas por la fuerza”.
La priorización de estos proyectos productivos, ha implicado un reordenamiento territorial, según mencionan en el estudio. “En los casos de despojo estudiados, los territorios eran habitados en un 70% por sujetos de reforma agraria (personas campesinas beneficiadas en algún momento por la política gubernamental de acceso a la tierra), territorios que en un 92% cambiaron su vocación agraria a una minera o petrolera”.
Lo que se puede evidenciar de acuerdo a la revisión de documentos, denuncias, y las sentencias de las cortes, es que los desplazamientos y por tanto las tierras despojadas beneficiaron directa o indirectamente la implementación de proyectos mineros y petroleros, así mismo se evidencia que estas acciones de despojo violento, “fueron cometidas en un 69% por paramilitares, en un 2,7% en conjunto entre paramilitares y el Ejército Nacional, un 17,2% por grupos armados no identificados, y en 11% ocasionado por grupos guerrilleros”. La investigación resalta, la tragedia de estas familias despojadas, que en un 95% de los casos, llevan cerca de una década en condición de desplazamiento, lo que indica que dichos proyectos extractivistas se solicitaron o aprobaron a espaldas de las familias afectadas.
Sin restitución
La ley de víctimas y restitución de tierras, no se ha cumplido ni en un 20%, y mientras la exigencia de sus propios dueños sobre la tierra existe, los dueños de los proyectos mineros siguen explotando los recursos. “En 101 de los 176 predios restituidos, según las sentencias estudiadas, se permite la concesión o solicitud de los proyectos extractivos, de las cuales, 93 ordenan concertar, negociar (por ejemplo el ingreso al predio o el derecho de servidumbre) o vincular la víctima. Estos casos fueron remitidos a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para que se garantice la sostenibilidad y el goce de los derechos de las víctimas a la restitución, a pesar de tener dentro de su mandato principal el impulso de las actividades extractivas”, acierta el estudio.
Lo lamentable, es que los mismos jueces a los que las víctimas se remitieron para reclamar sus derechos, permitieron la continuación de los proyectos extractivos mientras duró el proceso de restitución, frente a ello mencionan, “solo en un 28% de los casos, ordenaron la medida cautelar de suspensión de los proyectos extractivos”
Entre las empresas que tienen o aspiran a concesiones mineras o petroleras en los procesos de restitución analizados figuran: Continental Gold Limited Sucursal Colombia, Compañía de Exploraciones Chocó Colombia S.AS, Alianza Minera Limitada, Anglogold Ashanti Colombia, Clean Energy Resources, Ecopetrol, El Molino S.O.M, Grantierra Pluspetrol, Minerales de Uraba, Hocol S.A, MinCol, entre otros.
Las instituciones del Estado no brindan garantías
Por otro lado, según se explica en el estudio, las intuiciones y órganos que desde el establecimiento deben tramitar y garantizar derechos, no han cumplido con su función a cabalidad. “En el 62%, la Unidad de Restitución de Tierras – URT no solicitó la cancelación de los títulos mineros o concesiones a las empresas de extractivismo, y tampoco solicitó al juez la orden para la investigación de los hechos que ocasionaron el despojo. Por otro lado, en el 54,5% de los casos no se realizó la solicitud de condena al tenedor de tierras que fue declarado fuera de la buena fe exenta de culpa y solo en un 20,9% se solicitó directamente”. En este mismo sentido ha actuado la Fiscalía General de la Nación, “solo en dos casos solicitó la cancelación de los títulos o concesiones de extractivismo y en una expresamente solicitó la no cancelación: una titulación colectiva de 50.000 hectáreas, de la cual, 31.000 ha, presentaban traslapes con concesiones o títulos mineras, un territorio finalmente restituido”.
No siendo suficiente la afectación a los dueños plenos de estos predios, que suman cientos de hectáreas de tierras a nivel nacional, los usurpadores y abanderados de las proyectos minero-energéticos alegan que la suspensión de los títulos y concesiones son desproporcionadas, no obligatorias y que afectan a la nación. La fuerza pública en estos casos, son los principales cuidadores de los megaproyectos que han revictimizado a las familias desplazadas.
El Movimiento de Víctimas, reitera la exigencia para que la ley se desarrolle en favor de los derechos de las víctimas. Teniendo en cuenta que ello implica el retorno al territorio con dignidad y garantías para el desarrollo de los proyectos de vida que sean definidos por las víctimas que vieron truncados sus procesos hace décadas.
