El fallo de la Corte Constitucional puede ser polémico, pero es una decisión ajustada a derecho. Si como es previsible hay ratificación de la condena, la celebración del uribismo puede volverse en su contra
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
Se ha formado una tormenta en el cotarro político por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional de reconocerle la segunda conformidad a Andrés Felipe Arias en el caso AIS por el que fue condenado. La Corte, atendiendo una acción de tutela interpuesta por el exministro, le ha concedido la posibilidad de impugnar la condena de 17 años que en única instancia profirió en su contra la Corte Suprema de Justicia.
Por más que sea irritante la sola posibilidad de ver al corrupto Arias siendo absuelto y liberado para ser el candidato uribista en 2022, esta decisión de la Corte Constitucional debe ser analizada con serenidad para comprender el sentido jurídico del fallo y el efecto político que puede producirse, los cuales no necesariamente tendrán que ser favorables a los intereses judiciales y electorales de la ultraderecha.
Decisión en derecho
La Asamblea Constituyente de 1991 estableció que los funcionarios con fuero -magistrados, fiscal general, ministros, congresistas, por ejemplo- en caso de cometer un delito no serían investigados por la Fiscalía ni juzgados por los jueces sino directamente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en una única instancia. Se suponía que esta medida daba más garantías a los altos funcionarios del Estado y ponía sus procesos a resguardo de las influencias y las presiones.
Sin embargo, lo que se suponía era un privilegio para los más altos dignatarios se convirtió en un lastre para Arias ya que, a diferencia de la mayoría de los altos funcionarios acusados de parapolítica, el exministro de Agricultura no renunció a su cargo y se sometió a la única instancia que representaba en ese momento la Corte Suprema. Así, desde 2016 cuando fue declarado culpable, él y el uribismo emprendieron una cruzada judicial, política y mediática para presentar la causa como una persecución política, intentar revertir el fallo o, en su defecto, presionar al Congreso y a las Cortes para que le reconocieran el derecho a la segunda instancia.
Y en esto último no les faltaba razón. En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había sentado jurisprudencia al expedir un fallo protegiendo los derechos a la segunda instancia de un alto funcionario de Surinam condenado por corrupción. En consecuencia, en 2018 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -siguiendo la línea de la CIDH y atendiendo una solicitud del propio Arias- ordenó al Estado colombiano garantizar al exministro una segunda instancia en su caso penal.
Por ello, por más que la cruzada a favor de Arias esté impregnada de un inocultable cariz politiquero, hay que reconocer que la decisión de la Corte Constitucional se ajusta a derecho. Es posible que la única instancia para aforados haya sido garantía de juicio justo, pero también es cierto que dicha norma contravenía no solo los mandatos de las autoridades internacionales sino la misma declaración de derechos humanos que garantiza, en el marco del debido proceso, el derecho a apelar una decisión judicial. En ese sentido, la Corte simplemente ha actualizado el orden jurídico y lo ha puesto en sintonía con las normas internacionales.
Efectos políticos
Más allá de los efectos jurídicos que tenga esta decisión -como la posible cascada de tutelas interpuestas por los funcionarios aforados para que se revisen sus condenas- lo más interesante serán sin duda sus efectos políticos. Ya hemos visto la reacción entusiasta del uribismo que ha reclamado este fallo como un triunfo y también hemos visto la indignada -y comprensible- reacción de la propia Corte Suprema de Justicia, de defensores de derechos humanos y en general de toda la oposición.
No obstante, las consecuencias inmediatas del fallo pueden parecer favorables a la ultraderecha, pero a mediano y largo plazo pueden devolverse en su contra. La rabiosa celebración uribista no debe hacer perder de vista que el proceso contra Arias fue limpio y que lo más probable es que la Corte Suprema ratifique el sentido del fallo, así como los demás que se presenten para su revisión. De producirse, ello confirmará el carácter culpable del exministro y de los demás exfuncionarios condenados, ratificando así la independencia de la Corte Suprema.
Pero además, la tutela ganada por Arias le desmonta al uribismo el discurso de que el exministro es un perseguido político. Recordemos que la Fiscalía dirigida por Vivian Morales -actual embajadora en Francia- fue la que instruyó el caso contra Arias ante la Corte y que la Procuraduría dirigida por Alejandro Ordóñez -actual embajador ante la OEA- fue quien lo destituyó e inhabilitó para ejercer funciones públicas. Ahora, la ratificación del fallo por parte de la Corte vendrá a confirmar su culpabilidad y le quitará a la ultraderecha su último argumento.
Algo similar sucede con los altos funcionarios que han sido condenados desde 2014 como la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado (chuzadas), el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano Iván (carrusel de la contratación), el exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno (chuzadas), el exdirector del DAS Jorge Noguera (parapolítica) y los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios (yidispolítica). Todos ellos podrán pedir revisión de sus sentencias y la Corte tendrá la oportunidad de ratificar los fallos en su contra.
Debate enardecido
Es comprensible la reacción enardecida de muchos sectores de opinión que se oponen al fallo de la Corte Constitucional a favor de Arias. Es que detrás de su apariencia de leal monaguillo y su pose de alumno aventajado del presidente eterno se esconde un furioso reaccionario y un fanático neoconservador. Arias siempre ha representado un peligro mayúsculo para las aspiraciones de un país más justo y en paz.
Desde su ministerio, promovió el famoso modelo Carimagua que empobrece a los campesinos convirtiéndolos en jornaleros al servicio de las multinacionales, atacó a las organizaciones campesinas y las acusó de cómplices del terrorismo, promovió la concentración de la tierra y se opuso al despeje humanitario para dialogar con las Farc. Por eso mismo, Álvaro Uribe lo sigue considerando como el hombre más idóneo para continuar su legado.
Y claro, Arias no solo es un reaccionario, también es un hampón. Comenzó su campaña electoral cuando aún era ministro de Agricultura, se vendió sin pudor -e ilegalmente- como “el del presidente”, desvió miles de millones de pesos a través de Agro Ingreso Seguro, AIS, para financiar su campaña presidencial y está involucrado en el entramado de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, que le pagaba un sueldo mensual por sus servicios de cabildeo.
Sí, Arias es un fascista y un delincuente, pero eso no puede hacernos perder de vista que también es un ciudadano con derechos. Que la Corte Suprema revise su condena, que la ratifique y que revise y ratifique también todas las condenas de sean del caso. A ver si ya salimos de este episodio, dejamos de discutir sobre Arias y le quitamos la máscara de víctima que el uribismo le ha querido poner.
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