El siglo XX se inició en medio de una crudelísima guerra civil. Liberales se alzaron en armas contra el gobierno conservador (1899) y los conservadores decidieron tratar a los insurrectos como criminales comunes. Para poder finiquitar la desastrosa confrontación, las autoridades reconocieron el carácter político de los delitos cometidos por los combatientes liberales para conceder la amnistía y facilitar su desarme.
Esta medida inauguró una práctica que sería recurrente desde mediados del siglo pasado, cuando estalló un nuevo conflicto armado. Gustavo Rojas Pinilla (1953) concedió una amnistía a las guerrillas liberales para lograr su desarme. Desde entonces, y hasta el Acuerdo de Paz de la Habana, en 2016, la amnistía se convirtió en una herramienta fundamental para la búsqueda de una salida negociada a las confrontaciones entre el Estado y diversos grupos armados.
Considerando la historia política reciente, la propuesta presentada por el expresidente Álvaro Uribe desconoce que las amnistías que se han otorgado desde la década de 1980 no han sido generales e incondicionadas. Entre 1982 y 1994 los gobiernos de Betancur, Barco y Gaviria otorgaron amnistías e indultos a combatientes de las FARC, el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame y la CRS como parte de los procesos de paz, fallidos o no. Y en 2016, con el gobierno de Santos se configuró todo un sistema para el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y no repetición.
La Amnistía que plantea Uribe no supera las asimetrías judiciales que anunció con fuerza el borrador del proyecto. Es una propuesta inconstitucional y está basada en argumentos falaces que desconocen la existencia de los delitos políticos.
La amnistía y el indulto en Colombia solo incluyen a los delitos políticos, el contenido del Código Penal ha definido como delitos políticos la rebelión, la sedición y la asonada (Sentencia C 986 2010; Art 150 de la Constitución). Además, la amnistía que debe ser avalada por el Congreso. Por lo tanto, plantear una amnistía que indulte delitos de lesa humanidad y crimenes de guerra como los eufemísticamente llamados falsos positivos, es inconstitucional, viola los acuerdos internacionales, genera inseguridad jurídica y lesiona gravemente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. Con el agravante que constituye una burla y un reto a la Corte Penal Internacional.
La propuesta busca cínicamente resucitar a los políticos derechistas condenados a la muerte política con lo cual se le habilitaría para que pudieran participar en las cruciales elecciones del 2022. Uribe pretende revivir a los condenados por la llamada parapolítica. Por otra parte, ya la Corte Constitucional ha negado esta especie de borrón y cuenta nueva. El objetivo que oculta el expresidente de marras es que lo que desea es atraer a los parapolíticos a sus toldas para que contribuyan a financiar la campaña electoral del Centro Democrático.
Debemos llamar la atención sobre el hecho que a quienes se quiere beneficiar es a una bandada de palomas corruptas que han sido sentenciadas por delitos como la conexidad con los grupos paramilitares, el despojo a sangre y fuego de las tierras a las poblaciones rurales, asesinatos selectivos y sistemáticos.
Con la ley de Justicia y Paz, extraditaron a muchos paramilitares para impedir que contaran la verdad, especialmente sobre el papel del Estado y sus gobernantes y su complicidad con el paramilitarismo. En esta forma se impidió que las víctimas tuvieran la oportunidad de conocer que pasó con sus familiares, amigos, vecinos. Además, así se ocultó a quienes dieron las órdenes.
Ahora con esta propuesta, se busca desconocer nuevamente a las víctimas. Las coloca nuevamente en condiciones de vulnerabilidad, ya que no genera garantias reales de seguridad, y pierden los pocos derechos adquiridos. Acabaría con los logros que se han obtenido sobre la verdad y el sometimiento de agentes del Estado en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que viene investigando la JEP y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
Es claro que la verdad no favorece al gobierno de Uribe, más bien lo incrimina seriamente por ello busca eludir su responsabilidad política y crear una mampara que lo oculte, lo mantenga alejado de la posibilidad de ser juzgado y encarcelado. Sin embargo, para la historia y en la conciencia pública ya ha sido juzgado y condenado, incluso ya un periodista lo considera un matarife.
Frente a la creación de un escenario especial para los militares en la JEP, que busca que no sean esclarecidos episodios del conflicto que comprometen seriamente a los agentes del Estados especialmente militares de la alta oficialidad, incluidos generales, el aparato de inteligencia. En el fondo se busca proteger la imagen de las Fuerzas Armadas.
Los sectores democráticos y la izquierda debemos trabajar para que los diálogos con el ELN se conviertan en un imperativo ineludible. Impulsar un indulto humanitario o una amnistía que favorezca a todas y todos los presos políticos, a los privados de la libertad que padecen graves enfermedades.
Frente al terror a la verdad del conflicto social armado que tiene Álvaro Uribe y sus secuaces todos los sectores progresistas debemos apoyar la Comisión de la Verdad y la JEP. Esa es la tarea del momento.
