La semana pasada, este municipio turístico fue noticia nacional, pues el Tribunal Administrativo del Quindío tumbó el acuerdo que permitía la defensa del patrimonio ecológico y cultural, basando su decisión en las limitaciones que tiene la comunidad para decidir sobre su territorio. Entonces, se permitirá la explotación minera en la zona
Renata Cabrales
@RENATARELATA
El departamento del Quindío, encantador por su verde paisaje y por la riqueza de su suelo y su biodiversidad, está en este momento en manos de grandes empresas mineras, porque un fallo del Tribunal Administrativo consentirá la explotación extractiva en la región, con el fin de favorecer los bolsillos de grandes empresarios aliados al Gobierno de turno.
En el mes de febrero del año en curso, los concejales de Salento pretendieron proteger el departamento de la devastadora megaminería, fue así como emitieron el acuerdo 001 por medio del cual dictaron medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento.
El documento buscaba salvaguardar a Salento de proyectos mineros de metales y piedras preciosas, con el fin de proteger el patrimonio ecológico y cultural de la región. Asimismo, se buscaba frenar con dicho acuerdo, toda forma de minería artesanal que utilice mercurio o agentes químicos nocivos para la salud y el ecosistema en general. Con el fallo del Tribunal se le concede a las empresas mineras explotar los recursos naturales en el Quindío, a partir de la minería, pero los habitantes de Salento prometen seguir luchando por la defensa del territorio.
Néstor Ocampo miembro fundador de la Fundación Ecológica Cosmos de Calarcá, la cual dirige en la actualidad, y de la Corporación Diálogo Democrático de Armenia, en entrevista con VOZ, habla acerca del actual fallo del Tribunal que permitirá la explotación minera en la región de Salento.
El fallo del Tribunal
Según el Tribunal, “El criterio jurisprudencial vigente adoptado por la Corte Constitucional, es contundente en determinar que las entidades territoriales no tienen competencia absoluta para los fines que prevé el acuerdo cuestionado, pues ello debe ser decidido entre estos y la nación, atendiendo los principios de coordinación y concurrencia entre tales entidades”.
–Debido a lo anterior, estas tierras quedan expuestas ¿a qué tipo de proyectos basados en la megaminería?
–El fallo del Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, y de la actitud asumida por la Gobernación del Quindío, dejan al departamento en una condición de mucha vulnerabilidad ante la amenaza que significa el modelo económico extractivista que nos están imponiendo. Particularmente, en lo relacionado con los grandes proyectos de minería agenciados por multinacionales mineras y respaldados por el Gobierno nacional. Minería de oro, plata, platino, molibdeno, zinc, cobre, ferroníquel, esmeraldas, sabemos que nuestras montañas son ricas en esos metales y que hay solicitudes de contratos de concesión minera para buscar esmeraldas. Conocemos zonas mineras y hemos visto lo que las caracteriza: violencia, pobreza, degradación ambiental y social y destrucción de la naturaleza. No queremos que eso suceda en nuestro territorio, nadie lo desea.
Marcha Carnaval Quindío
–¿Se han desconocido las acciones de la ciudadanía?
–Ese fallo del TAQ y la actitud del gobierno departamental desconocen y dan la espalda al esfuerzo de la ciudadanía, que desde hace algo más de 10 años se ha movilizado recurriendo a todo tipo de acciones para enfrentar esa amenaza. Expresión de esa movilización ciudadana es la Marcha Carnaval Quindío que el pasado viernes llegó a su cuarta versión consolidándose como la más grande movilización ciudadana en la historia del departamento. Se trata de una movilización departamental, somos el primer departamento que sale a las calles a manifestarse en defensa del agua, la vida y el territorio, consciente de la amenaza que significa para nosotros ese modelo económico extractivista que nos imponen. Nuestros gobernantes traicionan a la ciudadanía y se ponen del lado de las multinacionales mineras.
Las consecuencias de las prácticas mineras
–En caso de minería artesanal que utilice mercurio y otros metales o agentes químicos, ¿cuáles serían las consecuencias en la salud de la población y en qué grado sería nocivo para los ecosistemas naturales?
–No se trata solo de la minería artesanal ni solo del mercurio, la gran minería, al extraer materiales del subsuelo y exponerlos al agua, el aire, el sol, y a la acción de algunas formas de vida, libera óxidos de metales pesados (contenidos en esos materiales del subsuelo), entre ellos el mercurio, que son lesivos para la vida, en todas sus manifestaciones.
Los efectos del mercurio en la salud humana son variados y dependen de muchos factores, entre estos, del tipo de contacto que se tenga con el metal. Una cosa es inhalar sus vapores, otra el contacto directo con el metal en estado natural y otra cuando se ingiere como metilmercurio después de que el metal haya sido “procesado” por bacterias o en su relación con otros elementos.
Lo que se sabe es que afecta de manera evidente el sistema nervioso, la formación de tejidos fetales; que es cancerígeno y daña los pulmones, el aparato digestivo y los riñones. Efectos similares tiene sobre otros seres vivos. Además, se acumula en tejidos de nuestro organismo y en el organismo de los seres vivos, expuestos, que utilizamos como alimento. O sea que se acumula en diversos niveles de la cadena trófica y finalmente, llega a nuestro organismo. En esto último se resume el llamado impacto ambiental. Daña y envenena los ecosistemas y al conjunto de factores que hacen posible nuestra vida, o sea, nuestro ambiente.
La autonomía de las comunidades
–El Tribunal Administrativo del Quindío tumbó el acuerdo municipal, basando su decisión en la limitación que tiene el municipio para decidir sobre su territorio. ¿Según la Constitución, qué tan limitadas pueden ser las decisiones de una comunidad sobre su territorio, teniendo en cuenta las graves consecuencias que padecen en el caso de la práctica de la megaminería?
–El Concejo de Salento sustentó el acuerdo 01 del 27 de febrero en la potestad que tienen los municipios para tomar medidas con el fin de preservar su patrimonio ecológico y cultural cuando considere que determinadas obras o actividades atenten contra ese patrimonio. El Concejo no se refiere a tener potestad sobre el subsuelo sino a la manera como ordena su territorio y su suelo.
Pero la oficina jurídica de la gobernación y luego el TAQ se refieren es a la potestad sobre el subsuelo considerando que no la tienen los municipios. Hay una equivocación ahí por parte de la gobernación y del TAQ. Se equivocan también en considerar que lo relacionado con la potestad sobre el subsuelo (en cuanto a si los municipios pueden tomar decisiones sobre el mismo) es un asunto ya resuelto por un concepto de la Corte Constitucional. Pero no es así, la potestad sobre el subsuelo sigue siendo objeto de discusión en las altas cortes que han emitido conceptos en un sentido y en otro.
–Entonces, ¿los municipios sí pueden tomar decisiones?
–También es objeto de discusiones políticas y económicas en la opinión pública. Así que también hay argumentos para sostener que los municipios bien pueden tomar decisiones sobre el subsuelo y la minería. Ahora, yendo a la pregunta, en la Constitución hay muchos artículos, definiciones y demás que apuntan a que los municipios pueden decidir sobre el territorio en su jurisdicción, pero el problema es cómo se interpreta esto, quienes la interpretan (la Constitución), y en función de qué intereses lo hacen.
Lo que nos ha sucedido es que el Estado ha sido cooptado por los grandes conglomerados económicos nacionales e internacionales (la diferencia no importa porque el capital no tiene patria) y lo ha reducido a la simple función de legitimador de esos intereses y de aparato para el control de la ciudadanía cuyos derechos son pisoteados.
