Los 109 millones de dólares que pretende el mandatario salvadoreño, estarían destinados a financiar lo que llamó una estrategia de seguridad interna para combatir las pandillas y disminuir la criminalidad
Ricardo Arenales
Un remezón político causó el pasado 10 de febrero el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al militarizar el recinto de la Asamblea Legislativa (parlamento) y presentar un ultimátum a la corporación para que, en un término perentorio, le autorice un préstamo por 109 millones de dólares para reforzar un controvertido programa de ‘seguridad nacional’, que en el fondo se dirige a nutrir una escalada de militarización del país.
El ultimátum presidencial estuvo acompañado de la convocatoria a una ‘insurrección’, que en la práctica desconozca al órgano legislativo, lo que provocó de inmediato el rechazo de numerosos sectores políticos del país que calificaron la intentona como un conato de golpe de Estado y una violación al principio constitucional de separación de poderes.
Desactivar la crisis
El partido derechista Alianza Republicana Nacionalista, Arena, anunció que no votará la petición del gobierno, y pidió a la Organización de Estados Americanos, OEA, que active los mecanismos de la Carta Democrática para evitar el rompimiento del orden constitucional en el país centroamericano. En el otro extremo de la política, el izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, formación donde en el pasado militó Bukele, exigió al mandatario frenar las amenazas contra el poder legislativo, ‘propias de una dictadura’.
También la Unión Europea expresó su preocupación por el enfrentamiento de poderes, en tanto la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social pidió el retiro de las Fuerzas Armadas del recinto parlamentario para desactivar la crisis. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, el mismo lunes ordenó a Bukele abstenerse de usar a las Fuerzas Militares para fines que no son establecidos por la Constitución.
La Sala de lo Constitucional de la Corte admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por dos ciudadanos, ante la irrupción de Bukele en la Asamblea Legislativa. Como medida cautelar se ordenó al presidente “abstenerse de hacer uso de las Fuerzas Armadas en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos”.
La Asamblea Nacional había dicho, en la sesión anterior al ultimátum presidencial, que los procesos de discusión de préstamos no constituyen una emergencia nacional para convocatorias extraordinarias, y que la actitud del presidente “transgrede la independencia de los órganos del Estado”. La oposición entre tanto calificó de autogolpe la actitud del ejecutivo.
Estados Unidos se pronuncia
Los 109 millones de dólares que pretende el mandatario salvadoreño estarían destinados a financiar lo que llamó una estrategia de seguridad interna para combatir las pandillas y disminuir la criminalidad. De acuerdo a la estrategia, con estos recursos se comprarían más patrullas, helicópteros, cámaras de seguridad con visión nocturna, drones, equipos de video para vigilancia y hasta un buque militar. La cifra se adiciona a 64.2 millones de dólares aprobados con anterioridad para el mismo fin.
El plan de seguridad, en siete fases, tiene un costo total de 575.2 millones de dólares, algo así como el 2 por ciento del PIB. Sectores de oposición indicaron que hay poca transparencia sobre los fines reales de tal inversión y el destino de estos recursos y llama la atención la prontitud con que la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado salieron a defender las pretensiones de Bukele.
