Comunidades indígenas, sin garantías de derechos por parte del Gobierno nacional
Carolina Tejada
@carolltejada
Durante los primeros ocho días de la Minga Nacional Indígena “Por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Paz y el Cumplimiento de los Acuerdos” el Gobierno nacional, por medio del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, quiso dilatar violentamente la movilización pacífica que exigía derechos para las comunidades.
El reporte que hacen las organizaciones de derechos humanos, quienes acompañaron la movilización en las 22 zonas del país en donde se presentaron las manifestaciones, es que cerca de 100 mil indígenas hicieron presencia en las carreteras del país, como respuesta a la sistemática vulneración de los derechos individuales y colectivos e incumplimientos de los acuerdos suscritos por parte del Gobierno con los indígenas.
Por medio de un comunicado, los pueblos indígenas también hicieron pública su valoración sobre las diferentes jornadas en las que, no solo fueron atacados por la fuerza pública, sino que, además resultaron víctimas de señalamientos e información tergiversada desde los grandes medios de comunicación. En ese comunicado de la comisión de derechos humanos de los pueblos indígenas, señalan que, “no ha sido excepcional en lo concerniente al brutal y desmedido accionar de la Fuerza Pública, desinformación mediática y carencia de voluntad política para solventar los requerimientos estructurales planteados en ella. Así las cosas, se cuenta un total de 41 mingueros heridos por el Esmad, Ejército y Policía Nacional, agresiones, judicializaciones ilegales, persecución y estigmatización” también se reportan siete personas judicializadas.
Un balance pintado de violencia
El informe de dicha comisión, alerta sobre las principales regiones en donde la fuerza pública violentó a las comunidades. En ese informe se destaca el departamento del Cauca, en donde se presentaron, “ataques injustificados por parte del Esmad, Ejército y Policía Nacional en contra de las comunidades indígenas ubicadas en la zona occidente del departamento, en los límites entre los municipios de Morales y Suárez, sector de El Hato; esto a pesar de la distancia en la que se encontraban los mingueros en la vía. Con ocasión de la arremetida desmesurada de la Fuerza Pública, resultan tres comuneros heridos, entre ellos un joven de 14 años de edad con tiro de fusil, disparos indiscriminados en contra de la humanidad de los compañeros indígenas, captura ilegal de un comunero, daños a motocicletas, campings y víveres. Así mismo se denuncia la afectación de mujeres y niños, ubicados en la parte baja de la zona atacada, poniéndolos en grave riesgo”.
Sumado a las agresiones, los consejeros regionales denuncian amenazas directas en contra del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Dichas amenazas provienen del autodenominado “Líder Civil contra el CRIC”, Andrés Felipe Pérez Otoya; quien les da un plazo “hasta el martes 7 de noviembre a las 9 a.m. para que la movilización indígena levante los bloqueos en la vía. De lo contrario el mismo martes 7 de noviembre a las 11 de la mañana procederemos a saquear, destruir y reducir a cenizas las instalaciones y vehículos del CRIC ubicados en la calle primera entre carreras cuarta y quinta de la ciudad de Popayán (…) somos más de 135 payaneses dispuestos a utilizar también la fuerza”, señalan los consejeros sobre la amenaza.
En los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda entre otros, igualmente se presentaron atropellos por parte de la Fuerza Pública, además de amenazas e intimidaciones por parte de hombres armados.
Las comunidades exigen del Gobierno garantías para la movilización social, el cumplimiento de los acuerdos y el respeto por la vida e integridad física de los manifestantes.
