Los perdedores por el cierre vial son los pueblos de la ruta, la economía de sus habitantes y quienes deben transitar hacia el oriente colombiano. Gana el concesionario, pues el Estado no tiene cómo exigirle mantenimiento a la vía o la estabilización de sus tramos, cuando sea necesario, por alguna situación técnica o por desgaste natural
Redacción política
El cierre indefinido y total de la vía al Llano ya cumple más de una semana, y las consecuencias son lamentables. Señalar que el cierre no es inadvertido, se ha venido cerrando por tramos, por horario o por días para adecuaciones, remoción de tierra, fallas técnicas y el clima, entre otras razones que se le adjudican a la intermitencia.
Pero con la caída del puente que conectaba los túneles 13 y 14, más los recientes derrumbes de esta importante vía que conecta la capital de la República con la principal ciudad de los Llanos Orientales, se ordenó el cierre de la carretera sin fecha de apertura. Por su parte, el Ministerio de Transporte habilitó la vía alterna al llano por la transversal del Sisga, donde podrán circular camiones y busetas de hasta 17 toneladas.
El dueño de las concesiones
El concesionario de la vía es Coviandes, del poderoso Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de las concesiones más caras del país, quien se ha eximido de responsabilidades frente a los cierres. La concesión al poderoso cacao económico fue otorgada en 1994 por ocho años. Sin embargo, Coviandes se ha puesto en la tarea de gestionar por cualquier ruta jurídica extensiones a la concesión hasta el día de hoy, con los resultados a la vista.
La vía hace parte de la primera generación de carreteras. Entre las características de los contratos, bajo el marco generacional, se otorgó la concesión sin adjudicaciones públicas, sin estudios de ingeniería básica ni de detalle, como tampoco se advirtió de los estudios geológicos para avalar o no la construcción de infraestructura vial allí.
De hecho, en una de las modificaciones contractuales en favor de Sarmiento Angulo se le adicionaron 1.8 billones de pesos, un 50% más del costo total contractual inicial de la vía adjudicado para el total del proyecto, por valor de 3 billones de pesos. Una adición que excede el límite de las cuantías a contratar según la ley 80. Pareciera que Sarmiento Angulo está por encima de la legalidad.
El pueblo pierde
Los perdedores por el cierre vial son los pueblos de la ruta, la economía de sus habitantes y quienes deben ir o venir al oriente de Colombia. Sin embargo, gana el concesionario, pues el Estado no tiene cómo exigirle mantenimiento a la vía o la estabilización de sus tramos, cuando sea necesario, por alguna situación técnica o por desgaste natural.
Como si fuera poco, cuando el Estado decide reclamarle al señor Sarmiento Ángulo, la autoridad competente para dirimir el conflicto es un tribunal de arbitramento, que se expresa mediante laudo arbitral llevado a cabo por la Cámara de Comercio de Bogotá, socio del señor Sarmiento Angulo. Obvio, un desequilibrio judicial contra el Estado. Se puede entender por qué es tan rico Sarmiento, si es que en los negocios viales gana hasta con la carretera cerrada.
